¿No me digas?

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Sobre el blog

Jorge Chamorro
Ingeniero especialista en tratamiento y depuración de aguas y en desalación.
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El domingo 15 de mayo, el periódico El País, en su suplemento de Negocios, se hacía eco de una carta enviada por el presidente del operador ferroviario ADIF, para, según el titular del periódico, “acabar con el abuso de modificados en las obras”.

Lo dice un organismo que, en las últimas adjudicaciones de asistencias técnicas, ha admitido bajas entre el 50 y el 60 %. El concepto de baja temeraria, que estudiábamos en la Escuela, ha debido de quedar obsoleto o, en ADIF, no lo conocen.

Si se lee más en profundidad la noticia, se ven otras intenciones. Invito a todo el mundo que lo lea. Es un artículo que no tiene desperdicio.

La pregunta es: ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

La respuesta es obvia, en la mayoría de los concursos de obras públicas el peso de la técnica es un 25 % y el de la económica un 75 %.

¿Cómo es posible que, en un campo tan tecnológico como la obra y servicios públicos, el peso de la misma solo sea de un 25 %?. Así nos va.

Si, ya sé que estos lodos provienen de aquellos polvos. Pero no podemos seguir manteniendo una situación que está descapitalizando técnicamente al sector y arruinando a numerosas ingenierías y constructoras.

¿De verdad alguien se cree que es mejor, para el público en general, que la capa de asfalto de una autopista o carretera tenga menos espesor que el prescrito si, al final, sale más económico? ¿O que una depuradora produzca el 50 % de los biosólidos que debería de producir? En este último caso el ahorro, para el público, es doble, menor coste de construcción y menos coste de operación. Ah!, ¿pero que el río está contaminado? Ciudadanos, no se puede tener todo, nos dicen.

Pues sí, el ciudadano quiere todo:

  1. Que se gestionen técnicamente las obras y servicios
  2. Que se optimice económicamente las inversiones en las obras públicas
  3. Que se optimicen los costes de operación y mantenimiento (O&M) de las obras públicas
  4. Y, sobre todo, transparencia en la gestión de los recursos públicos.

La situación requiere actuaciones urgentes y responsables. Pongámonos manos a la obra.

Ahí va mi granito de arena y mis propuestas para discutirlas:

  1. Eliminar las bajas económicas en las licitaciones públicas y proponer la adjudicación de la obra o servicio a aquella empresa que propusiera mayores prestaciones por el precio de licitación.
  2. Publicitar cuales son las prestaciones que se recogen en la oferta seleccionada y que han motivado su selección: así se dará opción a que los otros concursante comparen su ofertas
  3. Al término de la obra o servicio realizar una auditoría técnico-económica, por empresa independiente, para ver si lo ejecutado está de acuerdo con la oferta seleccionada. Y, por supuesto, que la auditoria sea accesible al público en general.

Mientras, propongo que se publicite, anualmente y por todos los organismos públicos, todas las obras ejecutadas y servicios realizados con tres campos bien especificados: presupuesto económico de licitación, presupuesto económico de adjudicación y presupuesto de liquidación de las obras y servicios.

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