Narbona reclama competencias para paralizar promociones inmobiliarias

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Según informa hoy L. Ramírez en el diario Expansión, Medio Ambiente quiere que los informes que emiten las Confederaciones Hidrográficas cuando los ayuntamientos presentan sus planeamientos urbanísticos sean vinculantes, en lugar de tener carácter prescriptivo, como en la actualidad.

Ésta es la pretensión de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona: exigir a todas las urbanizaciones que tengan el visto bueno de su departamento en lo referente al abastecimiento del agua, para poder comenzar los trabajos de edificación, según fuentes consultadas por el mencionado periódico.

Este es el texto del artículo:

Esto puede provocar la práctica paralización de las promociones inmobiliarias, con la notable repercusión negativa que esta medida puede tener en el patrón de crecimiento económico español.

Narbona intenta que la reforma de la Ley del Suelo que ultima el Ministerio de Vivienda recoja el carácter vinculante de los citados informes hídricos, pero el modelo productivo español, basado en la construcción y la demanda interna, desaconsejan dar este paso.

La Ley de Aguas establece que las confederaciones deben emitir un informe previo sobre los planes urbanísticos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos vayan a aprobar, “siempre que afecten al régimen de aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico”.

El texto también indica que cuando los planes regionales o locales comporten nuevas demandas de agua, la confederación correspondiente será la encargada de pronunciarse sobre la existencia, o no, de recursos suficientes para satisfacer la demanda.
Desde el departamento ministerial que dirige María Antonia Trujillo se teme que este hipotético aumento de poder de los citados organismos hidrológicos se traduzca en una paralización de la mayoría de los procesos urbanísticos.

De hecho, las cifras de la Confederación del Tajo así lo avalan: de los 34 expedientes de desarrollos urbanísticos estudiados en los últimos seis meses, un total de 16 no han recibido el visto bueno, al no especificar de forma clara la procedencia de los recursos hídricos.
Desde el sector privado, los promotores y constructores no ven con buenos ojos el aumento de poder de los gestores hidrológicos, al considerar que la burocracia que conlleva el trabajo en este tipo de organizaciones perjudicaría a las empresas y a los propios ayuntamientos, que verían cómo se alargan aún más los plazos necesarios para construir inmuebles, uno de los problemas que pretende subsanar el nuevo anteproyecto de la Ley del Suelo.

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