Operadores privados y públicos de agua en la encrucijada

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Sobre el blog

Eduardo Perero
Eduardo Perero Van Hove, es Vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales y pertenece al Área Técnica de la Fundación Conama.
  • Tanto los modelos públicos como privados de gestión del agua cuentan con casos de éxito y deficiencias

La decisión anunciada por el Comisario Europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, sobre la exclusión del agua dentro de la propuesta de Directiva sobre concesiones, ha vuelto a poner en el debate la polémica sobre el modelo público y/o privado de los sistemas de abastecimiento de agua.

El proyecto de Directiva relativa a la adjudicación de concesiones, se encuentra actualmente en tramitación en el Parlamento Europeo y tiene como objeto la dotación de mayor seguridad jurídica al mercado de las concesiones de obras y de servicios, poniendo el acento en la asunción por parte de los concesionarios, de una parte sustancial de los riesgos económicos derivados de la ejecución de las obras o servicios contratados. Asimismo, el proyecto de Directiva, pretende favorecer la transparencia, igualdad y concurrencia de los operadores, facilitando así el acceso al mayor número de operadores económicos a dicho mercado de las concesiones.

Tanto los modelos públicos como privados de gestión del agua cuentan con casos de éxito y deficiencias

La exclusión del agua en dicha Directiva, responde a las demandas de la denominada “Iniciativa Ciudadana Europea” (novedoso instrumento de participación pública puesta en marcha desde 2012) presentada por European Federation of Public Service Unions (EPSU) bajo el título “El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!” y promovida a través de la plataforma web right2water.

Dicha campaña, que finalizó el pasado 9 de septiembre, ha conseguido más de 1,8 millones de firmas (es necesaria más de un millón de firmas para que una iniciativa ciudadana europea sea considerada) y tiene por objeto exigir a los gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento adecuadas, reclamando los siguientes puntos:

  1. por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento;
  2. el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior” y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización;
  3. la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

Sin duda, el suministro de agua constituye un servicio de especiales características y no igualmente equiparable a otros servicios públicos, en tanto en cuanto, el agua es un recurso fundamental y constituye un Derecho Humano (reconocido desde 2010 por Naciones Unidas).

Por un lado, desde determinados sectores se reivindica que el mejor modelo de gestión del abastecimiento del agua se realiza desde un modelo público que garantice la accesibilidad con equidad, solidaridad y transparencia, que crea en la administración de bienes comunes y realice las inversiones de mantenimiento y de previsión de planificación futura necesarias, entre otros valores.

Por otro lado, desde los operadores privados de agua se reivindica, que gracias al sector privado se han podido generar grandes cambios, un mejor desempeño en las distintas tareas y mayor eficiencia en la gestión del recurso, entre otros aspectos.

Existe mucha literatura sobre ambas posturas, si bien destacaría dos de ellos, Remunicipalización. El retorno del agua a manos públicas y AqueaFed. Eficiencia de los servicios de agua administrados por los operadores privados.

Si bien, ambas posturas en dichos documentos quedan bien reflejadas y diferenciadas, en ambos documentos se coinciden en aspectos que pueden ser de relevancia:

  • Se reconocen las limitaciones y dificultades de sus modelos y la necesidad de avanzar más para afrontarlos.
  • En ambos documentos se presentan ejemplos de éxito, que demuestran la viabilidad de sus modelos en todas las regiones del mundo, y curiosamente hacen alusión a un mismo caso, el de Paris, cuya gestión del agua se privatizó en parte desde el siglo XIX y que ha sido recientemente municipalizada (2009), un país donde residen algunas de las mayores compañías de este sector.
  • Coinciden que no sólo hay experiencias positivas y que de todas hay algunas lecciones que aprender, aunque cada modelo ponga en relevancia sus modelos de éxito.
  • En los dos casos se observa que varios casos de éxito lo han provocado malas experiencias del modelo contrario, y que por tanto sus peores enemigos son sus propios casos de fracaso.
  • Se coincide que los procesos de municipalización o privatización son peculiares y particulares, en cada caso, y depende de contextos concretos

Respetando la legítima capacidad de elección de cada sociedad en seleccionar el modelo de gestión (público, privado, mixto) que prefieren adoptar en cada momento, quizá lo más interesante son las reflexiones que resultan del propio proceso de debate y menos del resultado de sus conclusiones, dado que subyacen cuestiones interesantes, que vale la pena poner de relevancia y que tanto un modelo de gestión pública como privada debe saber responder.

  • Las importantes y numerosas movilizaciones sociales en todo el mundo, la lucha social por la declaración del derecho al agua durante décadas, la mencionada iniciativa ciudadana europea sobre el derecho al agua, los distintos conflictos declarados del agua en todas las regiones del mundo (países en vías de desarrollo, emergentes, países desarrollados, etc). sólo son un reflejo de que el suministro de agua es especial y no equiparable a otros servicios. El agua es una cuestión sensible y perceptible por la población, que se manifiesta cuando percibe el más mínimo riesgo de que puede verse comprometido.
  • Existe un temor de que se comprometa algunos de los contenidos que fundamentan el derecho al agua: cantidad suficiente, accesibilidad física, calidad, aceptabilidad, accesibilidad económica, informativa, equidad, participación etc.
  • En este sentido, la subida de los precios, parece uno de las preocupaciones más importantes, porque si bien, en algunas situaciones el precio del agua no se compadece con los gastos reales de gestión, existe una doble preocupación:
    • El precio en el presente o el futuro sea tan elevado que pueda provocar la falta de accesibilidad (pobreza hídrica) por cortes en el suministro por impagos.
    • No exista un equilibrio adecuado entre beneficios e inversión en aspectos que posteriormente se declaran claves como el adecuado mantenimiento de las infraestructuras, dotarse de sistemas que afronten situaciones excepcionales (especialmente las derivadas de las meteorológicas), formación interna, planificación, sistemas de información y atención a los usuarios, investigación y desarrollo, concienciación y divulgación, prevención y protección de los ecosistemas, inversión en reducción de la huella de carbono, gestión sostenible de las infraestructuras, etc. ,
  • La falta de credibilidad por la ausencia de un sistema de información y comunicación transparente, claro, accesible y creíble, así como, avanzando un poco más, la necesidad de que algunas cuestiones puedan debatirse y someterse a una participación pública, implicando también a los trabajadores.

Sólo los que comprendan e implanten una gestión con el enfoque al derecho al agua serán competentes y competitivos

Podrá parecer que el derecho al agua es sólo aplicable a países en vías de desarrollo pero no es así, al igual que en España, como sucede en otros países europeos, se ha registrado más de un 12% de la población en situación de pobreza energética (ACA, 2012) agravado por las altas tasas de paro, la pobreza hídrica puede empezar a ser significativo en un futuro próximo. Para muestra algunas noticias recientes:

  • El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió (abril 2013) que su operadora de Agua (EMMASA) no pueda cortar el agua a vecinos con falta de recursos, para ello, los servicios sociales realizarán un análisis de la situación de la familia afectada con el fin de analizar si debe recibir una ayuda o no para afrontar los impagos de la factura del agua. En ese momento se declaró que el consistorio ofreció, durante el último año y medio, 7.400 ayudas que supusieron 92.000 euros de coste para la entidad local.
  • En Palma de Mallorca, la operadora de agua (EMAYA) también ha identificado un aumento de la morosidad en el pago del agua, que aunque no es aún un nivel preocupante, empieza a evidenciar los primeros problemas. Incluso empiezan a aparecer noticias de donaciones que se realiza expresamente para que determinadas familias puedan hacerse frente a este tipo de impagos.
  • En el ayuntamiento de La Laguna se acaba de realizar una ampliación presupuestaria de más de 217.000 euros para ayudar a pagar el recibo de agua y la operadora de agua de la ciudad ha decidido congelar las tarifas de 2014 para hacer frente a esta situación.

Todos estos síntomas ponen de manifiesto que operadores de agua tanto privados como públicos, independientemente que por sus características posean determinadas potencialidades, deben abordar su labor de una forma amplia, atendiendo al contexto socioeconómico y ambiental en el que están involucrados, coordinándose de manera activa con las distintas instancias públicas y protagonizando las acciones a llevar a cabo, más allá que limitarse a explotar las redes públicas en condiciones ordinarias.

Sólo los que comprendan e implanten una gestión con el enfoque al derecho al agua serán competentes y competitivos, dado que sólo ellos ofrecerán las garantías necesarias a una ciudadanía más consciente y más reivindicativa. Estamos ante una encrucijada y es hora de que los operadores decidan qué camino tomar.  

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