A nivel mundial, uno de cada tres indígenas vive en pobreza, una proporción que en el caso de México es más elevada. En el año 2013 la CONEVAL reconoció que 7 de cada 10 indígenas viven en pobreza en nuestro país, y 3 de cada 10 en situación extrema. Esta proporción sólo es superada en el mundo por la que prevalece en la República Democrática del Congo, donde la relación es de 8.4 por cada 10, de acuerdo con datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A nivel mundial, uno de cada tres indígenas vive en pobreza, una proporción que en el caso de México es más elevada
Son los más pobres de entre los pobres, y sin embargo hay una gran riqueza en la cosmovisión de nuestros 11 millones de indígenas y sus 62 grupos etnolingüísticos, una esfera desconocida para muchos, y que ha derivado en que sea limitada su presencia en los espacios de decisión formales, para incidir en la agenda pública de México.
Refiriéndonos a las cifras oficiales, por carencias sociales, al 81 por ciento de los indígenas le afecta la falta de acceso a la seguridad social; y el 59.7 por ciento padece por la ausencia de servicios básicos en sus viviendas, que consiste en drenaje, agua potable y electricidad. Esta realidad, aunado al hecho de que el 60% de su población vive en localidades con rangos de entre 1 a 2 499 habitantes, representa un reto importante para garantizar la cobertura de estos servicios básicos, dada la dispersión.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del Año 2010, las viviendas con agua entubada en localidades indígenas se proyectó en 72.5%, mientras que en las de los “no – indígenas”, fue del 93.3%. En lo que refiere al saneamiento, engloba una proporción del 63.6% y del 92.8% respectivamente. Sin embargo, en las regiones Tarahumara, Huicot y Huasteca, el déficit supera el 60% de las viviendas en cuanto al acceso al agua; mientras que en la Mayo – Yaqui, Maya y Sierra de Juárez, éste no alcanza al 10%.
En materia de gestión del agua, expertos ambientales como Eckart Boege Schmidt han documentado que los pueblos indígenas son los principales productores de agua en el país, por estar asentados en territorios clave, con índices de captación de lluvia elevados; y por su cosmovisión y el respeto que mantienen desde tiempos ancestrales con la naturaleza. Esto los ha convertido en agentes clave para la conservación de nuestros bienes ambientales.
Sin embargo, el marco legal de México en materia de pueblos indígenas y agua, apunta hacia retos importantes en su armonización y aplicación, toda vez que aunque hay acuerdos internacionales en los que está suscrito México y que refieren a los derechos naturales de los indígenas sobre los recursos naturales (Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales), no se cumplen en la práctica. Tomando en cuenta que papel del Estado es velar por el interés de la mayoría, se restringen esos derechos. Incluso es mínima su representación en los consejos de cuencas (sólo en cuatro de los 26 consejos existentes), dado que es mayor el peso de usuarios específicos de interés como los grandes agricultores e industriales, y no hay un asiento oficialmente reconocido para los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas son los principales productores de agua en el país
Por otro lado, la cultura del agua que para los urbanos se limita a cerrar la llave del grifo, o a utilizar una cubeta para lavar el automóvil, es de una visión mucho más profunda y amplia para nuestros indígenas: representa la vida misma, el sustento, la creación; el sentido de comunidad, y el vínculo con un poder superior. Ello sería un aporte importante para la concientización y la promoción de una nueva cultura del agua en México.
El hecho de que los pueblos indígenas aún sostengan condiciones precarias de salud, educación y servicios básicos, por debajo de la media nacional, conlleva una gran tarea pendiente en el cumplimiento de las Metas del Desarrollo del Milenio, no sólo en nuestro país, sino para América Latina, la región con un importante número de pueblos indígenas.
El acceso al agua limpia y a los servicios de drenaje y saneamiento es una tarea transversal del desarrollo y de combate a la pobreza, toda vez que trastoca las agendas de salud pública, seguridad alimentaria e igualdad de género. Además es un asunto de justicia social: ellos nos permiten tener agua limpia, y las ciudades se las devuelven contaminada. Además hay una gran carencia en la cobertura y en la calidad, si comparamos el acceso del que gozamos en las ciudades.
Por ello, trabajar en esta agenda es de urgente atención, estableciendo metas comunes con los tres niveles de gobierno, con los tomadores de decisiones, pero sobre todo con la participación e integración total de los propios pueblos indígenas. Todo lo anterior se ha convertido hoy en una asignatura pendiente de derechos humanos, de justicia social, y de inteligencia ambiental.
