Punto final a la duplicidad de competencias

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Sobre el blog

Andrés del Campo
Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España desde 1996.
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  • Presa en el río Mosa (Wikipedia)

Si buscamos una sola palabra con la que definir esta legislatura es muy probable que nos venga a la cabeza el término “recortes”. La necesidad de cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Bruselas parece que no ha dejado otro camino. Sin embargo, en aras precisamente del ahorro y la eficacia, ¿por qué no se mete también la tijera en aquellas funciones competenciales duplicadas?

Tenemos empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras ejecutadas cuando el cometido para el que se crearon ya está cumplido

Concretamente, en el caso de la política hidráulica, tenemos todavía empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras ejecutadas bajo el paraguas de los planes hidrológicos de cuenca y del último Plan Nacional de Regadíos, cuando el cometido para el que se crearon ya está cumplido con creces.

Me resulta, cuando menos, curioso, que existiendo corporaciones competentes y cualificadas para llevar la administración de estas obras, estas empresas de capital público se empeñen en perpetuar sus funciones sine die, cuando lejos de ganar en eficacia, lo que se está consiguiendo es incrementar innecesariamente el gasto, duplicando competencias. Este problema de multiplicidad de competencias y encarecimiento de la gestión no solo afecta a la Administración Central, sino que se agrava aún más con las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas y se puede generalizar a casi todos los sectores productivos o de gestión pública.

Volviendo a nuestro sector, las demarcaciones hidrográficas son las únicas que deberían hacerse cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes son las que tienen que hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos. Por tanto, no hay necesidad de que se dediquen a la explotación, ni de que sigan existiendo casi las mismas entidades de capital público, que si bien se han reducido en número, no se ha trasladado en idéntica proporción cuando se trata de abordar los costes de funcionamiento y personal contratado. El problema radica en que estos costes duplicados y superfluos afectan a la sostenibilidad económica de las infraestructuras, pues se financian a través de cánones, cuyos incrementos estamos asumiendo a duras penas los propios usuarios del agua.

Las demarcaciones hidrográficas deberían encargarse de la gestión de las obras de regulación y las comunidades de regantes de la explotación de las obras de modernización de regadíos

No me malinterpreten. No es que los regantes no queramos asumir los costes de unas obras que llevamos largo tiempo demandando; por supuesto que estamos dispuestos a pagar, pero ni debemos ni podemos permitirnos que se nos impongan a cualquier precio por una deficiente gestión pública.

Sin ir más lejos, tenemos un claro ejemplo en los embalses de Breña y Arenoso (Andalucía), cuya gestión está en manos de la sociedad estatal Aquavir que pasó a ser Acuasur y pronto será Acuaes; promotora que ya en su momento no sólo se desvió del presupuesto de ejecución de la obra en más de 100 millones de euros, provocando un sobrecoste del 43%, sino que además cambió unilateralmente el porcentaje de participación de los usuarios en su financiación, aumentándonos el canon un 30%.

Pues bien, si el Ministerio confiriera la explotación directa de estas presas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se obtendría un ahorro en costes de gestión de más de dos millones anuales, lo que permitiría reducir en aproximadamente 1,2 millones los gastos que soportamos los regantes. Este ahorro se explica simple y llanamente por la aplicación de las economías de escala y por la reducción de los medios innecesarios que supone tener un intermediario adicional en la explotación.

Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas

Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas, que han tenido mucha importancia en la financiación y control de la ejecución de las obras, pero que sencillamente ya no tiene sentido mantener en tu totalidad, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones. Si realmente queremos redimensionar el sector público, adelante, hagámoslo, pero con criterio.

Recortemos de donde hay que recortar y empecemos dando ejemplo porque, de lo contrario, se acabará perjudicando a la propia administración recaudadora, que puede encontrarse con un plante fiscal por parte de los usuarios, ante la completa y absoluta imposibilidad de afrontar unos costes, créanme, del todo desorbitados. 

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