Alianzas público-privadas en Ecuador

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Sobre el blog

Andrés Martínez
Doctor por la Universidad de Alicante (PhD). Tesis en Gestión del Agua y gobiernos locales del Ecuador. #WaterLaw #Watergovernance #LocalGovernment
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Una discusión bizantina en Iberoamérica es aquella relacionada a quién gestiona mejor los bienes e infraestructuras, público o privado. Sin que exista una respuesta absoluta, ya que todo dependerá de una serie de variantes que nos hagan decantar por uno u otro modelo. Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas en la región presenta un modelo alternativo que ha brindado soluciones a los problemas de liquidez de los Estados.

En este contexto, si realizamos un recorrido cronológico, veremos que América Latina obtuvo gran inversión privada a finales del siglo pasado bajo la figura de la concesión. Sin embargo, en las últimas décadas, un modelo exitoso ha sido la Asociación público-privada, APP, la cual fue usada para infraestructura vial, pero se ha extendido para otras áreas.


Para la aplicación de las APP fueron necesarias reformas estructurales al interior de la Administración y reformas normativas que permitieron flexibilizar el sistema y dieron garantía y seguridad a los inversionistas. Los países que han adoptado el modelo vieron en el inversor privado una excelente alianza estratégica, pues brindaba recursos para costosas infraestructuras, sin poder en riesgo sus finanzas.

Con respecto al marco regulatorio, se establecen criterios de supervisión y mecanismos de control de cumplimiento, así como reglas claras en relación con el mecanismo de reparto de riesgos, siendo asumibles por el privado aquellos que “el mercado puede asumir o diversificar, y se transfiere al sector público los que de ningún modo sean controlables”.

En el caso de Ecuador, el primer paso se dio en febrero de 2015, a través del Decreto Ejecutivo No. 582, mediante el cual se dictó el “Reglamento de Colaboración Público-Privada”, sin embargo, desde el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, se presentará ante la Asamblea Nacional, el proyecto de “Ley Orgánica de Incentivos Fiscales para Proyectos Públicos”, en el cual se tiene previsto aprobar el marco regulatorio para las APP, que entre otros, apoyaría la construcción de las grandes infraestructuras en los sectores estratégicos, entre los que se encuentra el agua.

Dentro de este sector, la Ley Orgánica de Recurso Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, abrió la puerta para la participación privada en la prestación del servicio público de agua (art. 7), en el cual si bien es cierto señala que la prestación será exclusivamente pública o comunitaria, dice que de manera excepcional podrá participar la iniciativa privada en el desarrollo de subprocesos, cuando: “…la autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o financieras para hacerlo…”.


En mi opinión, si bien no regresamos al modelo de privatización de los noventa, al menos comprendimos que es necesaria la participación del sector privado, para ello hace falta brindar mejores condiciones y seguridad a los inversores a través de la respectiva normativa, lo cual no debe ser mal visto, al contrario es una condición sine qua nom para una alianza estratégica de este tipo, en la que los ciudadanos saldremos más beneficiados de lo que pensamos gracias a la construcción de todo tipo de infraestructura.

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