La agricultura es el consumidor más grande de agua en el mundo, con cerca del 70% de todas las extracciones; sin embargo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que el agua destinada al riego aumentará un 14 por ciento para el año 2030. Desafortunadamente, a nivel global casi el 60% del agua utilizada en el riego se desperdicia; en México es aproximadamente un promedio del 54%.
Casi el 60% del agua utilizada en el riego a nivel mundial se desperdicia
También en nuestro país, de los volúmenes concesionados de agua, el 76% se destina para la actividad agrícola. De acuerdo con el último Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México existen 630,000 unidades de producción que cuentan con algún tipo de sistema de riego, de las cuales, 64.4% posee riego con canales de tierra, 25.4% con canales recubiertos, 7.7% con aspersión, 1.3% con micro aspersión, 3.3% con goteo y 10.2% con otro tipo de sistema de riego. Es decir, la mayoría de estas unidades no emplean sistemas modernos y tecnificados para economizar el agua.
Sin embargo, actualmente el sector agroalimentario está en pleno crecimiento en México, ya que generó un valor superior al billón de pesos en el 2014 aportando el 7.5% del PIB nacional. El sector primario, por su parte, aportó el 3.1% en el 2015 las exportaciones agropecuarias generando un valor de $11,824 millones de dólares, un crecimiento de 6.8% en relación al mismo periodo de 2014. El saldo de la balanza comercial de productos agropecuarios y agroalimentarios es superavitario por primera vez en lo que va del siglo.
En términos generales la mayor parte de los ingresos por las exportaciones agroalimentarias en realidad benefician a los propietarios rurales (la regulación mexicana reconoce a los particulares agrícolas bajo la figura de la pequeña propiedad), así como a los comercializadores e intermediarios, toda vez que la FAO reporta que el 70% de los campesinos en México viven en condiciones de pobreza. Es por ello que los intermediarios ya han sido objeto de reclamos y se les están exigiendo condiciones más justas en el precio.
El sector agroalimentario genera el 7.5% de PIB de México
Este incremento en los ingresos por las exportaciones agropecuarias también han suscitado casos de crisis sociales por incendios y desmontes en reservas forestales (importantes para la conservación del agua) como en el caso de Michoacán (región centro del país), con el objetivo de ampliar los cultivos de aguacate, que están teniendo un auge impresionante en el mercado norteamericano y el cual produce millones de dólares en ingresos.
En un contexto de cada vez mayor escasez por las sequías, sobreexplotación de acuíferos, aunado a la tendencia de incremento en las tasas de crecimiento poblacional y por ende mayor demanda de alimentos (y ahora de las exportaciones), se agudiza la necesidad de impulsar metas más ambiciosas para la tecnificación del campo mexicano y a eficiencia en el uso del agua. Además, si es que los ingresos por las exportaciones de los productos agroalimentarios le reportan tantas utilidades al país, lo justo es también que en ello se considere la reinversión en la conservación del agua.
De hecho, la Comisión Nacional del Agua de México recibió para este año la autorización del Congreso para ejercer alrededor de $133,000 millones de pesos para la modernización y rehabilitación de la infraestructura de riego.
Y la tecnificación del riego implica no sólo los costos económicos, sino también la capacidad técnica del lado de los productores, lo cual está estrechamente ligado a la cuestión social del campo. Ello nos refiere a establecer condiciones más justas en cuanto a la distribución de los ingresos por lo que se obtiene del sector primario.
En este paquete de reformas que ha impulsado la actual administración federal, el agua debe ser un vector fundamental no sólo desde la perspectiva ambiental, sino también del crecimiento económico. Y para ello se requiere impulsar una óptima gestión y tecnificación del agua en el campo, pero acompañado con la generación de las capacidades técnicas en los productores, la mejora en sus condiciones de vida y mucho trabajo social.
En conclusión: hay que fortalecer los esfuerzos para que el uso del agua en la agricultura y la expansión en las exportaciones por productos agroalimentarios en nuestro país sea sostenible en el largo plazo. Y el abordaje de esta importante agenda tiene que generarse mediante sinergias entre los ámbitos públicos y privados; así como alineando las políticas hídricas, agrícolas, ambientales, de desarrollo social y crecimiento económico. Si México quiere apostarle a este “boom” de crecimiento, en definitiva tendrá que hacer más énfasis en garantizar la seguridad hídrica en el campo así como hacer prevalecer la justicia social.
