El Acueducto Tajo-Segura es la obra hidráulica de mayor importancia en nuestro país. Hace 36 años llegaron las primeras aguas del Tajo, comenzando un desarrollo en el sureste y consiguientemente en toda España. Desde esa fecha se han trasvasado 12.367,55 Hm3 de agua para abastecimiento -más de 2’5 millones de habitantes censados más otros 800.000 en verano- y en regadío -145.000 has. con más de 80.000 regantes-. El agua que se trasvasa es parte de la excedentaria en la cuenca cedente, la cual goza de prioridad en su uso.
En las zonas regables del trasvase se dispone de la más avanzada tecnología de riego, siendo precursores en técnicas como el goteo, invernaderos de última generación, cultivos hidropónicos o cogeneración. La modernización se encuentra implantada en más del 90% de las tierras regables, y más del 50% de ellas disponen de procesos de automatización. Se trata además de una moderna agricultura que no se mantiene con subvenciones, sino que es rentable. La industria agroalimentaria vinculada al agua del trasvase aporta en su conjunto 2.364 millones de euros al PIB nacional y más de 100.000 empleos. Murcia, Alicante y Almería suponen el 69% del total de las exportaciones de hortalizas de España, y el 28% de las frutas, lo que hace un total en frutas y hortalizas del 44% de las exportaciones nacionales.
El trasvase ha sido y es una obra generadora de gran conflictividad
El trasvase ha sido y es una obra generadora de gran conflictividad. A los usuarios del trasvase no nos gusta que se polemice con el agua ni que se haga con ella una política partidista, ya que es un recurso tan valioso que solo cabe examinarlo desde una perspectiva de Estado, siendo éste quien ostenta la competencia sobre los ríos intercomunitarios.
Ahora bien, la realidad es que no existen recursos excedentarios suficientes para atender la dotación legal de 600 Hm3 anuales –la media de trasvases es de unos 350 Hm3 anuales-, y de ahí la necesidad de disponer de recursos complementarios. Una vez perdida en esta legislatura la aprobación de un nuevo PHN, se ha tenido que acudir a la posibilidad del uso de la desalación de agua de mar, procedente de las plantas construidas por el Plan AGUA, entre las que destacan las de Torrevieja (40 Hm3), Valdelentisco (37 Hm3) y Águilas (30 Hm3). Pero lo cierto es que el volumen disponible de agua desalada no es suficiente y su uso en regadío es imposible si no se establece un precio competitivo. El Presidente del Gobierno se comprometió públicamente en Murcia a fijar un precio social para el recurso, si bien hasta la fecha no se ha materializado.
La ventaja de la desalinización de agua de mar es su condición de inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, pero como inconvenientes presenta:
- Elevado consumo energético asociado a su producción (3’70-4’30 kWh/m3).
- Nivel de emisiones de GEI poco compatible con las políticas relativas al cambio climático.
- Elevada concentración de boro, que puede producir problemas de fitoxicidad en los cultivos. Al limonero por ejemplo le puede provocar daños cuando el índice de boro es superior a 0’3 mg/l, y entre 0’5 y 0’75 mg/l en el resto de cultivos.
A los usuarios del trasvase no nos gusta que se polemice con el agua ni que se haga con ella una política partidista
- Carencias y desequilibrios en su composición, al poseer unos contenidos mínimos de calcio, magnesio y sulfato, precisando así un postratamiento de remineralización.
- Elevada acidez y poder corrosivo, que ocasiona problemas en las tuberías.
- Y sobre todo, un coste del agua producto muy elevado, entre 0’60 y 0’80 €/m3. Si lo comparamos con la tarifa del trasvase -0’097 €/m3-, ya de por sí una de las más caras de España, resulta obvia la diferencia.
Estos problemas podrían paliarse en caso de poder mezclar esta agua con la del trasvase (lo que vuelve a hacer de ésta un recurso irremplazable) en una proporción para el agua desalada no superior al 30-35%, si bien el problema seguiría siendo el precio de esta última, considerando los regantes que no debería ser nunca superior a 0’30 €/m3, la cual puesta a pie de parcela supone por lo menos otros 10 céntimos adicionales -0’40 €/m3-. Pasar de ahí hace inviable el uso de estas aguas para riego.