ATLL, ¿segunda oportunidad?

2
285

Sobre el blog

  • ATLL, ¿segunda oportunidad?

Aigües Ter Llobregat resultó de la confrontación política catalana de los años 80 entre el gobierno Pujol y el poder metropolitano socialista que lideraba Pascual Maragall. El 1987, con las competencias hidráulicas recibidas del Estado, el Parlament de Catalunya suprimió la Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB) y la Generalitat asumió las competencias de abastecimiento en alta a la región metropolitana.

El 1990 se aprobó la Ley 4/1990 que creaba el Ente Ter-Llobregat (ATLL) como gestor del servicio público de abastecimiento en alta de la Generalitat. El abastecimiento en alta quedaba integrado por tres subsistemas:

  1. El transvase Ter-Barcelona y la planta de Cardedeu, hasta entonces gestionados por una mancomunidad de municipios del Vallés Oriental y Maresme, además de Barcelona. La Generalitat se lo quedó sin que los municipios, que habían pagado el 50% de las obras, recibieran ninguna indemnización[1].
  2. El complejo de Abrera, construido por iniciativa de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) a mediados de los años 70 con la expectativa de que se realizara el transvase del Ebro a Barcelona. Fue un negocio ruinoso que puso la SGAB a un paso de la quiebra, de la que fue salvada por los pactos de 1983 con la CMB, que asumió el compromiso de compra de las instalaciones existentes y de construcción de las pendientes. La Generalitat se quedó la planta de tratamiento y ATLL pagó a SGAB el precio acordado. La resta de compromisos de 1983, como la construcción de la conexión Abrera-Fontsanta quedaron vinculados a la tarifa metropolitana.
  3. La planta potabilizadora de Sant Joan Despí, construida por SGAB en los años 50, fue incorporada al sistema de abastecimiento en alta pero se respetó su titularidad privada. Con todo, se estableció la expectativa de reversión futura al sistema público y el compromiso de coordinación entre las parte pública y privada del abastecimiento regional en alta.

Esta situación se mantuvo estable durante los años 90. La creación de la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) supuso la adscripción de ATLL a la dirección de la ACA y, fatalmente, los problemas financieros de la ACA derivaron a ATLL que, en pocos años, pasó de ser una sociedad eminentemente gestora a una sociedad inversora que realizaba, por delegación, lo que la ACA ya no podía.

ATLL, que había sido una empresa potente y sana, sin más recursos que los propios, entró en endeudamientos y déficits que ya eran de dominio público el 2005.

Los sucesivos gobiernos de la Generalitat no tomaron medidas para salvarla. Bien al contrario, ese fue uno de los motivos para la sustitución de un conseller consciente del problema –S. Milà-, por otro que no tuvo inconveniente en profundizarlo –F. Baltasar.

La crisis económica fue gestionada por el primer gobierno de Artur Mas, que presionado por la necesidad de reducir el déficit y, naturalmente partidario de las privatizaciones –bussines friendly- no tuvo inconveniente en poner ATLL en venta. La oposición no objetó gran cosa: todos habían contribuido a la caída de ATLL. Lo que ya entonces se consideraba una estructura de Estado, fue vendido el 2012 con la hipótesis de un rescate al cabo de 50 años.

La venta, con prisas, fue seguida de la polémica sobre su adjudicación, que todavía sigue viva y está pendiente de sentencia.

Sorprendentemente, tan sólo tres años después de la privatización de ATLL, se ha presentado una proposición de Ley para recuperar la gestión directa del sistema Ter Llobregat.

La iniciativa de recuperar ATLL como empresa pública ha sido del PSC, que asistió indiferente a su privatización y que, en otros ámbitos, sigue defendiendo la gestión privada. Pero hay que saludar la novedad, que entronca con las nuevas sensibilidades que promueven la recuperación del gobierno de los servicios públicos y con la sensibilidad diferente de muchos socialistas de la joven generación.

Ahora bien, la reversión no será gratis. Hay unas obligaciones contractuales y el coste puede ser diferente en función de las sentencias pendientes. Por eso conviene que el proyecto de Ley se acompañe de una memoria económica que evalúe el coste de cada escenario a fin de que se sepa el coste de les decisiones pasadas.

La iniciativa ofrece, a su vez, la oportunidad de recuperar los déficits que han afectado de origen el funcionamiento de ATLL. En efecto, ya se ha indicado que hay instalaciones de titularidad privada que están sometidas a las potestades administrativas de la ACA con respecto a su régimen de funcionamiento y están sujetas a reversión de la Generalitat, libres de cargas. El artículo 35.2 del RD Legislativo 3/2003 lo dice bien claro pero no concreta cómo hacerlo.

La reversión está pendiente desde la creación de ATLL el 1990 en que fueron respetadas las propiedades privadas afectadas. Si se consideran los años de funcionamiento de esos activos, es de suponer que su valor contable será bajo o moderado. Aquí si presenta una ocasión de concretar coste y procedimiento de reversión.

La coordinación de la explotación de las instalaciones públicas y privadas es un viejo problema derivado de la llegada del agua del Ter a Barcelona. Los intereses privados de la SGAB siempre han considerado que el agua pública ha de ser complementaria de la de su planta de Sant Joan Despí. El buen funcionamiento hidráulico y económico del abastecimiento en alta ha de considerar factores de conjunto que no dependen de la propiedad de la planta: los hidráulicos, afectan a la garantía del sistema y al aprovechamiento óptimo del agua. Los económicos, al precio final del agua.

Y finalmente, ¿por qué no considerar que ATLL debería tener un carácter consorcial en el que tuviesen cabida los intereses y derechos históricos locales que estuvieron en el origen del sistema regional?

Así pues, ATLL tiene una segunda oportunidad en la que, además de la recuperación de la gestión pública, pueden corregirse los déficits históricos con los que nació el 1990, que dificultan el gobierno eficaz de ese servicio público.

[1] El 50% restante había sido pagado por el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Pirinea Oriental

Comentarios

La redacción recomienda

22 de Mayo, 2017
agua, bien económico
8 de Mayo, 2017
Regular al regulador (2)
24 de Abril, 2017
Regular al regulador (1)