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El Gobierno murciano y la Autoridad Portuaria de Cartagena firman un convenio para el control de vertidos tierra-mar y de la calidad de las aguas

Sobre la Entidad

Redacción iAgua
Redacción de iAgua. La web líder en el sector del agua en España y Latinoamérica.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, firmaron hoy un convenio de colaboración para el control y vigilancia de los vertidos tierra-mar y de la calidad de las aguas en el ámbito portuario.

Cerdá subrayó la necesidad de este acuerdo “para garantizar la calidad de las aguas costeras y prevenir su deterioro físico-químico, así como la compatibilidad de los usos productivos asociados a la actividad portuaria con los objetivos medioambientales”.

El consejero destacó asimismo que el citado convenio servirá para impulsar la participación, establecer medidas que ayuden a reducir impactos, introducir guías sobre gestión de las aguas residuales y pluviales en entornos portuarios y definir indicadores biológicos compatibles con la actividad”.

Así, la Consejería se compromete a diseñar un programa de formación para el personal de la Autoridad Portuaria de Cartagena y a colaborar con este organismo para establecer las directrices operativas para el control y vigilancia de los vertidos tierra-mar y la calidad de las aguas en el ámbito portuario. También determinará los recursos necesarios para la dotación del personal que desempeña estas tareas, así como un protocolo de actuación con los pasos a seguir en los casos de detección de un vertido procedente de tierra a las aguas portuarias.

Por su parte, la Autoridad Portuaria se compromete a participar en los planes de inspección que apruebe la Comunidad Autónoma, de modo que el personal de su División de Seguridad y Medio Ambiente y del Servicio de Vigilancia y Policía pueda desempeñar las labores de recogida, toma de muestras y custodia, que se determinen en dicho plan, en el caso de vertidos tierra-mar.

El convenio prevé la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes de ambas instituciones, y la duración del mismo será de dos años.

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