Editorial de El País

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Las reformas de los estatutos autonómicos que se han puesto en marcha no podían ser ajenas a la alarma que ha producido en los últimos años la sequía general en España y la consiguiente pugna por bien tan escaso como el agua. Los partidos han aprovechado la ocasión para intentar incorporar en esos marcos jurídicos las competencias sobre el control de los recursos hídricos que discurren por sus territorios, teniendo en cuenta que ya ejercen competencias sobre su control sanitario y la mayoría de sus usos como los regadíos, la pesca fluvial o la energía hidroeléctrica.

El fenómeno saca a la luz en todas sus vertientes las tensiones y demandas sociales lógicas sobre un recurso fundamental para el desarrollo económico y humano. Es lógico, por tanto, que las comunidades autónomas reclamen su gestión. Pero no lo es cuando intentan condicionar de forma irrevocable los usos de terceros. No lo era que Cataluña exigiera el control del caudal del Ebro en el delta, porque mediatizaba los usos de este río desde su nacimiento y su travesía por nada menos que otras seis comunidades autónomas con tanto derecho sobre su caudal como la última en ser regada por el mismo. Por eso se ajustó el proyecto de Estatuto catalán a la Constitución en su trámite por el Congreso de los Diputados, sustituyendo la exigencia de un informe "determinante" por "preceptivo" de la Generalitat catalana para cualquier trasvase de las aguas excedentarias del río.

En el trámite del Estatuto valenciano, que incorporaba en su redacción original "el derecho a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias", una enmienda de populares y socialistas en el Congreso añadió al articulado la coletilla "de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", con lo que se garantiza la competencia del Gobierno central en la regulación de las cuencas hidrográficas intercomunitarias y la planificación general básica. Andalucía reclama el derecho "irrenunciable" a la gestión exclusiva del Guadalquivir, sin tener en cuenta que afecta a Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Castilla y León exige la del Duero que sigue curso en Portugal. Castilla-La Mancha exige que el control del Tajo y el Júcar se ejerzan desde Toledo y pretende anular el trasvase Tajo-Segura. Aragón, Extremadura y Murcia anuncian recursos ante el Constitucional.

El derecho de las autonomías a la gestión del agua y ante todo su pretendido blindaje tienen en la Constitución un dique infranqueable. Corresponde al Gobierno central arbitrar mecanismos consensuados para reformar la Ley de Aguas. No debiera concluir la legislatura sin responder a los desafíos del agua en la España del siglo XXI.

En Galicia tambien tenemos el debate sobre la mesa

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