Otro de los pilares sobre los que se tiene que apoyar la gestión de los servicios del Ciclo Integral del Agua (CIA) es la responsabilidad de los titulares en realizar un control de los costes los más transparente posible.
Cuando se gestiona un servicio público existe un difícil equilibrio entre la transparencia en la gestión y el buen gobierno del mismo
Cuando se gestiona un servicio público existe un difícil equilibrio entre la transparencia en la gestión y el buen gobierno del mismo. Es cierto que el día a día no puede estar sometido a escrutinio continuo pues se acaba en la inacción, pero tampoco es admisible que, en aras de la excelencia, se absolutice la gestión profesional que acaba siendo oscurantista.
Más frecuente de lo deseable los recursos económicos obtenidos de las tarifas del agua se han destinado, y se siguen destinando, a otros usos ajenos al servicio del CIA. El primer error que se comete es utilizar una caja común para gestionar económicamente todos los servicios municipales o supramunicipales. De esta forma se pueden distraer recursos económicos del CIA para otros menesteres más visibles para el ciudadano, con beneficios políticos inmediatos, pero con daños económicos y medio ambientales, a medio y largo plazo, cuantiosos.
Explicar al usuario como se distribuyen los recursos obtenido en las tarifas y la tendencia de los mismos, aumenta la credibilidad y permite, a la opinión pública, conocer la situación real del servicio.
No se deben de descartar la participación ciudadana a través de grupos vecinales, asociaciones de usuarios u otras figuras con representación en los órganos ejecutivos del servicio.
Para obtener un equilibrio entre una gestión eficaz y, a la vez, transparente creo que es necesario que los servicios sean auditados anualmente desde dos aspectos: económico y tecnológico. El primero de ellas no es frecuente, el segundo inexistente.
Mediante la auditoria económica se determinará si existe equilibrio entre ingresos y gastos. No concibo que, en la gestión del servicio, se generen beneficios cuyo destino no sea el propio servicio. Siendo más aconsejable, antes que el reparto de beneficios, la revisión de las tarifas vigentes a la baja. Evidentemente, cuando se generen pérdidas, las tarifas se deberán de revisar al alza.
Primer error: utilizar una caja común para gestionar económicamente todos los servicios municipales
Además, la auditoria económica determinará si los diferentes gastos se han imputado correctamente a las partidas presupuestarias previstas y no se ha producido malversación.
La auditoría técnica realizada por organismos independientes es el gran reto al que se deben de enfrentar todos los servicios públicos y especialmente los del CIA. La credibilidad de la gestión y, especialmente, lo adecuado de las tarifas vigentes estarán garantizados si se dispone de una auditoría técnica externa que avale el buen hacer de los responsables del servicio desde el punto de vista tecnológico y de gestión de recursos humanos.
Obviamente no quiero dejar pasar la ocasión para poner de manifiesto que, si todos los servicios públicos tuvieran que someterse a las auditorias antes mencionadas, se ampliarían las expectativas laborales de numerosos profesionales que por su formación y conocimientos podrían asumir este tipo de actividades.
