La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera (Santander), con presupuesto en torno a 24 millones de euros, fue puesta en servicio en el año 2004. Era la perla de un proceso de saneamiento ansiado durante años por la cuenca del Saja Besaya. La estación depuraba las aguas residuales de unos 370.000 habitantes, y sobre ella basculaba el Plan Saja-Besaya, un proyecto de 145 millones de euros de inversión que incluyó la construcción de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que enviaría los vertidos, ya tratados, a tres kilómetros de la costa.
Para ARCA (asociación ecologista), la construcción no había sido sometida a evaluación de impacto ambiental y vulneraba «de forma manifiesta» la Ley de Costas que, según denunciaban, prohíbe la construcción de estas infraestructuras en la ribera del mar y en los primeros 20 metros de zonas protegidas. En base a ello presento una denuncia.
Al final, una sentencia de la Audiencia Nacional obligaba a la Dirección General de Costas a reconocer los verdaderos límites de la marisma de Cortiguera y complementa la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba, a finales de 2005, la demolición de la EDAR de Vuelta Ostrera por ocupar un espacio de dominio público.
Posteriormente, en 2013, el Tribunal Supremo daba siete años de plazo para construir una nueva EDAR.
Y, en esas estamos.
Algunas notas de prensa:
- La primera obra fue financiada por el Estado (85 %) y el Gobierno de Cantabria (15 %).
- Los objetivos de ARCA, con relación al conflicto de Vuelta Ostrera, siempre han sido dos:
- La recuperación de la marisma de Cortiguera.
- Conseguir un buen plan de saneamiento para la cuenca Saja-Besaya.
- La previsible nueva ubicación de la EDAR de Vuelta Ostrera 2 se encuentra a 300 metros de la actual.
- Al Gobierno de Cantabria no le gusta la actual ubicación y propone otras.
- El Gobierno de Cantabria anuncia que no va a poner ni un euro.
- El coste estimado de la nueva inversión, con demolición de la actual EDAR, se sitúa alrededor de los 87 millones de euros.
Es, en estas situaciones, cuando uno se pregunta: ¿Qué entiende, la gente, por desarrollo sostenible?
