La seguridad hídrica en el ámbito urbano: La Ley del Ciclo Integral del Agua

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Sobre el blog

Teresa M. Navarro Caballero
Profesora de Derecho Administrativo, Directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad, Secretaria del Instituto del Agua y del Medio Ambiente, Universidad de Murcia
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Que las cuestiones relacionadas con el agua y las decisiones de todo tipo que sobre este recurso preciado se adopten son una cuestión de Estado y, por lo tanto, que la política hidráulica de un país afecta directamente a su desarrollo económico y social es una aseveración que muy pocos ponen en duda.

España, como un país afectado y fuertemente condicionado desde siempre por la irregularidad geográfica y cronológica de los recursos hídricos cuenta, precisamente por ello y de forma pionera en los países de su entrono, con un marco jurídico muy desarrollado en materia de aguas. Pronto nos dotamos de una norma que contenía un tratamiento jurídico integrador de las aguas del país con carácter general: nuestra Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866, calificada por Latour Brotóns como el “el primer Código Mundial de aguas”. En la actualidad, junto a la Constitución Española y otras normas europeas, la principal norma es el Texto Refundido de Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Ahora bien, no podemos olvidar que los servicios públicos de abastecimiento a población y saneamiento y depuración son competencia municipal, cuya norma básica es la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local. Ello ha determinado la escasa regulación a nivel estatal del servicio público de abastecimiento a población y que el Estado se haya limitado, en el estricto ejercicio de sus competencias, a regular el otorgamiento de los derechos, las concesiones o el control de vertidos. Algunas Comunidades Autónomas sí han regulado algo con distinto alcance.

Ante este panorama competencial y normativo, en aras de la seguridad hídrica, el Estado debe dotarnos de un marco normativo que al menos contenga los principios básicos que deben regir el ciclo integral del agua urbana, estableciendo los criterios que permitan homogeneizar la estructura tarifaria, definiendo y delimitando los conceptos de gastos repercutibles en las tarifas y fijando los gastos de obligada repercusión en las mismas, como las inversiones de renovación, imprescindibles ya ante la acusada obsolescencia de buena parte de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento actuales. Al  mismo tiempo podría fijar con carácter básico los procedimientos de actuación e incluso los modelos normalizados de pliegos y contratos, todo ello dentro de los títulos competenciales que le son propios (art. 149.1. 1ª, 13ª, 18ª, 22ª, 23ª CE). Constituye ésta una vieja reivindicación de los sectores especializados.

A mayor abundamiento, en un país con una economía madura del agua como España, garantizar la seguridad hídrica en el ámbito urbano exige fijar mecanismos de acción social valederos en todo el territorio nacional, evitando la vulneración del principio de igualdad por variar las coberturas de protección social en función del lugar en que los ciudadanos reciban el servicio público y del operador que lo preste. El amplio espectro de mecanismos, instrumentos y herramientas disponibles debe permitir asegurar su plena satisfacción, en condiciones básicas de igualdad.

En este punto es importante recordar que los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración han de ser eficientes y sostenibles, es decir, es imprescindible la recuperación de los costes que conlleva su prestación, cumpliendo así el principio impuesto por el art. 9 de la Directiva Marco del Agua. Por lo tanto, se hace imprescindible cohonestar la sostenibilidad del servicio mediante la adecuada recuperación de costes y la garantía de acceso universal al agua, ofreciendo soluciones a las familias que atraviesan dificultades económicas, sin disminuir la calidad del servicio.

A propósito de tan importante reivincicación, el informe “Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones” elaborado por varios grupos de trabajo dirigidos por ECODES a iniciativa de AEAS y AGA contiene importantes conclusiones entre las que cabe destacar que el agua en un Derecho Humano del que no se debe privar a ningún hogar por incapacidad de pago debidamente justificada. Como se ha dicho ya, la sostenibilidad del servicio exige que todo ciudadano tenga la obligación de contribuir al pago de una tarifa del agua que sea asequible, por ser éste un bien esencial. De tal forma, el procedimiento de corte o interrupción del suministro es una herramienta que busca asegurar el pago de aquellos usuarios que pueden pagar el agua. Pero en ningún caso debe implicar dejar sin agua a quien justifique debidamente su incapacidad de pago.

En fin, el derecho humano al agua, único derecho humano reconocido expresamente en la Resolución de Naciones Unidas de septiembre de 2015 sobre la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no implica la gratuidad del agua sino que su tarifa sea asequible. Al respecto, la ONU recomienda a nivel mundial que la tarifa del agua no supere el umbral del 3% de los ingresos del hogar. El establecimiento por el Estado español de un marco normativo que lo garantice a nivel nacional sería una forma de alcanzar la seguridad hídrica en un servicio esencial para la comunidad: el abastecimiento y saneamiento a población.

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