En Chile por estos días se discute en el Congreso una importante Reforma al Código de Aguas. Esta ha generado gran controversia, siendo apoyada por algunos sectores y rechazada por otros. Y es que en el debate intervienen actores tan diversos como el Gobierno, los parlamentarios, la academia, los agricultores regantes, el sector energía, las sanitarias y las mineras; entre otros. Todos interesados en las políticas relativas al recurso hídrico.
Quisiera destacar algunos puntos en común respecto de sus posturas. En primer lugar, el reconocimiento general del cambio climático (que es mundial) y de la sequía que afecta desde hace algunos años a buena parte del país. En segundo lugar, el diagnóstico de un rezago de más de 50 años en grandes obras de infraestructura hídrica. En tercer lugar, impulsar una estrategia país, una política de Estado, que trascienda los gobiernos de turno y las necesidades electorales; ya que sólo así se construirán las grandes obras que se requieren.
En Chile por estos días se discute en el Congreso una importante Reforma al Código de Aguas
Aunque el Ministro de Obras Públicas y el director Nacional de la Dirección General de Aguas (DGA) han insistido que para los derechos ya otorgados no existirán cambios, una de las dudas proviene por el lado del cambio del estado jurídico de los derechos de agua, que pasarían a ser concesiones. Ello genera incertidumbre en los tenedores actuales de estos, y respecto de la certeza jurídica para realizar inversiones u obtener el siempre necesario financiamiento para proyectos.
Por parte del sector energía y también de los regantes, la preocupación pasa más por la posibilidad de desincentivo a obras necesarias como las minicentrales, al establecerse un uso único para cada concesión.
En la misma línea, en el Parlamento ya se discuten los desincentivos que podría generar la pérdida del atributo de la disposición, que hoy tienen los derechos de agua.
Otro punto en discusión es que en el nuevo articulado, se profundiza la prevalencia en primer lugar del uso para el consumo humano y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.
Es cierto que nadie puede vivir sin agua y que es necesario garantizar el vital elemento, pero la Reforma favorece incentivos que podrían llegar a ser perversos, ya que, independiente de la planificación e inversiones que deba realizar la industria sanitaria para satisfacer los requerimientos de agua potable, prevalecerá la prelación para el consumo humano.
En efecto, la reforma deja abierta la puerta para que funcionarios de forma administrativa, hagan excepción en cuanto a obras, prorrata de derechos y distribución que estimen conveniente. Una vez aprobada la Reforma en discusión, asumiríamos el riesgo de ver empresas sanitarias que omitan o posterguen llevar a cabo las inversiones requeridas, a la espera que la autoridad administrativa actúe el menor atisbo de escasez, dejando sin derechos ni indemnización al sector agrícola, por ejemplo.
Los parlamentarios chilenos tendrán, por tanto, una ardua tarea para compatibilizar las visiones e intereses de amplios sectores e incluir luego las indicaciones necesarias al proyecto, para así perfeccionarlo. De su éxito dependerá, en parte, tener en el futuro una política de recursos hídricos adecuada, justa y sustentable.
