La Comisión Europea responde a la iniciativa 'Right2Water'

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  • La Comisión se compromete a promover acciones en respuesta a la primera iniciativa ciudadana europea 'Right2Water'.

La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos tras admitir que existe un problema derivado del corte del suministro en los hogares por impago de las facturas por la crisis.

Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. "Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos", ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas.

"Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud" para que "garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos" que responda a las condiciones de vida "óptimas" para "todo ser humano", ha precisado.

"Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado"

"Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos", ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es "complejo". "Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local", ha apostillado.

La iniciativa ciudadana europea 'Right2Water', promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios.

La Comisión Europea también ha confirmado "en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua" que "la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos".

"Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros", ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que "respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos".

"El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua", ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, "eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones" antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea.

Además, la Comisión Europea "garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados" en "negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos".

"Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad", ha recalcado Sefcovic.

Compromisos de Bruselas

En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo.

También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad.

Las decisiones sobre cómo operar los servicios de agua están en manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros

Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito.

La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013.

La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013.

Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso.

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