(Breve intervención en la Segunda Mesa Redonda: El precio del agua de las Jornadas sobre Suministros de Agua organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz. Málaga 11 de mayo)
Durante los últimos años hemos venido constatando las limitaciones que presenta el modelo español sobre la gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios andaluces que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas competencias en empresas privadas. Este proceso se ha producido en una situación de carencia de información que hace muy difícil valorar hasta qué punto las nuevas situaciones suponen una mejora de la gestión. O lo que es lo mismo, el mito de que un sistema privatizado es más eficiente. Además, en todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua aparecen cánones concesionales millonarios que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa sin reflejarse específicamente.
La carencia de indicadores estandarizados de gestión sobre la calidad de la prestación de los servicios ha dado como resultado una infinidad de sistemas de imposible comparación. Por ejemplo, ya a finales de 2009, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, destacó la imposibilidad de comparar el precio del agua en Andalucía (como en el resto de España) e instó a la determinación de unos criterios comunes sobre el procedimiento que debieran utilizar todas las entidades suministradoras para fijar sus tarifas. El informe que hoy se presenta vuelve a señalar esta situación. Es decir han pasado 9 años y la situación sigue sin solucionarse.
Entre las conclusiones de todos los debates sobre el agua siempre se destaca que pagamos poco por este recurso limitado. Pero conviene subrayar que el aumento tarifario sólo tiene y tendrá sentido si se destina a mejorar el servicio y no a otros fines desconocidos por los usuarios y entre los que, en los casos de privatizaciones, siempre está la financiación del canon concesional. Y claro está que la empresa privada repercute dicho canon en la tarifa a la ciudadanía.
Por ello es necesario y urgente crear una agencia reguladora que controle "su salud", supervise los concursos de privatización y vigile la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados.
Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) estamos convencidos de que una política tarifaria regulada transparente y participativa favorecería la gestión de nuestros servicios, paralizaría los procesos de privatización y minimizaría los conflictos territoriales.
Son conocidos y utilizados los sistemas regulatorios aplicados en el mundo anglosajón, si bien merece la pena mencionar aquí el caso francés, de gran similitud con el español por ser las competencias de los abastecimientos urbanos locales y por abarcar un gran número de municipios.
Durante el año 2007, el Gobierno francés aprobó un decreto por el cual establecía la obligación de suministrar información sobre estos servicios por parte de los responsables locales. Desglosa esta resolución una serie de indicadores que deben ser informados para el conjunto del territorio, indicadores a través de los cuales la colectividad organizadora del servicio asegura la calidad y la transparencia de su gestión. Un resultado claro, París, su capital, vuelve a recuperar el servicio público de gestión del ciclo integral del agua remunicipalizándolo y en el primer año de gestión bajaron, por primera vez, sus tarifas y se ha incrementado la inversión real. Situación similar viven otras ciudades, la más reciente en desprivatizar ha sido Montpellier y bajo la tarifa un 10%. Todo este proceso no ha significado, ni mucho menos, la muerte del sistema privado sino más bien un reto en el que se han adaptado haciéndose más ingenieriles y menos financieras.
En un país descentralizado como el nuestro, en todas las comunidades autónomas urge la creación de un ente técnico independiente que audite una serie de indicadores que describan la bondad del servicio (desde el interés del usuario) y que garanticen que los ciudadanos están disfrutando de una gestión pública sostenible desde una perspectiva social, económica y medioambiental.
En línea con lo anterior, es importante mencionar que la Ley de Aguas para Andalucía incluye la creación de un Observatorio como órgano de participación en el que estarán representados todos los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos. Entre sus funciones destaca "la elaboración de propuestas sobre estándares de calidad e indicadores de gestión, criterios técnicos y metodología de cuantificación de los rendimientos en las redes urbanas; y estructura tarifaria de los servicios del agua", según el texto de la Ley.
Consideramos que esta propuesta debe estar inspirada en la Directiva Marco del Agua (DMA) que señala como objetivo mantener el estado ecológico de nuestras aguas a través de la recuperación de los costes y la participación pública, ya que significa el reconocimiento de la necesidad de contar con las diferentes administraciones y con la ciudadanía a la hora de buscar las soluciones a los actuales problemas del agua. Esta participación debe ser real y basada en la transparencia. Defendemos que el peso de los Ayuntamientos -órganos competentes en esta materia- debe ser hegemónico en el Observatorio junto al de consumidores y usuarios, además de las empresas públicas que suponen más del 60% de las gestoras de los servicios en Andalucía.
El mes de octubre se aprobó en el Parlamento Andaluz una moción en la que se defiende el acceso al agua como derecho humano. Ahora, el Defensor ha presentado su informe especial Servicios de suministro. Garantías y derechos, un trabajo brillante y riguroso que coincide en contenido con la moción. Es hora ya de desarrollar de manera urgente el Observatorio del Agua; limitar los cánones para evitar el comercio y la financiación con un bien reconocido como derecho y, sobre sobre todo dar soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica, una medida que pasa por asegurar un abastecimiento mínimo de 100 litros por persona y día en caso de impago justificado y prohibir los cortes tal como lo están aplicando ayuntamientos como Medina Sidonia (Cádiz) o la ciudad de Córdoba. Es urgente observar, medir, normalizar, y ... actuar.
