Margarita Bustamante Sainz, elegida nueva secretaria de FERAGUA

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La Junta General de FERAGUA ha elegido hoy por mayoría absoluta a Margarita Bustamante Sainz (Sevilla, 1962) nueva presidenta de esta asociación de comunidades de regantes, mayoritaria en el regadío andaluz. Bustamante Sainz, casada y con tres hijos, es diplomada en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz, y accede a la presidencia de FERAGUA tras una dilatada experiencia en el movimiento asociativo del regadío y del mundo rural sevillano. Primero, como presidenta de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, cargo que ocupa desde 1996, cuando sucedió a Manuel Roca de Togores, y más tarde, como presidenta, entre 1998 y 2002, de la Asociación Sevillana de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar).

La nueva presidenta de FERAGUA es empresaria agrícola y miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Fue la primera mujer en nuestro país en dirigir los destinos de una comunidad de regantes y ahora es, de nuevo, la primera mujer que preside una Federación de Comunidades de Regantes. Durante su mandato, la Comunidad que preside ha iniciado un ambicioso proyecto de modernización, el más importante en cuantía del Plan Nacional de Regadíos, con un montante superior a los 109 millones de euros para una superficie regable de 19.000 Has en la provincia de Sevilla.

Margarita Bustamente sustituye en el cargo a José Fernández de Heredia, que ha ocupado la presidencia de esta asociación desde 1998, cuando sucedió a Manuel Roca de Togores. Bajo su presidencia, Feragua ha alcanzado una representación de más del 40 % de la superficie de regadío de la Cuenca del Guadalquivir y un 35 % de la superficie de regadío de toda Andalucía, siendo la Asociación de Regantes con mayor implantación en toda Andalucía, con 300.000 Has asociadas en todas las cuencas andaluzas. En este tiempo, Feragua ha logrado impulsar actuaciones de mejora de 250.000 Has que están modernizadas o en proceso de modernización, con una inversión público-privada superior a los 1.200 millones de euros.

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