Una de las cuestiones que surge inmediatamente en los nuevos gobiernos de muchos municipios, porque en muchos casos ya figuraba en el programa electoral, es la remunicipalización de servicios esenciales, como el agua o los residuos. También a nivel autonómico se habla de recuperar para el sector público procesos de concesiones en puertos, u otras actividades económicas susceptibles de concesión administrativa. Asimismo, esta cuestión de la remunicipalización de servicios, y en especial de los servicios del agua, ha estado muy presente en los últimos tiempos en la prensa.
En ambos casos, el lenguaje utilizado, así como el énfasis puesto en determinados aspectos del tema, nos lleva a la redacción del presente post.
En primer lugar, hay que recordar que los servicios esenciales que figuran en las normas y leyes que regulan las administraciones locales no pueden privatizarse, y por tanto no existen servicios esenciales privatizados. Lo mismo ocurre con el Estado y las Comunidades Autónomas.
La Administración que decida cambiar de un sistema de gestión indirecta en pleno funcionamiento a un sistema de gestión directa no puede hacerlo por un simple acuerdo
Lo que sí pueden hacer, y han hecho en muchos casos las administraciones, es elegir entre el modelo de gestión directa, mediante órganos propios y con funcionarios o contratados del sector público, (además en muchos casos de contratos de servicios con empresas privadas), o el de gestión indirecta, mediante concesiones administrativas a empresas privadas. En este último caso, y siempre porque previamente la administración considera de forma motivada que es más eficiente hacerlo, se contrata a empresas privadas, mediante el correspondiente proceso selectivo regulado por las leyes de contratación, se les adjudica la gestión por un plazo determinado y nunca superior a 50 años, de un ámbito o servicio municipal o estatal. Así, cuando el Estado adjudica una concesión para la construcción y explotación de una zona portuaria determinada, no deja de tener su titularidad. Simplemente, contrata a una empresa privada para que gestione, en muchos casos con una inversión inicial, que siempre revierte al Estado al finalizar la concesión, la zona portuaria concesionada. Lo mismo puede decirse de cualquier otro servicio municipal.
Por lo tanto, y como primera conclusión fundamental, no hay que remunipalizar o recuperar nada, porque ya se tiene. En todo caso lo que se haría, es cambiar el sistema de gestión, ahora indirecto, por uno directo de la propia administración.
Segunda conclusión, y no menos importante: Cuando la Administración adjudica una concesión de servicios o de obra pública, debe hacerlo siempre siguiendo un procedimiento administrativo, debidamente fiscalizado. En dicho procedimiento figura necesariamente un estudio económico financiero de la concesión, un anteproyecto de las obras necesarias y de explotación del servicio, un pliego de prescripciones técnicas, un pliego de condiciones económico-administrativas y unos informes técnicos y jurídicos de valoración de las ofertas, con la correspondiente decisión del órgano de contratación. Toda esta documentación regula el proceso de adjudicación, para que sea transparente y justo, haya la correspondiente publicidad e igualdad de oportunidades. Y sobre todo, no lo olvidemos, la documentación se elabora por parte de la Administración como única responsable; no del adjudicatario. Es decir, la Administración tiene todos los mecanismos para efectuar un proceso de adjudicación eficiente y eficaz; transparente y justo, y es la responsable de ello.
Naturalmente, esa eventual decisión de recuperar una concesión de gestión de servicios públicos, totalmente legítima desde el punto de vista político, tiene unas consecuencias económicas.
Como primera conclusión fundamental, no hay que remunipalizar o recuperar nada, porque ya se tiene
Si a una empresa se le ha adjudicado previamente un contrato, siempre a cambio de una contraprestación valorable económicamente, y discrecionalmente se quiere cancelar anticipadamente, forzosamente tiene que haber compensaciones, que resarzan razonablemente al empresario.
Es así porque, además del sentido común, lo dice la normativa local, autonómica, estatal y comunitaria, y la jurisprudencia consolidada en todos los países de nuestro entorno.
Además, la Administración que decida cambiar de un sistema de gestión indirecta en pleno funcionamiento a un sistema de gestión directa, no puede hacerlo por un simple acuerdo. Previamente, deberá iniciar un procedimiento administrativo, con documentación en buena parte similar a la necesaria para la licitación de una gestión indirecta. Es decir, un informe justificativo económico financiero, que incluya la justificación motivada del cambio en términos de eficacia y eficiencia, incorporando las necesarias indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente, un proyecto de explotación en régimen de gestión directa, y los correspondientes informes jurídicos de viabilidad. Todo ello, una vez debidamente fiscalizado y expuesto públicamente, deberá ser presentado para su aprobación por el órgano legítimamente decisorio.
Últimamente se ponen muchos ejemplos de servicios que han sido recuperados para su gestión directa, y que han resultado ser más económicos y mejores. No nos engañemos; un buen contrato de concesión convenientemente gestionado no puede ser más caro e ineficiente que el mismo servicio, con las mismas prestaciones y gestionado directamente por la administración. Y todavía más cierto al revés.
Si eso ocurre, es porque se están haciendo mal las cuentas. O bien no incluyen todas las partidas de forma equivalente, o se obvia parte de la ecuación. Si partimos de una situación de gestión indirecta, solamente será racional recuperarla si constatamos mediante informes técnicos, económicos y jurídicos, que o bien la adjudicación se hizo mal, por deficiencias en uno o varios de los documentos justificativos de la concesión, y fruto de ello el concesionario está obteniendo una rentabilidad exagerada y no quiere atenerse a un reequilibrio de la misma, o bien que el concesionario es manifiestamente incapaz para ejecutar la concesión según le corresponde, con el resultado de que el servicio previsto es notoriamente inferior al exigible.
Un contrato de concesión convenientemente gestionado no puede ser más caro e ineficiente que el mismo servicio, con las mismas prestaciones y gestionado por la administración
Si no existe esta previa justificación, no es razonable proceder a recuperar servicios públicos previamente adjudicados en régimen de gestión indirecta, ya que provocaremos un quebranto a la propia administración, y por ende a todos los ciudadanos, sin mejora adicional de servicio. Siempre será más racional mantener la situación existente en cuanto a modelo de gestión, y esperar a su finalización. Otra cosa distinta es proceder a reequilibrio económico de concesiones existentes, mediante el correspondiente proceso de análisis conjunto, propuesta de reequilibrio, y modificación de contrato pertinente, para situar la concesión en la senda prevista de nivel de servicio y rentabilidad razonable para el concesionario.
En resumen, nos parece falaz hablar de remunicipalización, y negativa la pretensión de contraponer lo público con lo privado. En el entorno económico en el que nos movemos, la colaboración público-privada en materia de infraestructuras y gestión y explotación de las mismas y sus servicios asociados, es absolutamente inevitable, y nos parece mejor tratar de que esta sea la mejor posible, con el objetivo final de obtener los mejores réditos para el conjunto de la sociedad.
