Preguntada sobre los desarrollos urbanísticos, la demanda de agua para segunda residencia y la obligación del Gobierno de facilitar ese agua, Cristina Narbona afirmó que "hay opiniones más dotadas que la mía sobre la obligación, dicha entre comillas".
Narbona subrayó que el ministerio de Medio Ambiente "va a trabajar siempre para garantizar el suministro de agua potable en un contexto razonable de desarrollos urbanísticos", y advirtió que dichos proyectos "no solo tienen el límite del agua, sino otros fundamentales como las infraestructuras, equipamientos públicos, o la ocupación de suelo, que en algunos casos que proviene de suelos protegidos".
Por ello, insistió en que "hay que intentar que el desarrollo urbanístico sea sensato, y no voy a decir sostenible, porque parece que todo el mundo lo utiliza para bien y para mal". La ministra señaló que, precisamente, la ley del Plan Hidrológico Nacional se modificó para que, "como mínimo, cada transformación del suelo tenga previamente un análisis de la disponibilidad de agua, que hasta ahora no existía".
En este sentido, aclaró que el informe del ministerio no es vinculante, aunque recordó que "hay comunidades donde la propia legislación urbanística exige que haya un informe favorable" y aludió a la Comunidad valenciana.
Para Narbona, ésta es una forma de aportar "una cierta racionalidad en la toma de decisiones y, por su puesto, para que los consumidores sepan si una decisión se ha llevado a cabo pese a un informe desfavorable porque no había agua disponible de forma razonable en el medio plazo".
Asimismo, indicó que este año se inicia la revisión de todos los planes de cuenca del país, de acuerdo con la directiva marco del Agua de la UE, una normativa que "establece una forma de hacer la política del agua bastante diferente del pasado", añadió Narbona, quien explicó que esto "significará introducir mayores dosis todavía de racionalidad y sosteniblididad".
Cristina Narbona llamó la atención sobre el hecho de que antes se dijera que "llenar la costa de desaladoras era terrible desde el punto de vista ambiental" y, sin embargo, "no sé si algo ha cambiado, pero lo que era terrible hace algunos meses, parece que ya no". "Ahora se entiende que para que se colmate de cemento el litoral murciano es comprensible que también se colmate de desaladoras", agregó.
Respecto a las edificaciones que se van a demoler en Mazarrón por ocupar el dominio público, Narbona subrayó que "se está trabajando con el Ayuntamiento, para sustituir situaciones ilegales por nuevos asentamientos en el marco del planeamiento urbanístico, y se está trabajando de una forma satisfactoria".
"No se trata de dejar a nadie en la calle, sino de reajustar una situación, que es bastante frecuente en el litoral, de ocupación no adecuada, e incluso ilegal, del dominio público", precisó.
Finalmente, Narbona comentó que "estamos intentando cambiar en profundidad la política de Costas, para que no sucedan cosas como las que ahora están en el Defensor del Pueblo", y señaló que "todo el esfuerzo que pueda hacer el ministerio en la primera linea de mar puede verse anulado si, 50 metros más atrás, los que tienen la responsabilidad del Urbanismo se empeñan en destrozar ecosistemas valiosísimos".
