Galicia debe construir 23 depuradoras más para cumplir las normas de la UE

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Una depuradora en Mugardos, valorada en 16,5 millones de euros. Otra en Aguiño, de 11 millones; otra más en O Grove, de casi 5 millones... Y así hasta un total de 23 proyectos. Éste es el número de depuradoras de aguas residuales que debe construir Galicia de inmediato para cumplir con la normativa de la Unión Europea (UE) y evitar sanciones como los 20 millones de euros que deberá pagar por los vertidos en la ría de Vigo.

El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, propuso ayer en el Parlamento de Galicia abrir una mesa de diálogo integrada por los tres grupos parlamentarios y los ayuntamientos, a través de la Fegamp para llegar a un acuerdo sobre la gestión del ciclo integral del agua para evitar la "quiebra técnica"a la que conduce el actual modelo de gestión del agua, por ser una "espiral económica que no tiene salida".

Cerca de un 40% de los ciudadanos gallegos, según Vázquez, vierten sus aguas fecales directamente a los ríos y rías de Galicia y la Unión Europea ya ha emitido la primera multa a la comunidad-de 20 millones de euros- por la situación medioambiental de la Ría de Vigo.

La normativa europea obliga a tener sistemas de depuración en las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes, bajo la amenaza de sanciones millonarias.En la actualidad, 19 ayuntamientos gallegos ejecutan obras para cumplir esta normativa europea, mientras que otros 23 están pendientes de buscar una solución.

Vázquez propuso la creación de un organismo para gestionar las aguas que haga efectiva la planificación, construcción y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales, así como su financiación.Vázquez indicó que los ayuntamientos deben participar en este proyecto cofinanciando las infraestructuras y explotación del saneamiento y depuración.

De esta forma, indicó que se acabaría con los privilegios o discriminaciones a los vecinos de unas localidades sobre otras. En este sentido, señaló que hay núcleos de población en los que la Administración autonómica subvenciona el 100% de los costes de depuración de aguas y otros, en cambio, donde los ciudadanos pagan íntegramente este concepto.

Los tres grupos parlamentarios acogieron de forma positiva la propuesta del conselleiro, aunque el diputado del Partido Popular Jaime Castiñeira responsabilizó al Ministerio de Medio Ambiente de ser el organismo que incumple la directiva europea de aguas residuales. Castiñeira señaló que el Ministerio de Medio Ambiente, como departamento responsable de financiar la mayor parte de las estaciones depuradoras de las principales ciudades, ha originado que el 21,77% de la población urbana de Galicia carezca de un sistema de depuración adecuado.

Además, indicó el diputado popular que las estaciones depuradoras de aguas residuales de las grandes ciudades son consideradas obras de interés general y, como tales, deben de ser financiadas por la Administración central en un porcentaje elevado.

Mas en La Voz de Galicia y La Opinión.

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