En los últimos tiempos se han producido diversas aproximaciones al problema del agua. La última, de la ministra García Tejerina[1], supone la apertura de un proceso político inclusivo y participativo para plantear un gran Pacto Nacional del Agua. En lo que se refiere al agua urbana propone establecer prioridades para las actuaciones e inversiones en materia de agua, con especial atención al saneamiento y la depuración, para dar cumplimiento a la normativa europea y garantizar la conservación de un medio ambiente hídrico más sostenible.
Puesto que el proceso es participativo, vaya por delante la propuesta de poner atención en las dos interfaces de los ciclos de uso para promover el uso eficiente del agua. Las inversiones en depuración atienden a una de ellas, la interface de devolución del agua al ciclo general, pero el uso eficiente del recurso atiende, sobre todo, a las condiciones y garantía de su captación.
El Foro Económico del Agua ha supuesto la aparición de un nuevo actor colectivo del sector y la manifestación de algunos profesionales como el economista Gonzalo de la Cámara, con intervenciones que han sido destacadas en Iagua (13/12/2016) y en la prensa económica.
Algunas de sus manifestaciones -“Tenemos buena planificación hidrológica pero desconectada de los desafíos del agua”- o las relativas al envejecimiento de infraestructuras o a la falta de coordinación de las políticas sectoriales son ampliamente compartidas y afectan al conjunto de la política hidráulica. Imagino que la ministra las ha tenido muy en cuenta en su formulación política.
Los más viejos hace décadas que pugnamos también por superar la visión territorial y tribal del agua: hay que emprender una armonización en el ámbito actual. De eso hemos tenido ejemplos lamentables en los desafortunados planteamientos y reacciones a las políticas de trasvases, en los que el trasvase se ha propuesto antes que las políticas de eficiencia como una mera operación extractiva sin garantías ni compensaciones para la cuenca cedente (véase el trasvase del Ter a Barcelona, entre otros casos con mayor resonancia mediática), y en los que las reacciones viscerales no han encontrado capacidad política ni visión estratégica para ser canalizadas adecuadamente.
De forma análoga, hay que superar las políticas sectoriales que en el fondo no dejan de ser otra forma de tribalismo. Precisamente la fragmentación territorial y sectorial que se expresa en el mundo del agua reflejan la distancia entre la visión global que aportó la ya vieja Ley de Aguas de 1985 y la práctica de su gestión por la autoridad hidráulica. Por no hablar de la Directiva Marco, a la que una aportación española hubiera añadido dosis de realismo mediterráneo que la hubieran hecho mucho más operativa.
De la Cámara se refiere también a la necesidad de gestionar las sequías y el riesgo de sequía. Eso también requiere de instrumentos económicos, uno de los cuales es un fondo interanual como el que se creó en el ámbito Ter Llobregat, internalizado en la tarifa y que, llegado el momento, permite financiar la disponibilidad de recursos hídricos más onerosos sin sobresalto alguno para el usuario.
Así pues, podemos estar de acuerdo cuando concluye que “están ocurriendo demasiadas cosas que no se entienden sobre la base de criterios racionales”.
A partir de aquí, en su discurso, deja de lado los usos agrícolas y energéticos para centrarse en el agua urbana, como si esa fuera la raíz del problema –sugiere que se nos va a quedar pequeño el manicomio…-. No queda claro si las cosas que no se entienden son nuevas o antiguas. Su discurso desciende de las políticas de agua a temas de gestión cuando dice que hay 2.500 operadores y que debemos tener unos principios únicos de regulación.
La formulación no aclara si por operadores se refiere a entidades públicas o privadas con títulos concesionales para aprovechamiento de aguas o a empresas gestoras con contratos vigentes extendidos por los titulares de la concesión. Si fuera el primer caso, probablemente serían muchas más. Y en todo caso, los principios únicos de regulación en materia de aguas deben obligar a los titulares de concesiones de dominio público que, a su vez, en el caso de que tengan contratos con terceros, deben celebrarlos en concordancia con las obligaciones que les impone la autoridad hidráulica.
De esa manera, un discurso tan claro de repente se vuelve confuso. Y más cuando esa reivindicación de principios únicos se refiere especialmente al ámbito urbano.
Respecto a ese ámbito urbano, en el que la crisis ha mostrado que se juega la gran partida del futuro de nuestra sociedad, no me resisto a dos recientes citas de autoridad:
“Superar la crisis social significa mayores inversiones públicas orientadas a objetivos sociales, y que estas se centren en las ciudades. En ellas vive el 75% de la población europea y son el lugar en el que se puede resolver la crisis social.”[2]
“Keynes dio a la economía un fin moral: la búsqueda de una “sociedad armoniosa”, orientada a la “vida buena” de los ciudadanos. A partir de los años 80s la economía perdió esa alma. Hoy necesitamos devolvérsela.”[3]
Pues bien, la crisis económica ha conllevado algunos cambios de escenario:
1. La estabilidad presupuestaria, y también su interpretación, más laxa para el Estado, más dura para las CCAA y mucho más para los municipios.
2. La Ley 27/2013 de sostenibilidad y racionalización de la administración local que puede interpretarse como si los grandes culpables de la crisis económica hubieran sido los municipios y esa ley fuera la solución. Por lo que se refiere a la gestión de servicios públicos, la Ley limita la capacidad de decisión municipal pues impone condiciones muy severas a las decisiones de gestión pública.
En ese contexto de acoso a la autonomía municipal habrá que interpretar muchos de los movimientos en curso en el mundo del agua.
