En rueda de prensa, representantes de la asociación ecologista afirmaron que "no hay un nuevo plan general que no tenga campo de golf", lo que consideraron "un disparate desde el punto de vista de la sostenibilidad". Además, añadieron que el urbanismo "cada vez se hace más a la carta, en función de las demandas de los promotores que vienen de fuera".
Uno de los casos que pusieron como ejemplo fue el del municipio de Jimena de la Frontera, en el que aseguraron que "se habla" de realizar entre diez y 15 campos de golf con 24 proyectos urbanísticos, lo que calificaron de "bochornoso".
Los asociacionistas aseguraron que actualmente existen 20 campos de golf en la provincia y que hay proyectados o planteados entre 65 y 70 nuevas instalaciones. Además, indicaron que de los 20 existentes, "sólo" tres riegan con agua depurada y 15 lo hacen con agua subterránea o superficial.
En este sentido, manifestaron que con los campos existentes el consumo aproximado necesario es de entre siete y once hectómetros cúbicos de agua, que significa el agua que abastece a Arcos, Tarifa y Barbate. Asimismo, señalaron que el consumo previsto para los campos planteados sería "el doble" que el necesario para abastecer a la ciudad de Cádiz.
Por todo ello, afirmaron que el riego con aguas depuradas "es una utopía", ya que "seis municipios no cuentan con depuradora, en cinco las instalaciones no funcionan y en otros seis lo hacen de forma irregular o deficitaria", por lo que "sólo hay cuatro plantas capaces de suministrar agua para el riego de campos de golf".
Así, Ecologistas en Acción pidió, como conclusión de su informe, una "fuerte" intervención de la Administración, para que paralice los PGOU sobredimensionados. Asimismo, solicita otorgar carácter vinculante a los informes sobre la disponibilidad de recursos hídricos para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Además, los asociacionistas solicitaron que se prohíba absolutamente la construcción de campos de golf sobre acuíferos, así como que exista un registro público de los campos existentes en el que se registre la superficie, el consumo de agua, el origen o los fitosanitarios empleados.
