¿Realmente podemos llamarla "reforma" energética?

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  • Con la reforma, los regantes aumen un incremento medio del 20% en factura.

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Andrés del Campo
Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España desde 1996.
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iAgua Magazine Nº 1
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Cuando el Ministerio de Industria anunció su reforma energética, pensamos que iba a acometerse un profundo cambio en el sistema eléctrico para corregir errores como su carácter oligopolístico. Sin embargo, cuál fue la sorpresa cuando asistimos a una modificación más de la norma realizando un nuevo reparto del coste de los peajes de acceso para así reducir el déficit anual.

En pocas palabras, lo que se ha hecho es seguir la estela de años anteriores aumentando los costes regulados de las tarifas para tener seguridad de cubrir el déficit, con independencia del consumo y de los costes variables de la energía sin analizar las posibles consecuencias de los sectores de consumo estacional como los regadíos. También se echa de menos una mayor atención a la regulación del autoconsumo que, sin duda, sería una buena iniciativa para presionar a la baja los precios e incluso algún cambio en el reparto de ingresos por venta de electricidad entre las diferentes suministradoras.

La reforma energética impulsada por el Ministerio de Industria es más de lo mismo: una nueva subida de precios

En cambio, lo que nos encontramos es más de lo mismo: una nueva subida de precios. En el caso de las tarifas para las industrias superaban ya en más de un 20% la media de los costes de los países de la UE y en caso del entorno doméstico, la diferencia supera el 30%.

En el caso de los regantes, las cifras son más llamativas. Concretamente, venimos soportando una subida media del coste total en la factura eléctrica del 70% en los últimos seis años, siempre con la excusa del déficit tarifario. Con la reforma, asumiremos un nuevo incremento medio del 20% en factura, o dicho de otra forma, un sobrecoste de unos 100 millones al año, haciendo inviable gran parte del regadío modernizado..

¿Por qué los consumidores pagan los errores de una política energética inadecuada?. En lugar de haber partido de un análisis de los costes reales de las empresas productoras de energía y de las ayudas que reciben de la Administración, el Ejecutivo primó la producción de renovables y la cogeneración sólo porque estaban de moda hace casi una decena de años. Esta situación unida a una demanda que finalmente ha resultado ser un 30% inferior a la prevista debido a la crisis, nos lleva a ciudadanos y empresas a tener que enfrentarnos a un "agujero" que supera los 26.000 millones de euros.

Sería deseable un sistema eléctrico con mayor transparencia y que pudiera llevar a cabo un abastecimiento de la energía a menor precio sin depender tanto de recursos del exterior. Hay que apartar tanta sobrerremuneración y apoyar la producción de renovables sobre criterios técnicos en lugar de seguir una moda ambientalista sin medir más consecuencias, potenciando la producción de energía distribuida para autoconsumo en las zonas regables

El objetivo debe ser hacer prevalecer los intereses generales como Fenacore viene reivindicando desde hace años. Solicitamos siempre una justa y equitativa distribución de los costes energéticos, no una simple subvención. Lo que de verdad urge es poner en marcha un escenario tarifario competitivo y equilibrado, que no merme la actividad del sector agrario en beneficio de otros, por muy influyentes que sean.

Se mire por donde se mire, la modificación para paliar el déficit tarifario -Orden de IET/1491 de 1 de agosto pasado- es injusta y discriminatoria. No se puede cargar sobre los consumos estacionales, como son los regadíos, los sobrecostes del déficit para incentivar los consumos industriales que utilizan la energía de un modo regular y sin oscilaciones en las necesidades de potencia.

Con los actuales costes energéticos la agricultura y gran parte del regadío modernizado resultarán insostenibles. Sólo unas tarifas mejor adaptadas garantizarían la viabilidad de un sector que actúa como motor de la economía, con una aportación al PIB del 15% si se tiene en cuenta todo el complejo agroalimentario asociado, ¿se va a cometer el error de obviar semejantes cifras? 

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