En respuesta al comunicado de EUREAU sobre la Iniciativa Ciudadana Europea del Agua.
El Parlamento Europeo ha debatido la primera Iniciativa Ciudadana Europea: “El Agua es un derecho humano”, que ha recogido 1,8 millones de firmas en 28 estados europeos. Una iniciativa que pide firmemente la garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento así como que la gestión de agua no sea liberalizada.
EUREAU (European Federation of National Associations of Water Services), apoyada por AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) ha escrito una declaración en la que, una vez más, pone de manifiesto la hegemonía que el sector privado tiene sobre ambas instituciones y su interés en erigirse falsamente como los “únicos” representes del sector público y privado.
Los operadores privados no son una fuente de inversión nueva sino que acuden a las mismas fuentes de financiación que el sector público
Básicamente su comunicado pretende defender el sector privado del agua en Europa, que reconocen minoritario, y desmentir que la liberación de los servicios de agua comporte subidas de tarifa, a la vez que aboga por alcanzar un nivel de tarifas adecuado para poder hacer inversiones, es decir, subirlas.
Desde los movimientos sociales le recomendamos a EUREAU que lea el informe “Salida de operadores privados internacionales de agua en América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que auspició las privatizaciones del agua en América Latina, que nos cuenta que el fracaso masivo de la privatización del agua en el continente fue provocado principalmente por incumplimiento en las inversiones acordadas por el sector privado y un fuerte rechazo social a unas subidas de tarifas abusivas, citamos textualmente las conclusiones de dicho informe: “Tampoco se puede pasar por alto cierta incompetencia de algunos operadores, que con un manejo político y técnico deficiente, o con comportamientos directamente oportunistas, intentaron obtener rentas mediante el incremento desproporcionado de las tarifas, o promovieron continuas renegociaciones de contrato sin que existiera la base de apoyo político que permitiera sostener el impacto social negativo que ello causó”. Por cierto, sobre las inversiones privadas le recomendamos leer el informe “Espejismo en el agua. El fracaso de las inversiones privadas en servicios de agua de países en desarrollo” de la Public Services Internacional Research Unit donde queda demostrado que los operadores privados no son una fuente de inversión nueva sino que acuden a las mismas fuentes de financiación que el sector público (el excedente que produce el suministro de agua, la ayuda del gobierno nacional o de gobiernos extranjeros, préstamos de bancos de desarrollo y préstamos y obligaciones de bancos comerciales).
Este documento también nos brinda un interesante dato complementario: el sector privado sólo había realizado, en los 9 años que se estudian, el 0,3% de las nuevas conexiones necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Milenio.
Si analizamos la situación en Europa no sorprende mucho leer que EUREU defienda que es competencia de los Estados Miembros organizar los servicios de agua de acuerdo a las disposiciones pertinentes del TFEU (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y no denuncia la intromisión de la “Troika”, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), en las condicionalidades impuestas en el rescate de Grecia (privatización de la gestión de agua en Atenas y Tesalónica) y Portugal (privatización de Aguas de Portugal). O no denuncie la carta que Mario Draghi i Jean-Claude Trichet mandaron a Monti en agosto 2011 pidiendo que no hiciera efectivo referéndum constitucional promovido y ganado por la sociedad civil en contra la gestión privada del agua unas semanas antes. Catarina De Albuquerque, la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, señalaba en su informe de Julio 2013 que “Las medidas de austeridad vienen acompañadas a menudo de llamamientos para una mayor participación del sector privado, también en los sectores del agua y el saneamiento, como vía para que los gobiernos aumenten sus ingresos. La Relatora Especial ya ha expuesto anteriormente algunos problemas fundamentales de la prestación de servicios de agua y saneamiento por parte del sector privado desde la perspectiva de los derechos humanos (véase A/HRC/15/31)“.
El proceso de privatización forzada en Grecia ha conllevado subidas del recibo del agua del 300%
Cabe añadir que el proceso de privatización forzada en Grecia ha conllevado subidas del recibo del agua del 300%, en Portugal un estudio de la Associação de Empresas para o Sector do Ambiente concluye que los ciudadano pagan un 30% más cara el agua bajo el sector privado. En Francia podemos recordar que Paris al remunicipalizar la gestión del agua consiguió bajar un 8% la tarifa y ahorrar 35 M€. También podemos citar el informe de 2006 del Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua” donde nos expone sin tapujos que “A precio por unidad, el agua de un servicio público es con diferencia la opción de menor costo” y nos complementa con la siguiente reflexión: “La preocupación de que el agua se transforme en una mercancía ha sido una poderosa reacción a la privatización y, en sentido más general, a la comercialización de las redes de abastecimiento. A cierta es escala, la preocupación se justifica. Como fuente de vida, el agua no se debería tratar como una mercancía”.
Además si leemos el informe de la Relatora de Julio 2013, podemos ver una clara relación entre las subidas de tarifa y la no inversión: “A menudo, los beneficios generados por operadores privados se distribuyen casi en su totalidad entre los accionistas en lugar de reinvertirse parcialmente en el mantenimiento y la ampliación de los servicios, lo que provoca subidas de precios para los consumidores, la necesidad continua de inversión pública y unos servicios potencialmente insostenibles”. Complementariamente podemos ver en el informe del Food&Water Watch, Enero 2009: “El fracaso de la privatización del agua en los Estados Unidos”, donde encontramos aumento de tarifa, deterioro del servicio, deterioro servicio al Cliente, pérdida de ganancias, corrupción, pérdida de puestos de trabajo y por ejemplo recoge como el financiamiento privado es más costoso que el financiamiento público debido a que el interés es más alto en bonos corporativos que en bonos municipales. Además, los bonos corporativos están sujetos a impuestos.
Pero no solamente los beneficios privados elevan la tarifa innecesariamente, también encontramos los cánones concesionales (importes que pagamos los ciudadanos a la Administración Pública titular del servicio para que un ente privado gestione un servicio público mediante unas infraestructuras públicas, queda claro que poco tiene que ver con brindar un servicio de calidad, más bien tiene que ver con una compra de voluntades políticas o utilizar el agua como un activo financiero). Pues bien, en agosto de 2011 la Relatora nos informaba que "los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente pueden utilizarse para la explotación, el mantenimiento y la mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento y no pueden destinarse a otros fines oficiales”, y en España encontramos ya algunas sentencias judiciales en contra de estos cánones. En este sentido pedimos a EUREAU que hable con sus socios privados y terminen con estas prácticas, por ejemplo los 1.000 M€ que pagamos a la Generalitat de Catalunya por la privatización de Aguas Ter Llobregat a Acciona o 700 M€ del Área Metropolitana de Barcelona a cambio de solucionar concesiones irregulares de Suez en más de 20 municipios.
Como fuente de vida, el agua no se debería tratar como una mercancía
El comunicado aún es más sorprendente cuando EUREAU afirma a su vez que “reconoce las difíciles circunstancia a las que se enfrentan muchos ciudadanos europeos y apoya las diferentes iniciativas para garantizar que el agua sea asequible a todos los consumidores”. No hace falta que le contemos a su socio español, AEAS, el crecimiento exponencial de los cortes de agua en España y la incapacidad del oligopolio del agua de Aqualia y Suez para garantizar su asequibilidad, sólo en la ciudad de Barcelona se produjeron 30.000 cortes de agua y en la ciudad de Málaga se abrieron casi 41.000 expedientes en 2013.
Por otro lado, echamos en falta que EUREAU no nos recuerde uno de los primeros éxitos que ya ha cosechado esta Iniciativa Ciudadana Europea, como fue la no inclusión del agua en la directiva europea de concesiones, tal y como querían sus socios privados. El propio comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, admitió que había influido la primera propuesta ciudadana europea, y entendía “que los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría igual si existiera este riesgo”. “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añadió.
Y finalmente nos sorprende enormemente que nos pretendan hacer creer que el sector privado del agua esté de acuerdo con el Derecho humano al agua y al saneamiento. Desde el primero de los Foros Mundiales por el Agua organizados por el Consejo Mundial del Agua (otro espacio cooptado por las grandes corporaciones del agua) ha habido una oposición frontal por parte del sector privado a dicho reconocimiento. Sólo fue mediante las movilizaciones ciudadanas y los Foros alternativos que se consiguió que en Méjico 2006, 4 países (Uruguay, Venezuela, Bolivia y Cuba) firmasen una declaración complementaria donde sí reconocían el derecho humano al agua. En Turquía 2009, la sociedad civil conseguimos que fueran 25 los países que realizaron una declaración propia al respeto, y no fue hasta el Foro Mundial del Agua de Marsella 2012, una vez la Asamblea General de Naciones Unidas ya había aprobado el derecho humano al agua y al saneamiento que por primera vez se recogió en la Declaración ministerial oficial. Por mucho que el sector privado cambie ahora su discurso, pues no les queda otra, nunca serán creíbles, pues llevan décadas trabajando en su contra.
En lo único que estamos de acuerdo es en la necesidad y urgencia de tener un regulador fuerte, organismo que, por cierto, va claramente en contra de los principios de todo sector liberal. Si hablamos, complementariamente de rendición de cuentas y participación, creemos que el sector privado tampoco tiene demasiado interés. La propia Relatora lo recogía así en 2013 “la prestación de servicios por operadores privados también puede resultar preocupante en lo que respecta a otros principios y normas importantes de derechos humanos, como los principios de participación y rendición de cuentas”.
Después de todo lo expuesto y de haber leído vuestro comunicado sólo nos queda hacer un llamamiento a todos los operadores públicos que forman parte de EUREAU y AEAS (y sus filiales regionales ASA y ASAC) a salir urgentemente de estos organismos pues difícilmente verán defendido el Interés General, o representadas sus funciones públicas y vocación de servicio, en definitiva sus valores, unos valores que si les acercaran a las persones, a la Iniciativa Ciudadana del Agua.
Entidades y plataformas ciudadanas que firman este comunicado
Asamblea Paz Fama Vistabella de Murcia; Coordinadora para la defensa del agua de Jerez formada por: Federación de Asociaciones de Vecinos, Facua, Ecologistas en Acción, CCOO, UGT, CGT, Ecologistas Tempul, ATTAC, Asociación de Vecinos El Portal, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Foro Ciudadano, Trabajadores de Ajemsa, Trabajadores de IMESAPI, Trabajadores de la depuradora Guadalete, PDSA, Partido comunista de los pueblos de España, PCE, Asociación de vecinos “Palos Blancos”; Ecologistas en Acción; Federación española de Ingeniería Sin Fronteras; Marea azul del sur; Plataforma Aigua és Vida formada por: Agrupació Aus: Arquitectura i Sostenibilitat, Agrupament Escolta Sant Cugat de Salt, Assemblea 15M de Les Corts, Assemblea 15M de Sant Andreu de Palomar, Assemblea 15M de Sarrià - Sant Gervasi, Assemblea Social Guinardó-Can Baró, Associació de Veïns i Veïnes Sant Genís dels Agudells, Associació Veïnal Vila de Gràcia, Associació Salut i Agroecologia, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, Ateneu Rocaus, Ateneu Roig Cambrils, Attac - ACORDEM, Attac Catalunya, Badalona Indignada, Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya, Casal Independentista l'Ocell Negre, Col·lectiu Agudells, Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, Col·lectiu RETS (Resposta a les Empreses Transnacionals), Comissions Obreres de Catalunya, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Comitè d'empresa d'Aigües Ter – Llobregat, Comitè d'empresa de l'Agència Catalana de l'Aigua, Dempeus per la Salut Pública, Dia de la Terra, Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Frotneres Catalunya, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Gent del Ter, Grup de Defensa del Ter, Intersidindical Alternativa de Catalunya , Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura - Salvem l'Empordà, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Plataforma del Ter, Plataforma d'Oposició als Transvasaments, Plataforma en Defensa de l'Ebre, Plataforma Prousal, TV3 i Catalunya Ràdio són teves, Unió de Consumidors de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Xarxa de Consum Solidari, Xarxa Nova Cultura de l'Aigua de Catalunya; Plataforma ciudadana APEMSA no se vende formada por: ANDAD, CCOO, Ecologistas en Acción, FLAVE, Foro Social y UGT; Red Agua Pública; y Red de agua Pública de Aragón formada por: CCOO, UGT de Aragón, Fnca, Ecodes, Ecologistas de Aragón, Unión de Consumidores de Aragón,Federación de Barrios, Marea Azul, Coagret y Ansar.