La protección del agua subterránea destinada al consumo humano

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Sobre el blog

Alberto Jiménez Madrid
Alberto Jiménez es Doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la Universidad de Málaga. Es delegado en Andalucía de CRN Consultores, gerente-promotor de PROAMB, asesor del MMA y CIDERH de Chile y miembro de la Junta de Gobie

El agua constituye un recurso imprescindible para la vida. El 70 % de la superficie terrestre está cubierta por agua, de la cual sólo el 2,5 % de la misma es agua dulce.

El agua subterránea, en particular, es uno de los recursos naturales más valiosos ya que muchas de las áreas urbanas y rurales de los países desarrollados dependen de este recurso. De los 37 millones de km3 de agua dulce estimados en la Tierra, alrededor del 22 % existe como agua subterránea.

Desde que, en 1987, el concepto de sostenibilidad fue acuñado por la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente en el informe Bruntland, la protección del agua ha sido reconocida como uno de los componentes más importantes a la hora de establecer políticas orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, según la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión de los recursos hídricos a nivel mundial.

 Europa necesita una estrategia sostenible de gestión del agua subterránea

En relación a la población, el total de habitantes de los 27 países de la Unión Europea ha aumentado de 400 a 497 millones en el periodo comprendido entre 1960 y 2007. El rápido crecimiento de la población, el avance socio-económico y desarrollo del turismo ha provocado un aumento en la explotación del agua subterránea y la aparición de presiones crecientes que afectan a su calidad.

De lo anterior se deduce que Europa necesita una estrategia sostenible de gestión del agua subterránea que permita su conservación y su uso de una manera más eficiente. Esta necesidad de una gestión sostenible e integrada queda reflejada en las políticas y legislaciones vigentes. La Directiva Marco del Agua (DMA) ha adoptado esta filosofía de sostenibilidad en la gestión de los recursos mediante la obligación a los Estados miembros de la Unión Europea a elaborar los Planes Hidrológicos de Cuenca con el requerimiento de una participación pública activa en el proceso de planificación y elaboración de los mismos.

La cooperación activa entre todos los actores implicados en la protección del agua subterránea, mediante un proceso de participación pública, es esencial en la definición de las medidas y restricciones que tienen que ser implantadas. Aunque los criterios y objetivos sean definidos a nivel nacional, la puesta en práctica de las medidas establecidas implica la participación de los organismos locales, es decir, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es aquí donde es muy importante el papel del Comité de Autoridades Competentes que propone la DMA.

Las zonas de salvaguarda (safeguard zones) son áreas (que la DMA contempla establecer opcionalmente) en cuyo ámbito se centrarán las medidas para proteger las aguas subterráneas con el objetivo de limitar el deterioro de su calidad y reducir el nivel de tratamiento de purificación requerido en el agua de consumo humano. Equivalen por tanto a “perímetros de protección” de masas de agua subterránea destinada al consumo humano según el artículo 7.3 de la DMA. Para su delimitación y abordar la protección de las masas de agua subterránea empleadas para consumo humano se han desarrollado en los últimos años metodologías específicas como el método GPZ (Groundwater Protection Zones).

Una vez delimitadas las zonas de salvaguarda, para terminar el proceso, las administraciones con competencias en la planificación territorial y el urbanismo tendrán que considerar las zonas de salvaguarda delimitadas así como sus restricciones para garantizar la calidad del agua subterránea empleada para consumo humano. También deberá ser revisado el proceso de concesión de nuevas licencias de uso de agua en función de los análisis en la delimitación de las zonas de salvaguarda. De la eficaz cooperación entre administraciones e implementación de medidas dependerá el cumplimiento de los requisitos de la DMA.

A continuación se presentan algunas valoraciones y reflexiones de carácter económico y social que deben ser tenidas en cuenta para una implementación efectiva de las zonas de salvaguarda según la metodología propuesta.

La percepción de la repercusión económica de la implementación de las zonas de salvaguarda es muy diferente según la administración que lo considere. A escala de Europa o de Estado miembro la necesidad de establecer medidas de protección no plantea dudas mientras que a escala de comunidad autónoma, se percibe como necesaria la delimitación de zonas de salvaguarda pero de difícil implementación. Sin embargo, las autoridades locales no tienen claro el beneficio real de la adopción de estas medidas, sobre todo si se ve afectada alguna actividad económica importante para la zona. Por último, a nivel de usuario es necesario acompañar las estrategias de protección de medidas de concienciación ciudadana.

El impacto económicamente más notable es el derivado del cambio de usos del suelo, de modelos productivos (agricultura, ganadería, industria) a modelos menos productivos con un rendimiento menor debido a las restricciones en el empleo de agentes químicos,  modificación del tipo de actividad industrial o incluso limitaciones en el trazado de conducciones energéticas, oleoductos, o de vías de comunicación. Un factor a tener en cuenta en el momento de establecer restricciones a la instalación de nuevas actividades es la forma en la que repercute económicamente a los afectados en los cambios de usos del suelo. Es necesario discutir la posibilidad de establecer una política, quizá basada en indemnizaciones o créditos que facilite la gestión económica de los territorios afectados.

Este impacto económico tiene repercusiones y desencadena en un impacto social de más difícil valoración. La prohibición de instalación de nuevas actividades o su traslado al exterior de las zonas de salvaguarda pueden provocar desequilibrios territoriales y sociales que deben ser analizados.

Existe, además, un impacto legal debido a la necesidad de adecuar la legislación regional y local de forma que se regule el cumplimiento de las restricciones impuestas en las zonas de salvaguarda, legislación que puede entrar en conflicto, entre otras, con normas precedentes de asignación de uso del suelo.

Sin embargo, la delimitación e implementación de las zonas de salvaguarda y su cartografía de actividades permitidas generan gran cantidad de impactos positivos de difícil valoración económica cuantitativa. En primer lugar y de manera más evidente, destaca el beneficio de disponer de un agua de abastecimiento con calidad suficiente que asegure, entre otras cosas, la disminución de enfermedades relacionadas con los diferentes contaminantes y consecuentemente menor gasto médico o necesidad de recurrir a fuentes de recurso más costosas, generalmente al disminuir los gastos de infraestructura de transporte del agua. En segundo lugar, las zonas de salvaguarda mejoran la calidad ambiental general, no sólo la del agua que pretenden proteger, sino que también la del suelo y de los ecosistemas asociados como así lo requiere la DMA. Todo ello desencadena en un aumento de la calidad de vida que repercute en el conjunto de la sociedad y que por lo tanto también debe ser valorado y cuantificado.

Por otra parte, la delimitación de zonas de salvaguarda como estrategia preventiva de protección del agua subterránea destinada a consumo humano es más aconsejable en cuanto a montante de costes que el establecimiento de medidas de restauración o descontaminación, en el supuesto de que sean posibles, ante un posible evento de contaminación.

Desde un punto de vista cualitativo, parece evidente que la relación coste-beneficio es claramente favorable a la delimitación e implementación de las zonas de salvaguarda, sin embargo es necesario cuantificar económicamente este balance. Aún así, debido al carácter básico del agua como fuente de abastecimiento y su relación con el mantenimiento de la salud pública y la calidad ambiental, la garantía de la salud de los ciudadanos mediante un suministro de agua con calidad suficiente debe estar por encima de las consideraciones de tipo económico.

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