Programa por la Tierra. Las asociaciones ecologistas entran en campaña electoral

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Ante la próxima celebración de las Elecciones Generales de 9 de marzo, las cinco principales organizaciones ecologistas del estado Español, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena presentan el documento Un Programa por la Tierra, que propone acciones concretas a incluir en los programas electorales de todos los partidos políticos, y cuya aplicación supondría un trascendental cambio hacia la sostenibilidad.

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Las organizaciones ecologistas pretenden, con este documento, alimentar el debate ambiental a lo largo de toda la campaña previa a las elecciones así como dotar a los futuros gestores políticos de este país de un documento de referencia en la búsqueda de acciones ambientales eficaces en los próximos cuatro años.

El documento completo [pdf: 1,23 MB] contiene 12 grandes medidas y una de ellas es referida a la política del agua. Este es un extracto del Programa por al Tierra:

De las palabras a los hechos en la Nueva Cultura del Agua

Una tercera parte de los ríos se encuentra contaminada y casi el 85%, sobre todo en los tramos medios y bajos, podría incumplir los objetivos de la Directiva Marco Europea del Agua. La situación de acuíferos, lagos, humedales y estuarios es también muy preocupante.

Las causas están en el consumo desenfrenado del agua —sobre todo en la agricultura y la inadecuada gestión del agua que sigue basándose en embalses y trasvases—, en la injustificable proliferación de desaladoras y en la insuficiente inversión en materia de depuración de aguas residuales. España ha incumplido las Directivas de Saneamiento y de Nitratos y la Administración afronta con escasa capacidad la persecución de los más de 50.000 pozos ilegales, 10.000 vertidos industriales y urbanos, y la ocupación de las riberas y llanuras de inundación.

A pesar del cambio del discurso político hacia la Nueva Cultura del Agua, en la práctica, su aplicación es inadmisiblemente lenta y entorpecida por la falta de coordinación con otras políticas, en particular las políticas de regadío y de urbanismo, y caracterizada por la falta de transparencia de la Administración.

La elaboración de los nuevos Planes Hidrológicos requiere la revisión de todas las demandas de agua y su adecuación a límites sostenibles, fijados por el régimen de caudales ecológicos así como una clara apuesta por la gestión de la demanda, el control legal y la conservación de los ecosistemas acuáticos.


Compromisos propuestos

  • Impulsar con carácter de urgencia la aprobación de una nueva Ley de Aguas que garantice que los Planes de Cuenca reconozcan y recuperen los costes reales económicos y ambientales de los usos de agua.
  • Desarrollar y aplicar medidas de gestión de la demanda en cada cuenca hidrográfica, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre sus recursos renovables y las demandas, y reducir los consumos absolutos de cada una de ellas.
  • Recuperar todos los acuíferos sobreexplotados del país cerrando todas las extracciones ilegales y realizar un inventario exhaustivo de las concesiones existentes.
  • Deslindar y poner en marcha Planes de Restauración de todo el dominio público hidráulico antes de finalizar la legislatura.
  • Poner en marcha medidas eficaces para mejorar la calidad del agua en España: revisar y poner al día todas las instalaciones que no cumplan con sus autorizaciones de vertido correspondientes; asegurar que todos los municipios de más de 5.000 habitantes/equivalentes depuran correctamente sus aguas residuales; y que el 70% de las 800 aglomeraciones urbanas que aún no depuran sus aguas lo hagan.
  • Asegurar un régimen de caudales ecológicos científicamente avalado en cada tramo de río o humedal protegidos.
  • Promover la transparencia en la gestión del agua, asegurando que los registros públicos en internet de todos los organismos de cuenca incluyan los resultados de los programas de seguimiento, el grado de cumplimiento de las condiciones de los distintos permisos y concesiones; y, en casos de ilegalidad, el impacto en las aguas, los expedientes, infracciones y sanciones asociados.

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