El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha licitado una asistencia técnica que incrementará las inspecciones de vertido en la Cuenca del Ebro para comprobar el grado de cumplimiento de las autorizaciones. Esta acción, supondrá una inversión durante dos años de cerca de 900.000 euros que se integran en el Plan Tolerancia 0 de vertidos que desarrolla el Gobierno desde 2005.
En los últimos años se han producido reformas legislativas que mejoran la gestión de vertidos de aguas residuales. Esta situación ha obligado a revisar todas las autorizaciones de vertido introduciendo nuevas limitaciones sobre emisión de sustancias y también estableciendo los plazos de adaptación a las nuevas normas.
Esta labor normativa y administrativa no tendría sentido si las condiciones impuestas no se cumplen en la realidad, de ahí el valor de esta nueva acción del Ministerio en la Cuenca del Ebro que permitirá testar exhaustivamente el cumplimiento de las nuevas condiciones.
Para ello se realizarán inspecciones completas "in situ" de los vertidos, tanto de los vertidos no autorizados que hayan iniciado un proceso de regularización, como de los vertidos autorizados que se estén revisando en ese momento.
Con los datos obtenidos se redactarán informes que evalúen el cumplimiento de las autorizaciones y que certifiquen que se han realizado las obras necesarias para la reducción de las emisiones. En el caso de incumplimientos puntuales o continuados, estos documentos permitirán incoar expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Otras acciones
También desde el Organismo de Cuenca se ha anunciado la ampliación de los controles periódicos de vertido a través de una asistencia técnica que ha dado comienzo este año 2008. En concreto este proyecto plantea realizar más de 500 inspecciones al año en todo el territorio de la Cuenca del Ebro, lo que ampliará el control que realiza la Confederación.
Además, el Organismo está realizando una revisión de todas las autorizaciones de vertido para adecuarlos a la nueva reglamentación aprobada en 2003, que redunda en una intensificación del control y vigilancia de los mismos. Todo ello siguiendo las líneas maestras establecidas en la legislación europea, a través de la Directiva Marco del Agua, con el fin último de conseguir el buen estado de las masas de agua.
