España está entre los países más incumplidores de la Unión Europea en materia ambiental. Tiene 26 procedimientos de infracción abiertos: algunos (los menos) son por inadecuada trasposición de normas. En su mayoría (19), la denuncia se debe a problemas de ejecución, sobre todo en la gestión del agua (8), los residuos y vertederos ilegales y la mala calidad del aire.
Las primeras condenas en materia de aguas eran por el incumplimiento de obligaciones formales. La más importante fue por no haber elaborado en plazo los planes de cuenca de primer ciclo (2009-2015), aunque no llegaron a imponerse multas porque finalmente se aprobaron. Y aunque, por sus carencias o imprecisiones, el resultado fue discutible, tuvieron el gran mérito de marcar un camino que cada vez recorremos con más facilidad.
Distintas son las condenas por las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR), porque aquí no se trata de redactar un plan sino de ejecutar una obra. Parecería que esta obra carece de dificultades técnicas especiales; sin embargo, y pese al innegable esfuerzo realizado, tener todas hechas parece imposible si atendemos al importe de las multas coercitivas sobre las que hablan con recurrencia los periódicos. Se dice que la multa ya es de 63 M€, cifra que no sólo pone los pelos de punta sino que resulta incomprensible porque la construcción de EDARs resulta obligatoria desde una Directiva de 1991.
Si cuesta tanto trabajo sacar adelante obras sencillas, como son las de las depuradoras, no sé si disponemos de herramientas para enfrentarnos a problemas complejos
Ahora tenemos la condena del Parque Nacional de Doñana de 2021, sobre la que aún no pesan multas coercitivas. Esta sentencia resultará mucho más difícil de cumplir porque obligará a controlar de captaciones de aguas subterráneas pero también tomar medidas adecuadas (¿cuáles?) de protección de este espacio privilegiado. Es decir, se tratará de decisiones política y técnicamente muy complejas. La reciente ley de cambio climático, además, obliga a garantizar la seguridad hídrica para las personas, la biodiversidad y las actividades socioeconómicas. Por tanto, no cabe la solución sencilla de poner fin al regadío tal y como piden las asociaciones ecologistas, porque este cierre tiene un alto coste social y supone un giro copernicano –dicho sin exageración- en las políticas de promoción del riego y del turismo en la zona, que aún se practican. Aún no se ha producido ninguna condena por el Mar Menor, pero el problema de fondo es equivalente: contaminaciones históricas, fomento público del regadío y del turismo y décadas de incapacidad para ejecutar las medidas de protección del Mar previstas desde la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001.
En definitiva, lo que quiero decir es que si cuesta tanto trabajo sacar adelante obras sencillas, como son las de las depuradoras, no sé si disponemos de herramientas para enfrentarnos a problemas complejos, en los que se plantea la disyuntiva entre actividades económicas y protección ambiental. Los objetivos europeos de protección son muy exigentes, pero las directivas no son maximalistas pues admiten justificadamente excepciones o prórrogas o medidas compensatorias cuando no resulta posible alcanzar el óptimo ambiental. Pese a esto, en ocasiones, la práctica muestra una cierta tendencia viciosa del legislador, o incluso de la Administración, a endurecer sobre el papel las normas europeas –acaba de suceder con los nitratos- o a hacer transposiciones oscuras de reglas europeas o a enfangarse en polémicas políticas, que nada ayudan al trabajo de los funcionarios.
Sigue faltando buena política para seleccionar las actuaciones que requieren dotación presupuestaria
Sigue faltando buena política para seleccionar las actuaciones que requieren dotación presupuestaria y, dicho de forma cansina, el refuerzo de la coordinación y la cooperación entre Administraciones. Por más que los fondos de recuperación sean cuantiosos, cuando se analizan las necesidades de cada lugar, la anunciada lluvia de millones trae poca agua. De momento, además, no hay una web pública que ofrezca información transparente del destino de estos fondos y de su ejecución: de 28.000 M€ destinados al impulso de una economía verde, 15.000 M€ están manos del MITECO. Hace un año, la Ministra anunció una inversión pública en materia de agua de 7.000 M€ para los próximos seis años; se han anunciado 3.000 M€ para la digitalización del ciclo del agua… Ya veremos qué nos traerán los planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) que tienen que aprobarse este año y, sobre todo, de las inversiones previstas cuál será el grado de ejecución.
La transición energética y ecológica exige ambición en las metas; pero esto no está reñido con aproximaciones pragmáticas, que consideren los medios de que se dispone y las consecuencias socioeconómicas de anticipar metas maximalistas. Amplificar artificialmente expectativas tan solo contribuirá a que, el día de mañana, la frustración sea mayor.
