Vivo en una región mediterránea levantina y este entorno, aunque privilegiado en algunos aspectos, me permite tener mi particular punto de vista sobre la problemática del abastecimiento de aguas que sufrimos. Básicamente, en nuestra región, el abastecimiento es de aguas subterráneas, algo que tiene algunas ventajas, pero también muchos inconvenientes.
Entre las ventajas de este tipo de recurso, encontramos generalmente una buena depuración de partículas y de microorganismos contaminantes, así como la dificultad de acceso al acuífero de algunas agresiones, todo ello claro está, dependiendo de la permeabilidad del terreno.
Pero también encontramos muchas desventajas, y es que nuestros acuíferos son sensibles a problemas como la intrusión marina, amenazas como la actividad agrícola, que en ocasiones hace que presenten altas concentraciones en nitratos, o bien contaminación causada por la actividad industrial.
Todas estas desventajas, se ven agravadas a causa de la sobreexplotación de los acuíferos, pero, ¿hay solución a esta problemática? En mi opinión, claramente sí, pero estas soluciones tienen un coste. Nuestra economía es totalmente dependiente del abastecimiento de agua, nuestro reclamo turístico de “sol y playa” amenaza el suministro de este recurso a la población.
Entonces, ¿cómo gestionamos este gran recurso? Por supuesto, dotando de los medios necesarios, pero esto requiere una inversión, y ¿quién debe financiarla? En mi opinión, el cliente final, cambiando la mentalidad de que “papá estado” es el encargado de subvencionar el servicio. Cada uno de nosotros debe financiar, tanto la conservación, la renovación de infraestructuras, el coste del suministro, y cambiar nuestro hábito de esperar a que los organismos oficiales se hagan cargo de algo que debemos mantener y costear los usuarios finales.
Pero, ¿cómo convencemos a la población de que es necesario que asumamos el coste? Es necesario hacer comprender que si queremos tener un servicio de calidad en materia de agua de consumo, debemos pagarlo y que no podemos seguir esperando que nos subvencionen este servicio. Los recursos públicos son cada vez más limitados. Por supuesto que se debe ayudar a las nuevas instalaciones y a los suministros de pequeñas poblaciones rurales de difícil acceso, así como aquellas comunidades con problemas de sequía a las que se debe dar suministro con camiones cisterna, pero ello no impide que debamos considerar que el mantenimiento y las diferentes actuaciones que deberemos realizar para asegurar un suministro y una gestión de calidad, lo vamos a tener que costear los usuarios finales.
En cada recibo del agua debería haber una partida destinada a estos fines, por otro lado, las empresas abastecedoras deberían, anualmente, hacer público el destino que se ha dado al dinero recaudado por este concepto de mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones, tales como recargas de acuíferos, reciclaje de residuos de plantas de tratamiento de ósmosis, reparación de conducciones, eliminación de fugas, etc.
En general, estamos muy mal acostumbrados, ya que pensamos que el dinero público ha de gestionar todas estas partidas presupuestarias, pero lo que no sabemos es que las sumas que abonamos, no incluyen todas estas cuestiones.
Si realizamos una reflexión sobre las aguas urbanas, nos encontramos con la misma problemática, que en agua de consumo. Demandamos plantas de tratamiento EDAR más sofisticadas, con tratamientos terciarios que minimicen los fangos, así como nuevas plantas de compostaje, un servicio cada vez más exigente, con altas inversiones para convertir nuestro sistema de saneamiento en sistemas completos, sostenibles, ecológicos y eficientes, de modo que se encuentren en línea con la economía circular.
Todas estas necesidades para incorporar a nuestras plantas, tratamientos avanzados que reduzcan los vertidos o bien que los reutilicen deben llevarse a cabo de acuerdo al nuevo paradigma de la economía circular, de forma que se garantice un crecimiento sostenible de manera inteligente. Evidentemente el modelo lineal de crecimiento económico en el que confiábamos en el pasado, no se ajusta ya a las necesidades de nuestra moderna sociedad. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo del «coge, fabrica y tira». Muchos recursos naturales son finitos, por lo que debemos encontrar un modo de utilizarlos que sea medioambiental y económicamente sostenible.
Nos debemos concienciar por tanto de que la gestión de los recursos hídricos, se debe realizar de forma eficiente y sostenible, y que la participación ciudadana es imprescindible, por ello considero fundamental una labor de divulgación. Se deberían realizar campañas de difusión en las que se informe y conciencie a la población de la necesidad de seguir una estrategia que permita conseguir un aumento de las tasas de reciclaje e incrementar una salida viable a las materias secundarias.
Bajo mi visión personal, el futuro de la gestión del agua, debe basarse en el ecodiseño, la ecoeficiencia de las infraestructuras, respaldadas activamente por el conjunto de la sociedad. No sin antes haber llevado a cabo formación en buenas prácticas urbanas y debates ciudadanos con un compromiso social y responsable. El siguiente paso es abrir el debate social e implicar a todos en la implantación de soluciones y con el compromiso ciudadano que conlleve a un aumento de tasas para abordar estas soluciones que son en beneficio de un mundo más limpio, más habitable y de más calidad. Claramente este debe ir unido a un sistema de recaudación y gasto transparente, participativo y que pide cuentas. Solo de este modo daremos solución a este debate.
Durante los últimos meses de 2015 han aprobado en España, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 y en Europa, a través de la Comisión Europea, el Paquete sobre Economía Circular. La ciudadanía tenemos un nuevo reto para afianzar el cambio de una economía lineal a una economía circular, transito que va a significar pasar a un 65% del reciclado en 2020. En España actualmente estamos llevando un 60% de nuestros residuos a vertederos, y tendremos que reducir ese 60% a un 10%. Además este 10% no deberá componerse de residuos primarios, sino por los rechazos de los procesos de los ciclos de valorización.
En 2011 empezó a gestarse la asociación Smartcity, dicha red de ciudades inteligentes, promueve la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios donde el sector público y privado deben participar y cooperar estrechamente para conseguir un crecimiento sostenible del que todos nos sintamos orgullosos. Para llegar a esto debemos cambiar muchas mentalidades y empezar a trabajar. Tenemos un gran reto por delante.