17 años del desastre de las Minas de Aznalcóllar

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Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas de todo el Estado español. Forma parte del llamado ecologismo social.
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  • Imagen que muestra el nivel de los lodos alcanzados en el vertido de la mina de Aznalcóllar en la rivera del Guadiamar (Wikipedia/CC).
    Imagen que muestra el nivel de los lodos alcanzados en el vertido de la mina de Aznalcóllar en la rivera del Guadiamar (Wikipedia/CC).

El 25 de abril de 1998 se producía el mayor desastre ambiental de Andalucía. La balsa de la Mina de Boliden en Aznalcóllar derramaba 6 hm3 de lodos tóxicos envenenando la cuenca del Guadiamar y entrando en el Parque Nacional de Doñana por Entremuros.

Hoy, 17 años más tarde, destacan 2 hitos en torno a este espacio de desigual cariz, la reapertura de la mina y la declaración del Corredor Verde como Zona de Especial Protección, ZEC, que demuestran a las claras que seguimos cayendo en los mismos errores del pasado, errores que vienen condicionando a Doñana desde su declaración como Parque Nacional y que han determinado que se arrastren males de difícil solución de forma crónica.

La declaración del Guadiamar como ZEC está empañada por la reapertura de la Mina

En la década de los 60 se consolidaba el Parque Nacional pero a su vez se declaraba el núcleo de Matalascañas como de Interés Turístico Nacional, iniciándose los procesos de aislamiento por infraestructuras y extracción de aguas que tanto daño han ocasionado a especies y ecosistemas del Parque. En los 80 se ampliaba el Espacio Protegido pero a la vez se consolidaban los regadíos del Plan Almonte- Marismas, con la consecuente merma de recursos hídricos que arrastramos hasta hoy y que están detrás de la pérdida global de biodiversidad de Doñana.

La declaración del Guadiamar como ZEC está empañada por la reapertura de la Mina, nuevamente habrá que sufrir la presencia de un complejo tóxico en la cabecera del río que en función de cómo fluctúe la bolsa de minerales dispondrá de más o menos recursos para dedicarlo a la salvaguarda ambiental, con una administración que debía velar por el cumplimiento de la legalidad pero que ha demostrado en multitud de ocasiones que antepone otros muchos intereses a los medioambientales.

Este año se ha declarado la ZEC Corredor Verde del Guadimar que, con todas sus limitaciones, culminaría la reconversión de la zona afectada por el desastre minero en un nuevo Espacio Protegido englobado en la Red Natura 2000. Esta declaración se ve frustrada por la reapertura de una Mina que durante 17 años nos ha costado un pico a l@s contribuyentes para contener de mala manera la toxicidad que las instalaciones mineras seguían soltando y sin que la Junta haya conseguido que Boliden ponga un euro. Y todo para que ahora una empresa privada venga a hacer lo de siempre, explotar los beneficios que pueda rendir lo que quede de mineral y salir pitando cuando las cuentas no le salgan, siempre con los empleos puestos sobre la mesa como moneda de cambio.

Destacar que la empresa adjudicataria, grupo Mexico, tiene un historial preocupante con varios vertidos contaminantes en minas mejicanas, destacando el que acabó en el río Sonora y que a día de hoy se sigue produciendo como se recoge en la prensa mejicana [1].

Para colmo, el proyecto minero de Aznalcóllar cuenta con el asesoramiento de la Fundación Migres, de la que forma parte como patrono la propía Junta y cuyo presidente es Miguel Ferrer, que encabezó en su día la protesta contra el vertido como director de la Estación Biológica de Doñana y que hoy es coordinador del CSIC en Andalucía. Esta participación es al menos sospechosa por un doble motivo, la Junta actúa como juez y parte al ser quién concede el derecho de explotación y se ve recompensada indirectamente como patrono de una Fundación contratada por la empresa adjudicataria y en segundo lugar, Miguel Ferrer incurriría en una clara incompatibilidad al ser representante del CSIC con lo que se estaría dando el aval de este organismo público a las actuaciones de una empresa privada.

Se pierde la oportunidad de emprender un proyecto público de restauración ambiental y diversificación de la economía de la zona en la que tanto abundan los recursos forestales, agrícolas y ganaderos que bien podían sustentar iniciativas agroalimentarias de transformación destinadas al comercio de cercanía. Otra más.

[1] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/21/1019839

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