Los servicios jurídicos de una empresa de agua y Servicios Sociales "han reconocido la necesidad de restablecer el suministro de agua" a una familia del barrio murciana de La Paz. De este modo, la familia se puede acoger al fondo social.
Al respecto, el miembro de la Asamblea barrios de La Paz, la Fama y Vistabella de Murcia y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Miguel Ángel Alzamora, ha explicado a Europa Press que "la presión social de la movilización del viernes pasado en la puerta de la empresa y las negociaciones de esta semana han llevado" a poner solución a este problema.
Según ha comentado, la empresa "denunció a la familia porque no podía pagar las facturas de agua, llevando acumulada una deuda de unos 200 euros". Sin embargo, lamenta, "no se le informó de la existencia de un fondo social disponible para familias sin recursos y la cuantía que debía llegó a ascender a unos 1.000 euros debido a las costas judiciales".
La empresa denunció a la familia porque no podía pagar las facturas de agua.
En este sentido, Alzamora ha puesto de manifiesto que en el fondo social de este año "hay una cláusula que dice que las familias que hayan sido denunciadas no podrán acceder a ese fondo social", lo que a su juicio es "una estrategia para quitarse el problema de encima".
En esta causa han colaborado la Plataforma de desempleados de Murcia y Alcantarilla, la Asamblea de los barrios de La Paz, La Fama y Vistabella y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
Un segundo caso que ha puesto de manifiesto Alzamora también lleva al barrio de La Paz. La empresa cortó el suministro de agua a una familia, que decidió, aprovechándose del contador comunitario que se encuentra fuera del edificio, "tomarla directamente a través de un puente".
Como consecuencia, la empresa "ha sancionado a todo el edificio con casi 2.000 euros de multa", aunque ha afirmado que "tras negociar la empresa con algunas de las familias que acudieron a la asamblea convocada se ha acordado que éstas pagarán la deuda muy poco a poco".
El tercer caso del que se tiene constancia es de una familia de Alcantarilla que fue desahuciada. La empresa "le está enviando recibos desde 2011 de una vivienda en la que ya no residen y que es propiedad del banco, cuya cuantía asciende a 700 euros".
"Bajo amenaza de denuncia por parte de la empresa, la familia no puede asumir esa deuda puesto que no reside en el inmueble y hace frente a los impuestos de la vivienda donde actualmente reside".
La empresa, ha subrayado, "no se ha pronunciado al respecto sobre la queja presentada para que no haga efectiva la demanda judicial con la que amenazan a esta familia, tras estar enviándole facturas de suministro de agua de una vivienda propiedad de una entidad bancaria, en la que no habitan desde 2011 porque ha sido desahuciada". En este caso, alerta, "se prevén más movilizaciones".
