Las aguas subterráneas presentan condiciones únicas y desafíos particulares que requieren actuaciones singulares. Estas deben ser por una parte, decisiones y acciones de “gobierno” y por otra de “gestión”, esto es lo que se hace para aplicar las decisiones.
En España el estado de la gobernanza del agua subterránea puede calificarse de indiferente, ni bueno ni malo, pero ha tenido sus consecuencias. El estado de las masas de agua subterráneas (MAS) está en estrecha relación con su estado de gobernanza y según la evaluación del riesgo de las masas de agua subterránea por presiones en enero de 2008, elaborado por la Dirección General del Agua, arroja los siguientes datos:
Esto es de las 699 MAS inventariadas en aquel momento el 49 por ciento estaban en riesgo, algunas acumulando riesgos químicos y por sobre explotación, el 13,7 % tenían un estado dudoso y solo el 37,20 % estaban exentas de riesgo.
Con las revisiones realizadas para la elaboración de los planes de cuencas, estas cifras han variado pero no el resultado final. Señal evidente de que la actual gobernanza no es la adecuada.
¿Que mas evidencias necesitan los poderes públicos para obligarlos a tomar decisiones? Dicen que el incrédulo Santo Tomás no se convenció hasta meter los dedos en las llagas de Cristo. El estado actual de las MAS en España constituyen una ulcera de las economías ligadas a las mismas.
La ordenación de las aguas subterráneas en España, no requieren inversiones económicas, son suficientes decisiones políticas y medidas de gestión que pasan por involucrar a los usuarios de estas aguas subterráneas, por ejemplo para supervisar y acordar los límites de las presiones o los límites aceptables de contaminación.
