La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, clausuró el pasado viernes en Huelva la ronda de presentaciones del Acuerdo Andaluz por el Agua, que ha sido debatido en las ocho provincias andaluzas con un alto grado de participación. En total, este documento ha sido debatido en las distintas mesas provinciales por cerca de un centenar de representantes de 10 sectores socioeconómicos, entre los que destacan instituciones académicas, ayuntamientos, sindicatos, grupos ecologistas, comunidades de regantes y asociaciones vecinales, agrícolas, ganaderas y consumidores, que han dado su visión propia sobre la gestión de este recurso y han planteado sus propuestas para el acuerdo.
Castillo ha destacado la participación e implicación de los colectivos, entidades y ciudadanos que han acudido a estas jornadas, que han sido finalmente más de un millar en los debates celebrados en las ocho provincias andaluzas. Durante el acto de clausura, la titular de Medio Ambiente avanzó los puntos clave del documento final del acuerdo, que será presentado en el Consejo Andaluz del Agua el próximo mes de diciembre para su aprobación antes de que acabe el año con el apoyo de los sectores sociales, económicos y territoriales implicados.
Castillo adelantó que este futuro acuerdo pretende que la nueva gestión del agua consiga garantizar el buen estado de este recurso y su disponibilidad para todos los usos y para las generaciones futuras. Además, el acuerdo impulsará la creación de un Banco Público del Agua, que se encargará de atender las demandas prioritarias, velar por el interés general y atender con urgencia las situaciones de sequía. Asimismo, impulsará la creación de un Observatorio Público del Agua, un órgano de participación que servirá para facilitar el acceso a la información sobre la gestión del agua a todos los sectores y colectivos implicados.
La consejera señaló que este acuerdo fijará los criterios fundamentales de la política de agua en los próximos años y servirá de base para afrontar nuevos retos como la elaboración de la nueva ley de aguas, la atención a demandas estratégicas para el desarrollo de Andalucía o las demandas futuras derivadas de nuevos usos o actividades como las energéticas o turísticas.
Entre las conclusiones sobresalen también la apuesta por la prestación de un servicio agua urbano eficaz, independientemente del lugar geográfico; la modernización de los regadíos y la implantación de un régimen económico y financiero justo, equitativo, que propicie unos servicios de calidad.
