El Gobierno ha definido el plan económico-financiero que regirá la licitación de las plantas desaladoras que están en fase de construcción o estudio a lo largo de todo el litoral mediterráneo. La estrategia ha quedado definida en las tres últimas licitaciones: las desaladoras de Aguilas/Guadalentin (Murcia), Torrevieja (Alicante) y Bajo Almanzora (Almería), cuyo presupuesto de obra oscila entre los 600 millones y los casi 900 millones de euros en función de la solución definitiva que se adopte. Además, la Administración pagará un canon fijo y variable mensual a la empresa encargada de explotar y mantener cada instalación.
La financiación de las tres plantas corre a cargo íntegramente de Acuamed, la sociedad pública dependiente de Medio Ambiente. Los recursos procederán del propio presupuesto de la empresa y de las ayudas aprobadas por la Unión Europea a través de los fondos Feder. El sector privado, a diferencia de otro tipo de infraestructuras como las autopistas de peaje, no participará en la financiación, pero sí tendrá un papel relevante en el funcionamiento de las plantas.
Otra parte de los recursos de Acuamed para sufragar estos gastos serán los ingresos que obtenga de los usuarios finales del agua desalada, principalmente regantes y núcleos urbanos. El precio que se baraja ronda los 30 céntimos de euros, una tarifa todavía no consensuada con los agricultores de las zonas afectadas por el plan.
Además de la construcción, las empresas adjudicatarias tienen el encargo de la explotación y el mantenimiento de cada instalación durante un plazo de 15 años. Acuamed se ha comprometido a pagar al operador un canon fijo, determinado por el buen estado y funcionamiento de cada planta, y uno variable por agua producida, que asciende a 4,5 céntimos de euro por metro cúbico. En las tres últimas licitaciones, el canon fijo oscila entre los 100.000 euros y los 160.000 euros al mes, en función del tamaño de cada instalación.
Las empresas que concursen no podrán competir en esta parte del pliego de condiciones. La razón es que la Administración quiere garantizar el suministro del agua. Si permitiese realizar bajas en la tarifa que cobra el operador, podrían surgir riesgos en el caso de que la empresa adjudicataria hubiese calculado mal el índice de rentabilidad por la explotación y el mantenimiento de la desaladora.
Acuamed también asumirá la partida energética, la más elevada de una infraestructura de estas características, ya que representa del orden de dos tercios de los costes fijos.
Vía Ambientum
