El Gobierno ha decidido hacer un importante lavado de cara a las 300 presas y embalses titularidad del Estado apoyándose en la iniciativa privada. Para conseguirlo, el Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un plan que contempla la licitación de una treintena de concursos públicos que ha despertado el interés de los grandes grupos constructores y de las principales compañías especializadas en el sector de la conservación de grandes infraestructuras.
La inversión prevista por el Gobierno podría acercarse a los cien millones de euros.
Se trata de una iniciativa novedosa, ya que, hasta ahora, este tipo de actividad estaba encomendada a los profesionales y funcionarios enmarcados en las plantillas de las distintas cuencas hidrográficas.
Según el sector, el Ministerio ha optado por la misma fórmula elegida por el departamento de Fomento hace diez años para la conservación y mantenimiento de la red estatal de carreteras.
El proyecto se enmarca dentro del proceso de desarrollo de la Ley de Aguas en el que, entre otros objetivos, se pretende aumentar los indicadores de seguridad de estas infraestructuras.
Medio Ambiente ha agrupado los contratos en lotes de cuatro o cinco presas. Actualmente, ya están presentados unos 19 concursos y se espera que, antes del verano salgan otros doce, de los que cinco corresponden a la Confederación Hidrográfica del Duero.
En principio, la duración de los contratos será de dos años, ampliables a otros dos. En el pliego de condiciones de los concursos, la Administración recomienda la presencia en la Unión Temporal de Empresas (UTE) de una compañía de conservación, de una empresa local especializada en mecanismo de presas y de una empresa de ingeniería.
El plan, encomendado a la Dirección General del Agua, supone un paso más en el proceso iniciado por el Gobierno de trasladar a la iniciativa privada las actividades vinculadas a la conservación y el mantenimiento de las grandes infraestructuras de transporte y también hidráulicas.
Vía Hispagua
