Remunicipalización de los servicios de agua: Gobernanza Pública

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  • La gobernanza pública tiene un alto nivel de confianza basado en dos pilares: bajas tarifas y escasa información (imagen: Panek/wikipedia/CC)
    La gobernanza pública tiene un alto nivel de confianza basado en dos pilares: bajas tarifas y escasa información (imagen: Panek/wikipedia/CC)

Sobre el blog

Jorge Chamorro
Ingeniero especialista en tratamiento y depuración de aguas y en desalación.
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 Seguimos con la remunicipalización de la gobernanza de los servicios del Ciclo Integral del Agua (CIA), hoy hablaremos de la gobernanza pública.

Hay cierta idealización sobre la gobernanza pública de los CIA que se ve reforzada, en general,  por mantener tarifas muy económicas.  Los usuarios perciben que la gobernanza pública es mejor por ser más barata. Esta creencia limita la capacidad de gestión de los responsables públicos que, para evitar subir las tarifas y poner en riego su puesto de trabajo, tienden a no incluir todos los costes del servicio en las tarifas.

Hay cierta idealización sobre la gobernanza pública de los ciclo integral del agua

Generalmente, no se consideran los costes de la primera inversión en la creencia, errónea, de que como los ha subvencionado el Estado o la Comisión Europea, a través de los diversos fondos, no es correcto repercutirlo en las tarifas. Se olvida que, dentro de quince años, se deberá de proceder a sustituir la mayor parte de los equipos mecánicos por razones obvias de obsolescencia y eficiencia energética. Si no se dispone de capacidad económica para abordar estas sustituciones los costes de operación y mantenimiento (O&M) se elevan de forma exponencial.

En otras ocasiones, los costes energéticos se imputan a una partida común a todos los servicios municipales y no se incluyen en las tarifas.

Para mantener las tarifas bajas, los presupuestos anuales de (O&M), año a año y de forma paulatina, se mantienen o se incrementan ligeramente y, en el peor de los caos, se reducen.

Los costes fijos sufren el primer recorte, como la energía eléctrica sube de forma incontrolada, se reducen los costes de las otras partidas: personal (se deja la formación y la capacitación), mantenimiento y conservación (M&C) (se potencia el mantenimiento correctivo en vez del preventivo) y se  bajan las prestaciones de calidad y medioambientales.

Periódicamente, y dado que hay cambios políticos en el municipio, los nuevos responsables colocan a “su personal de confianza”, al principio, en lo que denominan puestos estratégicos luego, sin pudor, en donde quieren y como quieren. Eso sí, no despiden a los anteriores, tienen unos contratos blindados y cuesta más echarlos que aguantarlos cuatro años y, total, dentro de ese tiempo a lo mejor cambian las cosas y lo mejor es no hacernos daño. Mientras, la plantilla técnica y los trabajadores, con una buena formación y cualificación,  ve como el servicio se va degradando al destinarse más recursos económicos al nuevo personal que a las instalaciones.

Los costes variables también se reducen. Se paran equipos o instalaciones (esto no es eficiencia energética), se adicionan menos reactivos y se generan menos residuos (su disposición suele ser una partida muy importante de los costes variables). Todo ello a cambio de una peor calidad del producto.

Un mal endémico a la gobernanza pública es el uso de los ingresos obtenidos en los servicios del CIA para cubrir otros gastos, corrientes o no, del municipio. En numerosas ocasiones han servido para reducir, de forma ficticia, el nivel de endeudamiento del municipio a través de la solicitud de cánones para concesión del servicio.

En resumen, la gobernanza pública también está sujeta a los principios básicos de cualquier servicio público: transparencia, confianza y gestión profesional.

Es cierto que la gobernanza pública es, por lo general, algo más transparente que la privada, pero no mucho más. Conocer cuáles son las partidas que forman las tarifas no es algo fácil de lograr. Se tiene tendencia a ocultar costes asociados al servicio mediante su inclusión en  partidas comunes con otros servicios  (energía eléctrica, comunicaciones, personal, etc.).

La gobernanza pública si tiene un alto nivel de confianza por parte de la opinión pública basado, eso sí, en dos pilares de dudosa credibilidad: bajas tarifas y escasa información. La creencia de mantener al usuario en la ignorancia de la realidad del servicio es el primer escollo que se encuentran a la hora de justificar adecuadamente las tarifas.

La gestión profesional no solo forma parte de la gobernanza pública sino que debe de ser inherente a la gestión del servicio que, esta sí, debe de ser pública. Con una gestión profesional adecuada, la gestión pública podrá optar por una gobernanza pública-si dispone de personal con capacitación técnica- o una gobernanza privada.     

En cualquier caso, la necesidad de disponer de unas auditorias técnicas y económicas periódicas es una necesidad a todo servicio de CIA, tanto con gobernanza pública como privada. A través de ellas se podrá obtener información fiable sobre la calidad del servicio y disponer de información relevante para mejorar, de forma continua, el servicio.

Para terminar animaros a todos en la necesidad de lograr que, en las próximas elecciones,  todos los partidos lleven en su programa el compromiso de crear un organismo estatal que actúe como regulador para la gestión de los servicios de CIA.

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