La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sella cada día una decena de denuncias referidas a la apertura o el uso de pozos sin permiso. La voz de alarma la suelen dar los propios vecinos, linderos de terrenos que usan aguas subterráneas para regar un olivar que, de no ser por este apoyo y debido a la escasez de lluvias, vería mermada su cosecha. También los controles de la Guardia Civil, a través del Seprona, y las continuas revisiones de los guardas fluviales de la Confederación derivan en denuncias.
Sin embargo, a lo largo del pasado año, la Confederación apenas ha cerrado una veintena de pozos ilegales. Se debe principalmente a los largos trámites burocráticos que debe pasar la denuncia antes de decretarse el cierre definitivo y al compromiso manifestado a principios de año por parte de la Administración pública de legalizar el mayor número de pozos posible siempre que no causen perjuicios para el medio ambiente y se usen de forma moderada.
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