Diez países del mundo acaparan el 90% de las patentes de genes marinos, algunos presentes en aguas internacionales. Los tres primeros, EE UU, Alemania y Japón, acumulan el 70% de estas patentes y otros como Suiza, no poseen aguas marinas jurisdiccionales. En conjunto, esta decena de países posee el 20% de las costas del mundo.
Los resultados se extraen de un estudio internacional, con participación del CSIC, que señala que la principal razón de este desequilibrio se encuentra en el acceso a la tecnología necesaria para la exploración marina y la explotación de los recursos genéticos.
Para asegurar un “acceso ético y equitativo” a estos recursos marinos, los investigadores proponen la creación de un fondo de patentes de organismos marinos extraídos, en especial, en aguas internacionales, que suponen el 65% de la superficie del océano.
Este fondo estaría gestionado por Naciones Unidas para “garantizar que estos recursos están disponibles para todos”, explica Jesús María Arrieta, uno de los autores del estudio e investigador del CSIC. Y añade: “Estos recursos genéticos marinos deberían ser proclamados Patrimonio Común de la Humanidad, un reconocimiento que sí tienen los recursos minerales del fondo del océano”.
EE UU, Alemania y Japón lideran la lista, seguidos de Francia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Noruega. Sólo 31 de los 194 países del mundo han solicitado patentes de genes marinos.
Falta de un convenio universal
La protección de la biodiversidad y la propiedad de los recursos biológicos dentro de las aguas territoriales de cada país están definidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero fuera de las aguas territoriales no existe un marco legal aceptado de manera universal.
En octubre de 2010, la Conferencia sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas estableció las bases para crear un protocolo para mejorar el acceso a los recursos genéticos marinos y a los beneficios generados por su utilización. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo ya que algunos países son partidarios de mantener la “libre explotación”.
Fuente: CSIC
