Gobernanza del agua y participación social en el estado de las autonomías

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Sobre el blog

La Tertulia del Agua
La Tertulia del Agua es grupo de profesionales con larga trayectoria en la administración pública del agua y en la universidad que se reúne habitualmente para analizar la evolución de la gestión de los recursos hídricos en España
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El pasado 5 de mayo, en colaboración con distintas asociaciones del sector, la Tertulia del Agua organizó la Jornada: "Un pacto social del agua, ¿es necesario?", que se celebró en el salón de actos de Roca Madrid Gallery. La jornada estuvo constituida por dos mesas redondas en las que intervinieron diversos profesionales de los sectores relacionados con el agua y el medio ambiente. Una tercera mesa tuvo como ponentes a representantes de distintos partidos políticos.

El un blogs anteriores publicamos unas conclusiones generales de la Jornada, así como un resumen de la primera mesa, aquí presentamos un resumen de las intervenciones de la segunda mesa constituida por:

Moderador. Antonio Embid. Ponentes: José Valín, Expresidente de la CH. del Duero; Joaquín Moixó, Gerente de la Agencia Catalana del Agua; y Eva Hernández, WWF-Adena.

Hay amplias discrepancias sobre la necesidad y consideración de nuevas infraestructuras, en especial embalses de regulación

Preguntas propuestas por La Tertulia del Agua:

  • ¿Como deben armonizarse las competencias de las administraciones hidráulicas estatal y autonómicas?
  • ¿Cómo ha de asegurarse su sostenibilidad económica?
  • ¿Cómo puede conseguirse una auténtica participación social en la gestión del agua?
  • ¿Es conveniente un organismo regulador independiente para los servicios del agua?
  • ¿Hay que revisar la participación del sector privado en el sector del agua?
  • ¿Qué reformas requieren la Ley de Aguas y las administraciones hidráulicas?

Temas destacables en las intervenciones y debates

1º. Puntos generales:

  • Los ponentes y las intervenciones posteriores han expuesto puntos de vista diferentes, incluso contradictorios, en varios de los temas contemplados, sin llegarse a consensos.
  • Ha sido aceptada la validez del principio de unidad de la cuenca pero se han señalado problemas en su armonización con el vigente ordenamiento constitucional del “Estado de las Autonomías”. Se han planteado matices diferentes en la aplicación del principio.
  • Se ha aceptado en general el papel gestor de los Organismos de cuenca (CCHH en las cuencas intercomunitarias) aunque se han expuesto opiniones y vías distintas para la consecución de su adecuada autonomía funcional y financiera. Se ha mencionado que la participación en la gestión debería ser paralela a una colaboración económica.
  • Sí se ha consensuado la frecuente existencia de dificultades en la gestión cotidiana para la conciliación entre el uso del recurso agua y los avances en el “buen estado de las masas de agua”. En periodos de sequía las dificultades se incrementan. Las opiniones discrepan en los detalles concretos para dicha conciliación.
  • Se ha producido un amplio consenso sobre la necesidad de una reforma de la Ley de Aguas, pero hay diferencias en la esencia de las reformas, los puntos principales de la misma y los distintos objetivos a conseguir.
  • Se ha llegado a un amplio consenso en la necesidad de proceder con un mayor rigor en la recuperación de costes de los servicios públicos del agua, para llegar a la autosuficiencia financiera del sector (salvo excepciones). Aunque se han planteado los problemas de diversa índole, incluso de seguridad jurídica, inherentes al caso de la recuperación para los usuarios presentes.
  • Hay aceptación general para alcanzar una clarificación legal que defina claramente las actuaciones excepcionales que, sobre la base de su interés general, deben financiarse totalmente con los presupuestos públicos y, en lógica consecuencia, no ser objeto de recuperación.
  • Pero se han expuesto posturas muy diversas sobre la conveniencia, firmantes y ámbito de un Pacto sobre el agua (¿social, regional o político?).
  • También se han presentado opiniones variadas sobre la oportunidad de la participación del sector privado en la gestión del agua (PPP).

2º. Puntos concretos:

  • Se han apreciado opiniones muy diversas sobre la necesidad, ámbito de actuación, funciones, adscripción y características de un futuro Organismo Regulador del sector agua. No han faltado posturas opuestas.

Se ha producido un amplio consenso sobre la necesidad de una reforma de la Ley de Aguas

  • Hay amplias discrepancias sobre la necesidad y consideración de nuevas infraestructuras, especialmente embalses de regulación, encauzamientos, etc. Se ha llegado a mencionar la inutilidad de las presas contempladas en algunos Planes Hidrológicos. Sin embargo, hay consenso sobre las actuaciones dedicadas a la depuración de aguas residuales. En este caso los disensos se han centrado en las tipologías aplicables.
  • La divergencia de posturas alcanza un alto grado respecto al fracaso o éxito de la participación pública en la gestión del agua y en particular en el Proceso de planificación hidrológica. Se han expresado opiniones en un intervalo desde la inexistencia de la participación pública hasta las dudas sobre su necesidad.
  • Se ha demandado también la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, para resolver las inoperancias en el abastecimiento y saneamiento en el caso poblaciones de menos de cincuenta mil habitantes, que son los responsables de aquellos servicios.
  • Es general la opinión de que se ha producida una excesiva judicialización de la gestión del agua (frecuentes recursos jurídicos), pero con distintas opiniones sobre las causas de este proceso. Por distintas personas se atribuye a la importancia del agua, problemas competenciales, falta de participación, etc.
  • También se han producido posturas muy enfrentadas sobre la aplicación en el futuro de los mercados del agua en la gestión. Es mayoritaria la limitación a casos de sequía profunda, aunque se ha demandado la generalización incluso en situación de normalidad.
  • Una participante ha reclamado, sin motivar su reclamación, que por parte de la Administración hidráulica española se extreme el cumplimiento de los Acuerdos con Portugal (Convenio de Albufeira) en la gestión de las cuencas compartidas. Se le ha expuesto que así se procede y que el Convenio es muy favorable para Portugal, que no parece actuar recíprocamente.

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