Aguas revueltas en Cataluña

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Sobre el blog

Jordi Oliveras
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Consultor en ingeniería hidráulica y formador. Emprendedor 2.0. Creador y Webmaster del portal HidrojING, consultoría, formación y recursos en Ingeniería Hidráulica e hidrología y blog temático.
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En los últimos meses en Cataluña las aguas bajan revueltas… Y es que cuando se trata el tema de la gestión del agua las palabras que más veces se usan son guerra, batalla y recurso, en vez de ciclo, servicio y calidad.

Los principales frentes abiertos son dos: la adjudicación de ATLL (la empresa pública responsable de la red de abastecimiento de agua en alta para 4’5 millones de habitantes del área de Barcelona) y la creación de Aguas de Barcelona Empresa del Ciclo Integral del Agua (nueva empresa que se encargará de la gestión del ciclo del agua en Barcelona y su área metropolitana, con un total de casi 3 millones de habitantes).

Pero los actores protagonistas en estas dos historias se repiten: Acciona, Agbar y Generalitat; con algunos matices en los papeles que desempeñan según la historia que protagonicen… En este artículo voy a intentar realizar una sinopsis de cada película… después ya habrá tiempo para el debate.

“Toma el dinero y corre”

ATLL (ahora ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA) es la empresa pública encargada de la gestión en alta del agua. Su gestión se desarrolla desde su captación en ríos y embalses, su producción por desalación, su potabilización y su distribución hasta los depósitos municipales en nueve de las comarcas más habitadas de Cataluña.

Cómo empresa pública en teoría debería reflejar una cuenta de resultados anual con balance cero, con lo que se consigue gastar enteramente el presupuesto destinado ajustando las actuaciones a éste… pero una cosa es la teoría y otra la realidad.

En los últimos años estas cuentas han ido acumulando número rojos al tener que asumir los costes de inversión en grandes infraestructuras de interconexiones y ampliaciones de instalaciones, sin poder recurrir para ello a aumentos de presupuesto mediante subida de tarifas a los municipios a los que vende el agua o a más inversión desde la Generalitat.

Llegados al año 2012 se producen dos factores que combinados aceleran el proceso de privatización de ATLL:

1) la imposibilidad de la empresa pública para financiarse en los mercados debido a la deuda (700 millones) y a las pérdidas (44 y 34 millones los dos últimos años).

2) La necesidad de la Generalitat de ingresar dinero para cumplir los objetivos de déficit para 2012.

Con este panorama, la Generalitat saca a concurso la concesión a 50 años de la gestión de ATLL a cambio de un canon de 995’51 millones de euros, más la condición de invertir 123 millones para mejora de instalaciones. Eso sí, la adjudicataria no asumirá la deuda de 700 millones.

Las pretensiones de la Generalitat son la de adjudicar la gestión a la empresa que presente un mejor precio en la tarifa de venta del agua a los municipios y una subida de aquella de manera gradual a lo largo de los 50 años de concesión.

A principios del mes de noviembre de 2012 se hizo pública la noticia que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya había adjudicado la concesión de la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona y el banco de inversores BTG Pactual de Brasil.

La valoración final de las ofertas arrojó el siguiente resultado: la propuesta de Acciona se valoró con 87’73 puntos (con una propuesta de tarifa de 0’7088 €/m3), mientras que la de Agbar se valoró con 51’25 puntos (con una tarifa de 0’79 €/m3).

Pero el anuncio de la adjudicación ya venía precedida por la polémica debido a que Agbar ya había anunciado que impugnaría la designación de la adjudicación… todo ello antes de hacerse pública la resolución, con lo que se entiende que ya sabía que no iba a ser el adjudicatario.

La firma del contrato se realizó antes de finalizar el año, efectuándose un primer pago de 298’6 millones, mientras que los 700 restantes se abonarán prorrateados a lo largo de los 50 años de concesión. Y, evidentemente, las reclamaciones por parte de Agbar no se hicieron esperar:

- Por un lado recurrieron la adjudicación ante la OARCC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya) alegando que la oferta de Acciona incumple los plazos para realización de unas obras según lo establecido en el Pliego de Condiciones del Concurso.

Resaltar que la OARCC decreta que la oferta de Acciona debía de ser desestimada al no cumplir el Pliego y "vulnera los principios de igualdad, no discriminación y competencia" con lo que su dicamen "pone fin a la vía administrativa y es directamente ejecutiva".

- Por otro lado, acuden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), interponiendo dos demandas: una al Departament de Territori i Sostenibilitat por negarse a mostrar la oferta de su rival a Agbar para establecer la base legal de la impugnación del concurso; y una segunda sobre el cumplimiento de la resolución del OARCC.

Así que, al haber entrado un nuevo personaje (TSJC) en este triángulo “amoroso” entre Agbar, Acciona y Generalitat, asistimos a la aparición de nuevas tramas en el desarrollo de los acontecimientos:

- La Generalitat estudiando el dictamen del OARCC para determinar su repercusión jurídica y las consecuencias que puede tener sobre el contrato ya firmado.

- La misma Generalitat y Acciona pidiendo al TSJC que no aplique ninguna medida cautelar que suspenda la adjudicación.

- Acciona, preparando reclamaciones, tanto si la sentencia se decanta a favor de ellos (por daños y perjuicios), como si la sentencia se decanta en contra (por la devolución de los 298’6 millones ya abonados)

- Agbar pidiendo que se cumpla el dictamen de la OARCC y la sentencia se decante a su favor.

El último capítulo, fechado en 27 de marzo, lo protagonizó el TSJC, con su sentencia en la que da la razón a Agbar y determina que se aplique la resolución del OARCC, suspendiendo la adjudicación del contrato, e instando a la Generalitat a que adjudique de nuevo el contrato de gestión de ATLL.

Sin duda aún quedan muchas e interesantes nuevas entregas para poder llegar al final de la historia… de momento, evidentemente, Generalitat y Acciona han recurrido la sentencia del TSJC, Acciona ha anunciado que sigue con la gestión (¿qué iban a hacer, dejarnos sin agua?), el Director del ACA ha dimitido… Seguiremos atentos…AGUAS REVUELTAS EN CATALUÑA (II)

“Lo que la verdad esconde”

La distribución de agua en Barcelona es un servicio que gestiona desde hace 140 años la compañía Aigües de Barcelona (Agbar). A lo largo del siglo XX, también se fue encargando del servicio en 23 municipios del Área Metropolitana. Por ello, como desde siempre se ha relacionado el servicio del agua con la compañía, nunca se había cuestionado la legitimidad de la concesión del servicio.

Pues bien, en el año 2006 la citada compañía corta el suministro de agua a una familia por una deuda de más de 6.000€ debida a una fuga en una cañería del sótano del inmueble. La familia demanda a la compañía y el año 2010 el juez les da la razón, con lo que la compañía no cobra y debe restablecer el servicio.

El asunto podía haberse acabado ahí… pero el juez decidió seguir investigando la relación entre Aigües de Barcelona (Agbar) y las administraciones competentes, pidiéndoles los contratos de concesión, los cuales nunca fueron presentados…

Delante de estos hechos, el juez sentenció que “(…) en estos momentos la gestión del servicio de suministro de agua a la ciudad de Barcelona y la actuación de AGBAR como concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas (…) el precio que cobra la compañía a los ciudadanos es ilegal”

A raíz de esa sentencia, distintas entidades han ido reclamando periódicamente que se haga público el contrato de concesión, y que se resuelva el vacío legal en la prestación de un servicio fundamental.

Este pasado año ha aparecido en escena la Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB), un organismo supramunicipal que agrupa a 36 poblaciones y cuya competencia es la de gestionar el Ciclo del Agua en el Área Metropolitana. Su junta de gobierno es enteramente político, la preside el alcalde de Barcelona, y el resto e cargos de gobierno se los reparten entre CiU, PSC, ERC i ICV. En agosto de 2012, AMB inicia los trámites para la firma de un convenio.

En noviembre de 2012, el pleno municipal de AMB llega a un acuerdo para solventar el vacío legal creando una empresa (Aguas de Barcelona Empresa del Ciclo Integral del Agua) que será la encargada durante 35 años de la distribución de agua en 23 municipios (que ya venía haciendo Agbar) y la gestión del saneamiento y reutilización del agua de los 36 municipios del Área (que ya venía haciendo AMB), con un reparto de las acciones del 85% para Agbar y 15% para AMB.

Lo curioso del acuerdo es que se llega a él sin ningún tipo de quórum, CiU y PSC votaron a favor, ICV se opuso y el resto se abstuvo. Pero su aprobación hizo revivir las demandas derivadas de la sentencia de 2010, a las que se le suman otras que provocaron la suspensión cautelar de la constitución de la nueva empresa:

- Por un lado, las entidades que por aquel entonces reclamaron que se hiciese público el contrato de concesión del Ayuntamiento de Barcelona con Agbar, efectuaron denuncia frente a la Fiscalía Anticorrupción al considerar que tampoco existe dicho contrato de concesión entre AMB y Agbar, y que esta nueva empresa era una manera de regularizar una situación anómala.

- Por otro lado aparecen los recursos presentados al TSJC por parte de Aguas de Valencia (participada por Suez, también accionista de Agbar¿?), Aqualia (del grupo FCC), Acciona Agua y el abogado Xavier Xifra, basándose en la irregularidad de efectuar una concesión a una empresa sin realizar concurso público. El señor Xifra, además cifra que esta privatización encarecerá el agua un total de 64’7€ al año a cada familia.

- Y como actor invitado, y para más inri, la propia Generalitat (gobernada por CiU, no lo olvidemos) también se desmarca con una demanda al acuerdo, al considerar que la nueva empresa invade las competencias autonómicas de producción y suministro de agua potable en alta.

Finalmente, el pasado viernes 15 de marzo el TSJC desestima todos los recursos presentados, lo que da vía libre para la constitución definitiva de Aguas de Barcelona Empresa del Ciclo Integral del Agua, ya que según la notificación de los magistrados los eventuales daños que produciría el mantenimiento de dicho acuerdo (que, además, salvaguarda en principio el interés público) son perfectamente resarcibles en caso de que prosperase el recurso”.

Seguramente, este capítulo no será el final de la novela, ya que así como Generalitat y AMB entablaran negociaciones para llegar un acuerdo (no queda claro qué es lo que tienen que acordar), Acciona (no olvidemos la batalla por ATLL), Aqualia (FCC) y Xavier Xifra mantienen sus recursos.

La Clave

Como en aquel ya mítico programa de José Luís Balbín, después de la película es interesante abrir la posibilidad del debate… lo que ahora se le llama cinefórum…

En los momentos actuales de crisis donde lo que prevalece por encima de todo es la reducción de costes, la privatización de un bien común como es el agua se ha convertido en un hecho… ¿inevitable?

Me parece que la privatización de la gestión de ATLL se ha efectuado básicamente bajo el prisma de las estrecheces económicas de la Generalitat y la necesidad imperiosa de obtener ingresos para cumplir unas exigencias de déficit… todo demasiado acelerado para que se pudiesen cuadrar los números en el momento de pasar cuentas a final de año… y ya sabemos cómo se suelen hacer esas cuentas…

Pero ahora que el TSJC ha declarado nula la adjudicación a Acciona, ¿Cómo se le podrán devolver los 300 millones de euros si la Generalitat ya no los tiene? Al menos, el TSJC ha actuado en consecuencia con la resolución de la OARCC, porque de lo contrario ¿en qué lugar hubiera quedado la OARCC?... En definitiva que esta será una batalla que aún traerá mucha cola… y cuanto más tarde en resolverse peor…

En lo referente a la nueva empresa de gestión del ciclo del agua en Barcelona y alrededores, es posible que no se hubiese creado si no hubiera existido la investigación del juez respecto a la concesión del servicio… ¿que el accionista mayoritario sea Agbar? No supone un gran problema, si hasta la fecha ha ido prestando y cobrando el servicio…

Desconozco qué decía la ley de contratos y concesiones con las Administraciones cuando por allá el siglo XIX la Sociedad de Aguas de Barcelona empezó a hacerse cargo de la gestión municipal del servicio del agua… pero quizá sí que pecaron de ingenuos en no arreglar la situación en su debido momento… supongo que creían que nunca nadie iba a preguntar por ello…

Ahora bien, desconozco qué tiene de objetivo los recursos de Acciona y la Generalitat sobre la creación de la nueva empresa de gestión del Ciclo del Agua existiendo por medio el contencioso de ATLL… Recordemos que detrás de las decisiones hay personas, y que éstas se mueven por intereses ya sean económicos, políticos o personales. Después de haber indagado más sobre el tema, todos ellos (personas e intereses) podrían dar para una interesante serie de artículos…

Es más, qué es mejor: ¿qué toda la gestión de agua desde principio a final de ciclo sea patrimonio de una única empresa (Agar si el TSJC le da la razón en el contencioso de ATLL)? O bien ¿Qué el gestor en alta le venda el agua a otro gestor en baja, y que las dos empresas estén enfrentadas judicialmente? ¿Qué repercusión tendrían estas hipótesis en el usuario final?

Recordemos que estamos hablando de un bien tan importante, imprescindible y vital como es el agua… Un servicio en el que debería primar la calidad de la gestión por encima del beneficio económico, y por lo que tengo entendido el objetivo de las empresas privadas en general es el de conseguir el máximo beneficio posible… y el agua no debe ser una mercancía para la especulación…

Ante esta situación sólo cabría integrar la gestión del agua de manera pública, pero lo que sí que es evidente es que la gestión pública del ciclo del agua es insostenible al precio que se está pagando actualmente (y hablo principalmente de los usuarios finales)…

Personalmente me parece sorprendente que la población en general se queje cuando se pretende subir la tarifa del agua (que se paga por vivienda) y en cambio se presten a pagar cuotas mensuales de móvil que son hasta tres veces más caras (y además se pagan individualmente), con lo que se da la paradoja que una familia de 3 personas pague 25€ al mes de recibo del agua y en total 150€ al mes de móvil… es surrealista…
Parece como si la gente no tuviese suficiente conciencia en lo que cuesta que el agua salga por sus grifos, y quizá desconoce que una vez sale por los desagües, esa agua sigue teniendo unos costes… ha faltado realizar una gran labor de pedagogía en este sentido…

Guiones originales

La realización de este artículo no hubiera sido posible sin una documentación previa, la cual paso a relacionar para que quede constancia:

- Antonio Cerrillo, de la Vanguardia, en sus artículos:

- Sección de economía de la Vanguardia

- Sección de política de la Vanguardia

- Plataforma Aigua es Vida

- Sección de economía de El Mundo

- Laia Balasch, de Media.cat

- Dani Cordero, de El País, en sus artículos:

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