El anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía ha salido a exposición pública para que las entidades, colectivos y ciudadanos interesados presenten las alegaciones que estimen oportunas al texto. Con este paso, la norma continúa adelante con su proceso de tramitación que culminará este año con su aprobación en el Parlamento de Andalucía.
Después de la publicación ayer del anteproyecto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se abre ahora un periodo de quince días hábiles para la presentación de alegaciones que contribuyan a mejorar el texto. Así lo anunció hoy el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, en el transcurso de la reunión del Consejo Andaluz del Medio Ambiente, órgano consultivo que reúne a todos los agentes económicos y sociales relacionados con el sector.
Por su parte, la Agencia Andaluza del Agua ya ha solicitado los informes preceptivos y facultativos procedentes a las consejerías competentes, así como al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, al Ministerio de Fomento, a las confederaciones hidrográficas y a la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía. A estos informes se añadirán las consideraciones aportadas por los miembros del Consejo Andaluz del Agua para elaborar un segundo borrador del anteproyecto de Ley.
Tras los informes de la Secretaria General Técnica y el gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se elaborará el borrador final del anteproyecto de Ley, que deberá contar con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía para su aprobación como Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento andaluz en los primeros días de junio.
De manera paralela, y con el fin de potenciar la implicación y la participación de la sociedad en el proceso de elaboración del texto definitivo, la Consejería de Medio Ambiente está celebrando numerosas reuniones bilaterales con los representantes de los usuarios del agua. Tras la buena acogida general que ha tenido el borrador del texto, se pretende entrar en detalle en aquellos artículos que generan algún tipo de discrepancias por parte de los diferentes intereses del sector.
De forma general, el texto de la Ley responde a los preceptos de la Directiva Marco de Agua e incorpora los contenidos del Acuerdo Andaluz por el Agua, que fue rubricado por las organizaciones y agentes sociales del Consejo Andaluz del Agua el pasado 3 de febrero. Así, el texto pretende construir un régimen jurídico del agua adecuado a las necesidades concretas de Andalucía, recogiendo las virtudes actuales del ordenamiento estatal y corrigiendo sus insuficiencias con el fin de adaptarlas a la realidad andaluza y sus necesidades de desarrollo.
Como figura pionera, la Ley andaluza recoge la creación del Observatorio Público del Agua como un órgano colegiado de participación social, para garantizar la transparencia y participación en la gestión del agua. Un organismo que fue apoyado por todos los miembros del Consejo y que estará integrado por las organizaciones que representan a los usos domésticos, de defensa del medio ambiente y de los distintos sectores económicos vinculados al uso del agua. Entre otras cuestiones, el Observatorio se encargará de elaborar las propuestas para el establecimiento de la estructura tarifaria de los servicios del agua de una forma homogénea en todos los municipios andaluces.
Este sistema tarifario tendrá como fin incentivar el ahorro y penalizar el consumo abusivo. Así, el precio del agua será acorde con su uso efectivo y se facturará por consumo en lugar de por superficie. Por otra parte, el nuevo régimen económico y financiero desarrollado en el anteproyecto, recoge el principio de recuperación de costes de obligado cumplimiento como marca la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea de diciembre de 2000. Siguiendo estos criterios, el nuevo canon de mejora regulado en la normativa tiene como fin posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma. De la misma forma, se modifica el tradicional canon de regulación, buscando una ampliación equitativa de los sujetos que se benefician del aprovechamiento o uso de aguas superficiales y subterráneas fuera del ámbito doméstico.
Flexibilidad y entrada a nuevos usos
Con respecto a la gestión del Dominio Público Hidráulico, el anteproyecto de Ley resalta la necesidad de flexibilizar el actual régimen concesional y aumentar el control de las administraciones públicas para dirigir el uso de los recursos hacia donde exista una mejor necesidad del mismo. Para conseguir este objetivo, el nuevo texto recoge la figura de los bancos públicos del agua en cada demarcación o en su caso distritos hidrográficos, que permitirá asignar agua para usos de interés general sobre todo en situaciones de sequía.
La Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua con los objetivos de mejorar el estado ecológico de las masas de agua, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica, ceder su uso a entidades supramunicipales para atender a fines de interés autonómico e incluso cederlos a otros usuarios, por el precio que en cada caso se acuerde. De esta forma, se podrá dar cabida a nuevos usos del agua de distintos sectores económicos, que fomenten el empleo y el desarrollo económico de Andalucía, a la vez que se asegura la conservación de los ecosistemas acuáticos.
