Análisis de las políticas del agua en Latinoamérica, país a país

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Sobre el blog

CEPAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo, dependiente de la ONU, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.
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Uno de los aportes del estudio Políticas e institucionalidad en materia de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe (LC/L.3822, mayo de 2014) por Franz Rojas, es la identificación de las buenas prácticas de cada país, que apuntan a mejorar la institucionalidad, cubrir vacíos normativos, promover esquemas alternativos de inversión y modelos de prestación con aprovechamiento de economías de escala, así como políticas públicas tendientes a la conservación del agua y la protección del medio ambiente. A continuación iniciamos la presentación resumida de algunas de estas prácticas. 

Argentina

El Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” tiene por objeto desarrollar en diferentes jurisdicciones un Plan Integral Territorial de Saneamiento que busca mejorar el hábitat y la calidad de vida de los habitantes. Para tal efecto, el plan contempla un conjunto de acciones en diversas áreas (salud, educación, infraestructura) que en forma mancomunada buscan mejorar los aspectos socio-sanitarios de la población. Se concreta mediante la capacitación de personas organizadas en cooperativas. El impacto es doblemente positivo: por un lado, crea nuevos puestos de trabajo que privilegian la participación colectiva y, por otro, mejora los espacios comunitarios incidiendo directamente sobre la vida cotidiana de los vecinos. El Programa trabaja con barrios de alta vulnerabilidad social, villas y asentamientos precarios.

Barbados

Se exige que los residentes instalen tanques reservorios en los hogares recién construidos y en los edificios comerciales para captar el agua de lluvia. Además, se alienta la reutilización de las aguas residuales tratadas. 

Bolivia

El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) tiene la misión de coadyuvar a los procesos de fortalecimiento y sostenibilidad de los prestadores. Ofrece asistencia técnica, implementa la estrategia social de desarrollo comunitario, brinda fortalecimiento institucional, difundeexperiencias positivas, y ejecuta políticas y estrategias sectoriales. Además, realiza la formación básica de técnicos operadores mediante la Escuela Plurinacional del Agua. 

Brasil

La creación del Ministerio de las Ciudades llenó un vacío histórico de ente rector a nivel federal, así como de la Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental con la misión de coordinar e integrar la política federal sectorial, convirtiéndose en la instancia para la formulación y ejecución de programas, y para fomentar el diálogo con la sociedad y los gobiernos subnacionales. En esta misma línea, destaca el aumento en la participación y el control social, y el funcionamiento del Consejo Nacional de las Ciudades.

Chile

Desde hace más de dos décadas, la política tarifaria de los prestadores urbanos se basa en el principio de autofinanciamiento, siendo el valor de las tarifas el mismo para todas las categorías de usuarios. Además, se cuenta con un sistema de subsidios a la demanda, que es financiado por el Estado en beneficio de los grupos poblacionales más necesitados, de tal forma que los prestadores no vean afectados sus ingresos. 

Colombia

Dentro del marco de responsabilidad social empresarial, la Empresa Pública de Medellín (EPM) llevó a cabo la promoción de la conexión de los servicios en los asentamientos de las zonas periurbanas con población de escasos recursos. En estas zonas existía la dificultad de extender redes dado que estos barrios no contaban con todas las condiciones legales para que se brinden los servicios. Son los propios vecinos que, por medio de las Juntas de Acción Comunal, ejecutan los proyectos de ampliación de cobertura en sus barrios. A nivel nacional, existe un programa similar, que busca garantizar la conexión efectiva a los servicios por medio de un subsidio de conexiones intradomiciliarias para inmuebles de los grupos de bajos ingresos.

Costa Rica

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) implementa un interesante programa de reducción de agua no contabilizada. Representa un esfuerzo significativo, congruente con la conservación del agua, el uso eficiente y medidas de adaptación al cambio climático, a diferencia de seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevas fuentes de agua. Las metas previstas incluyen una reducción sustantiva de pérdidas, el aumento masivo de micro- y macro-medición, y la realización de catastro de conexiones en varias ciudades.

Ecuador

El Programa de Agua y Saneamiento para comunidades rurales y pequeños municipios (PRAGUAS) incluyó un mecanismo de incentivo financiero y fortalecimiento para la descentralización y creación de empresas municipales en comunidades rurales y cabeceras cantonales de pequeños municipios. 

El Salvador

Un ejemplo de coordinación operativa fue la Red de Escuelas Saludables conformada por varios ministerios y otros organismos públicos. Además, se establecieron comités operativos a nivel departamental. Este programa fue incorporado en el presupuesto de cada institución, además de haber contado con el apoyo del sector privado y la participación activa de los padres y madres de familia. Se trató de una iniciativa integral involucrando diferentes aspectos de la salud: nutrición, salud física e infraestructura de los centros educativos, y que implícitamente fortalece el acceso al agua segura, el saneamiento y la educación sanitaria. 

Guatemala

La experiencia de la conformación del Gabinete Especifico del Agua (GEA) muestra que es posible avanzar de manera coordinada con objetivos comunes entre las diferentes instituciones relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento. En efecto, el GEA estuvo liderado por la Vicepresidencia de la República e integró varias autoridades de alto nivel, que se reunían periódicamente y que posibilitó contar con la Política Nacional de Agua y su respectiva Estrategia que sirvió como referente además para la Política Nacional del Sector Agua potable y Saneamiento, que en conjunto sientan mejores bases para una reforma sectorial.

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