La quinta conversación en azul y marrón está protagonizada por Aniza García Morales. Aniza es Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, consultora externa de ONG, miembro de WATERLEX y autora del libro El derecho humano al agua.
Comparto a continuación sus respuestas sobre agua y saneamiento:
Pregunta: ¿Qué ha cambiado a nivel internacional con el reconocimiento en 2010 del agua y el saneamiento como Derechos Humanos? ¿O sigue todo igual?
Respuesta: En mi opinión, el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, tiene relevancia en la medida en que aplicar el enfoque de los derechos resulte una estrategia útil para su satisfacción oportuna y efectiva. Es decir, en la medida en que traducir su contenido en obligaciones concretas y exigibles, suponga efectivamente su realización.
Creo, sin embargo, que lo determinante ha sido que el trabajo, tan plural como articulado, que se ha venido haciendo “desde abajo” (sociedad civil organizada a nivel nacional, regional e internacional, movimientos locales y luchas puntuales) ha conseguido colocar el tema en las agendas nacionales e internacional; no sólo en clave de derechos, sino como una cuestión prioritaria por su tremendo impacto social, económico, ambiental, político y cultural. Y estos esfuerzos deben mantenerse para asegurar resultados.
P: ¿Qué opinas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general y del número 6, el de agua y saneamiento, en particular?
R: Creo que el hecho de que exista un OBJETIVO específico sobre el acceso al agua y al saneamiento es otra muestra de la visibilidad que ha alcanzado el tema como una cuestión de atención prioritaria. Sin embargo, me parece que con frecuencia la perspectiva del desarrollo favorece la percepción de que se trata sólo de metas deseables y no de auténticos derechos universales que conllevan obligaciones, por lo menos en parte, de cumplimiento inmediato.
Por otro lado, la perspectiva del desarrollo centra la cuestión esencialmente en la disponibilidad y sostenibilidad ambiental, pero deja fuera otros aspectos igualmente relevantes para la satisfacción plena del derecho al agua y al saneamiento, como la equidad (referida sobre todo a la perspectiva de género y de diversidad étnica y cultural), y la democratización de los sistemas de acceso.
P: Las estadísticas mundiales muestran un considerable avance en materia de acceso al agua desde 1990. Por ejemplo, en 2010 se alcanzó la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el dato más reciente muestra que las personas sin acceso se han reducido hasta los 663 millones. ¿Cuál debería ser entonces el principal reto para los próximos años?
R: Tal como ha señalado la propia Relatoría de NNUU en sus Informes, hay todavía dos grandes retos pendientes. El primero es que se mantiene el riesgo de exclusión y estigmatización; hace falta, por tanto, desarrollar políticas de empoderamiento de los grupos más vulnerables (A/HRC/21/42), y abordar decididamente las situaciones de desigualdad que todavía afectan los avances conseguidos (A/67/270 y A/HRC/27/55).
En segundo lugar, el tremendo rezago en materia de saneamiento.
P: Desde diferentes ámbitos, incluido Naciones Unidas, se viene hablando desde hace años de romper el silencio sobre el saneamiento, de visibilizar la problemática como primer paso para alcanzar soluciones. ¿Qué se puede hacer para contribuir a este objetivo?
R: Lo primero, efectivamente, visibilizar el atraso que todavía existe en el acceso al saneamiento básico (pese a los avances conseguidos respecto del acceso al agua), y llamar la atención sobre la repercusión directa que la satisfacción de este derecho tendría en la reducción de las enfermedades diarreicas (que anualmente provocan millones de muertes en los países en desarrollo), y de la contaminación del agua. Más aún, los organismos especializados estiman que “por cada dólar invertido en saneamiento, hay un beneficio a largo plazo de alrededor de 9 dólares en costes evitados y ganancias de productividad” (E/C.12/2010/1, párrafo 5).
Una posibilidad sería conceder mayor autonomía a esta cuestión; es decir, no seguir abordándola sólo como una dimensión más del derecho al agua. Porque se trata de un derecho claramente individualizado, del que derivan obligaciones concretas y exigibles, y que “más que muchos otras cuestiones de derechos humanos, evoca el concepto de la dignidad humana” (A/HRC/12/24 y A/HRC/10/6).
P: ¿Qué podemos hacer como ciudadanía para contribuir a que los derechos humanos al agua y al saneamiento sean una realidad universal?
R: Me parece que todavía hay un importante trabajo por hacer en materia de visibilización / sensibilización sobre la trascendencia de estos temas. Poner de manifiesto el estrecho vínculo entre el acceso al agua y al saneamiento básico, y cuestiones de primer orden (como la salud, la sostenibilidad ambiental, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la democratización de los sistemas de gestión, participación ciudadana), puede favorecer sinergias en este sentido.
P: ¿Podrías destacar alguna campaña, acción o iniciativa relacionada con los derechos humanos al agua y al saneamiento?
R: Las consultas ciudadanas contra la privatización de los servicios de agua y saneamiento (por ejemplo, en Italia, Grecia, Madrid o Uruguay) que, en primer lugar, han servido para informar a la ciudadanía sobre la puesta en marcha de estos procesos (que con frecuencia son opacos y se realizan totalmente al margen de los procedimientos democráticos); y en algunos casos, además, han dado lugar a reformas constitucionales, configuración/modificación legislativa o suspensión/reversión de los mismos (remunicipalización). En todo caso, han puesto de manifiesto que la ciudadanía considera este tema como prioritario y de interés público.
Muchas gracias, Aniza.
