Ahora que ha terminado el año 2014, es hora de recopilar algunos de los acontecimientos jurídicos más relevantes que han tenido lugar relacionados con el mundo del agua:
A finales del año 2013, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander condenó a dos técnicos de una multinacional americana a cuatro meses de prisión por realizar vertidos de amoniaco al río Besaya en el año 2008. Este año 2014 comenzó conociéndose la decisión de la multinacional y de sus dos técnicos de recurrir ante la Audiencia Provincial de Cantabria tal condena por entender que no existía prueba de cargo suficiente para acreditar su culpabilidad.
El 2014 fue el año el que se aprobaron los planes hidrológicos de muchas cuencas; así, por ejemplo, por el Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, se aprobó el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro en el cual se acordó establecer una reserva del caudal ecológico para el Delta del Ebro superior a los 3.000 hectómetros cúbicos.
En abril de 2014 se conoció la decisión adoptada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de sancionar por segunda vez a la mina de oro del valle de Boinás, en Belmonte de Miranda (Asturias) con una multa de 242.920 euros; en este caso la sanción se impuso por realizar vertidos ilegales al dominio público hidráulico.
Este mismo mes se publicó el Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, que aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, incluyéndose en su regulación la previsión de un trasvase de la Cuenca del Tajo a la del Segura de 240 a 400 hectómetros cúbicos de agua.
El 10 de junio el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que ponía fin al litigio que enfrentó al Ayuntamiento de Salamanca y a la Confederación Hidrográfica de Duero, quienes discutían sobre qué entidad debía encargarse de la limpieza del cauce del río Tormes a su paso por las zonas urbanas de Salamanca, determinando dicho tribunal que tal competencia no pertenecía a la citada Confederación.
Un mes mas tarde, se publicó también el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura y el Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Este mes de julio, por sentencia del día 22, la Audiencia Nacional condenaba al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a indemnizar a unos ciudadanos de Baltanás (Palencia) con 48.854,88 € por los daños sufridos en los cimientos y estructura de su vivienda a causa de unas filtraciones de agua procedentes de la derivación de un arroyo.
En el mes de octubre se conocía la decisión del Tribunal Supremo de avalar la prohibición de realizar más embalses recogida por el Plan Hidrológico de Galicia-Costa si bien reconociendo la obligación de compensar por reducir su producción.
En ese mismo mes se procedía a la detención de un antiguo trabajador de una empresa contratada para la realización de proyectos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil como presunto autor de un ataque al sistema informático de este Organismo de Cuenca.
En noviembre fueron detenidas varias personas en Molina de Segura (Murcia) que presuntamente habían vertido ilegalmente residuos tóxicos peligrosos al alcantarillado poniendo en riesgo tanto la salud pública como el medio ambiente.
Si bien durante todo este año se publicaron otros planes hidrológicos de cuenca (el Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir; el Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana; el Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero...) no puede dejar de destacarse que todos estos planes fueron aprobados con varios años de retraso incumpliéndose la normativa de la Unión Europea dado que la Directiva Marco del Agua establecía que estos planes debían haber sido aprobados como máximo a finales del año 2009.
