Entrevista a Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

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Luis Babiano es, desde el año 2010, gerente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Babiano se ocupa de la coordinación de todos los proyectos de AEOPAS y del control económico de la asociación.

Anteriormente ejerció, entre otras tareas, como Asesor del Director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Responsable del área de Sociedad y Territorio del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

Pregunta: Señor Babiano. En primer lugar, muchas gracias por conceder esta entrevista a iAgua.es. ¿Podría empezar contándonos como surgió AEOPAS, cuáles son sus objetivos y qué proyectos desarrollan en la actualidad?

Respuesta.- AEOPAS trabaja para crear un modelo público sostenible de gestión del agua. La asociación trabaja alineada con principios tan importantes como la rendición de cuentas al ciudadano y la participación de los usuarios en la gestión, tal y como recogen la Directiva Marco del Agua (DMA) y las leyes que sobre agua se están redactando en las distintas Comunidades Autónomas.

Y es que, como Derecho Humano que representa, la gestión del agua es una responsabilidad pública que debe integrar a operadores, usuarios y sociedad civil para hacerla más eficiente, transparente y participativa. Sólo así se garantiza la rendición de cuentas a consumidores; a titulares de los servicios; a empleados y proveedores de las entidades suministradoras; y a todo el que intervenga directa o indirectamente en la gestión del ciclo integral del agua.

Por tanto, “la implantación del modelo público supone una garantía cualitativa de preservar el recurso agua y mantenerlo alejado de los intereses comerciales, al tiempo que contribuye a homogeneizar y estandarizar los servicios prestados a la ciudadano”, tal y como se recoge en el Manifiesto de Córdoba, firmado el pasado día 16 de junio de 2009 y que supone el punto de partida de la asociación.

En cuanto a los proyectos en los que estamos embarcados en estos momento, te puedo decir que estamos haciendo un gran esfuerzo, conjuntamente con el Instituto de Estudios Fiscales, en la definición de una serie de indicadores de calidad de la gestión que sirva a la ciudadanía para poder comparar la gestión que realizan los diferentes operadores, a través del establecimiento unos parámetros objetivos y cuantificables que nos den, por un lado, una fotografía fiel de la gestión que realiza cada operador y, con el tiempo, una tendencia.

Otro de nuestros proyectos es el que tiene que ver con nuestra pertenencia a la red europea de operadores públicos, Aqua Publica Europea. A través de este trabajo en red tratamos de impulsar la gestión pública del agua y frenar, en la medida de nuestras posibilidades, los procesos de privatización. Así, hemos participado en los referendos que sobre el agua se desarrollaron el pasado junio en Italia y estamos trabajando en una posición común de defensa de lo público, para llevar al próximo Fórum Mundial del Agua, que se va a celebrar el año que viene en Marsella. En ese sentido, los próximos días 13 y 14 de octubre vamos a realizar en Sevilla una reunión de los Grupos de Trabajo de Aqua Publica.

Por otro lado, Aeopas tiene también un compromiso de solidaridad con otros pueblos, compromiso que se materializa en proyectos, en colaboración con la AECID y el FAMSI, de transferencia de conocimientos y tecnología a operadores de países de América Latina y África.

P: Uno de los ejes de su asociación es la Defensa de la Gestión Pública del agua. ¿Podría concretarnos las que son, a su juicio, principales ventajas de esta forma de gestión frente a la participación privada?

R: El agua es un monopolio natural y un derecho humano que no debe regirse por las leyes de mercado. En España el agua urbana gestionada desde lo público es aproximadamente el 50% y el otro 50% está en manos privadas. A su vez, ese sector privado, está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar (perteneciente al grupo francés Suez) y FCC (participada por Veolia, también francesa), con lo que en la práctica la competencia no es tal. Hoy en día, la entrada del sector privado en la gestión del agua conlleva, en la mayoría de los casos, el pago de un canon no finalista a los ayuntamientos, dinero que no revierte al servicio de aguas, a cambio de la cesión de la gestión del agua por un determinado plazo de tiempo, y unos precios del agua que se incrementan tomando como referencia unas determinadas fórmulas de actualización. Es decir, en España se privatiza el agua no para mejorar los sistemas sino para obtener dinero para pagar nominas o hacer rotondas. Pero el dinero sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Toda privatización en agua se repercute en la factura que pagamos y sin ser informados ya que el canon concesional (el dinero que las empresas privadas pagan al Ayuntamiento por la concesión del servicio del agua por un periodo determinado de tiempo, generalmente 20 años) no aparece en la factura como tal.

Retomando la cuestión de la eficacia en la gestión, un reciente estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades púbicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, mediante la utilización del Análisis Envolvente de Datos (DEA) que tradicionalmente es el método utilizado para la comparación de la eficiencia de un conjunto de unidades productivas. El citado estudio concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos puede ser la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de las administraciones públicas.

Estamos creando una nueva burbuja. Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad autónoma, como es el caso de Madrid con el Canal de Isabel II, tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente. Los servicios de agua son la última joya. Los municipios consiguen dinero y se quitan de encima el mantenimiento del personal, las obligaciones de gestión y la responsabilidad de subir las tarifas. Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%.

El Canal de Isabel II es un buen ejemplo de lo anteriormente expuesto. Una empresa pública bien dotada y gestionada, que garantiza el suministro de agua de alta calidad a seis millones de ciudadanos, que mejora el medio ambiente, ejerce una labor docente sobre la racionalización de un recurso escaso y que es rentable (en 2009 obtuvo unos beneficios netos de 98 millones de euros y de 115 millones en 2010). ¿Por qué privatizarla? Precisamente porque es eficiente y vale dinero.

P: ¿Cómo valoraría la situación actual de la gestión de los servicios del agua en España?

R: Durante los últimos años hemos venido constatando las limitaciones que presenta el modelo español sobre la gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas competencias en empresas privadas. Este proceso se ha producido en una situación de carencia de información que hace muy difícil valorar hasta qué punto las nuevas situaciones suponen una mejora de la gestión. O lo que es lo mismo, el mito de que un sistema privatizado es más eficiente. Además, en todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua aparecen cánones concesionales millonarios que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa sin reflejarse específicamente. 

La carencia de indicadores estandarizados de gestión sobre la calidad de la prestación de los servicios ha dado como resultado una infinidad de sistemas de imposible comparación. Por ejemplo, ya a finales de 2009, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, destacó la imposibilidad de comparar el precio del agua en Andalucía (como en el resto de España) e instó a la determinación de unos criterios comunes sobre el procedimiento que debieran utilizar todas las entidades suministradoras para fijar sus tarifas. 

Entre las conclusiones de todos los debates sobre el agua siempre se destaca que pagamos poco por este recurso limitado. Pero conviene subrayar que el aumento tarifario sólo tiene y tendrá sentido si se destina a mejorar el servicio y no a otros fines desconocidos por los usuarios y entre los que, en los casos de privatizaciones, siempre está la financiación del canon concesional. Y claro está que la empresa privada repercute dicho canon en la tarifa a la ciudadanía. 

Por ello es necesario y urgente crear una agencia reguladora que controle "su salud", supervise los concursos de privatización y vigile la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados. 

Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) estamos convencidos de que una política tarifaria regulada, transparente y participativa favorecería la gestión de nuestros servicios, paralizaría los procesos de privatización y minimizaría los conflictos territoriales. 

P: Recientemente, Italia votó en un referéndum sobre la gestión pública del agua. ¿Creen que sería posible una consulta similar en España? ¿Qué aportaría?

R: La democracia es joven y en muchos casos queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático.

Recientemente, José Manuel Naredo, coincidiendo y a raíz del 15-M, ha realizado una propuesta de axiomas de participación a respetar por gobiernos democráticos. Según este autor, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, un gobierno democrático no debería tomar decisiones que afecten a la mayoría de la población sin consultar previamente a dicha población mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado. El cumplimento de este postulado exigiría facilitar la convocatoria de referéndum, a escala nacional, autonómica, local, cuando la importancia del tema lo requiera y/o la población lo solicite, como es habitual en otros países con más tradición democrática. Naredo señala que convocar un referéndum sobre la privatización del Canal de Isabel II era una cuestión de higiene democrática. 

En Europa, por el contrario, los ciudadanos sí han decidido sobre el modelo de gestión del agua y existen países como Holanda donde la privatización del agua está prohibida por la Constitución. 

P: Pasando a la vertiente empresarial. ¿Cómo está afectando la crisis económica que vivimos desde hace años a la gestión de las empresas públicas? ¿Se han reducido los medios de los que disponen? ¿Ha afectado al servicio prestado?

R: Lo público cuando gestiona un servicio de básico como el agua no escatima en los recursos. Por otro lado, el agua tiene una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%. Es decir, el ciudadano puede dejar de comprar (o pagar) muchos productos pero el agua la consume y la paga. Eso significa que las empresas públicas de agua siguen teniendo una gran capacidad de financiación con lo que no podemos hablar de “crisis del sector”. 

En cuanto a consumos desde la pasada sequía (2005-09) los consumos de agua se han reducido sustancialmente porque el ciudadano es consciente de que el agua es un recurso escaso y hace, cada vez más, un uso responsable del mismo. 

En cuanto a las tarifas, si se están limitando porque hay que ser conscientes que muchas familias españolas están atravesando por una situación muy difícil. La mayoría están limitándose ajustar con el Índice de Precio al Consumo (IPC) interanual, es decir, aproximadamente un 3%. La necesidad de limitar la revisión tarifaria para el año 2012 obliga, en consecuencia, a limitar también todas las partidas de gastos. En cuanto a gastos, muchos presupuestos de gastos se están reduciendo entre un 3% a un 5%. 

Por otro lado, en cuanto a las actuaciones que se consideran prioritarias todas siguen haciéndose. A veces con nuevas propuestas como la fórmula de colaboración público-público como la que le hemos ofrecido a la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo promover inversiones de 638 millones de euros y que podrían crear 3.149 puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales.

P: ¿Cuál es la posición de AEOPAS con respecto a la Recuperación de los Costes de los Servicios del Agua que indica la Directiva Marco del Agua europea? ¿Creen que se está recuperando una cantidad adecuada o que deberían incrementarse las tarifas?

R: En primer lugar quiero decir que AEOPAS defiende firmemente la Directiva; en este sentido creemos que en términos generales pagamos poco por el servicio de agua y saneamiento, que supone algo tan sencillo y tan esencial como disponer de agua con sólo girar una llave. Pero conviene subrayar que el aumento tarifario sólo tiene y tendrá sentido si se destina a mejorar el servicio y no a otros fines desconocidos por los usuarios y entre los que, como en los casos de privatizaciones, siempre está la financiación del canon concesional. Y claro está que la empresa privada repercute dicho canon en la tarifa a la ciudadanía. 

Por otro lado, se habla muy poco de calidad del agua; de cómo afectan algunos usos económicos a la calidad del agua de boca y quién internaliza los costes económicos de ese deterioro en la calidad. Muchos abastecimientos rurales están pagando numerosas infraestructuras que debían de ser imputadas a otros agentes. Desde nuestra óptica, los residuos procedentes de la agricultura están erosionando gravemente los sistemas urbanos. Un dato contundente: desde 1999 a abril del 2003 un total de 135 municipios de la cuenca del Guadalquivir han sufrido episodios de contaminación difusa (sin agente conocido y distribuida por difusión) en el agua que se suministra para el consumo humano. Alrededor de 2 millones de personas, según las cifras aportadas en por el ex secretario general de Aguas de la Junta, Joan Corominas, residen en los municipios que han sido afectados por estos episodios, provocados por el uso de productos con altas concentraciones de simacinas y turbutilazinas en olivares y otros cultivos.

Por ello, desde AEOPAS apostamos por la transformación de la agricultura actual en una más ecológica en aquellas zonas en las que las explotaciones agrícolas afecten a los abastecimientos urbanos. En este sentido proponemos un plan coordinado con las administraciones competentes para subvencionar a los agricultores que decidan acogerse a este tipo de agricultura, medida que consideramos urgente para compatibilizar la gobernabilidad de las cuencas con el mantenimiento de esta actividad económica (que consideramos vital para nuestro desarrollo).

P: Estamos a las puertas de unas elecciones generales. ¿Qué medidas cree que podría tomar el nuevo gobierno para facilitar la labor de las empresas que gestionan servicios de agua? ¿Y las comunidades autónomas?

R: El 20 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución A/64/L.63/Rev1, reconoció derecho al agua potable y el saneamiento como un Derecho Humano “esencial para el disfrute pleno de la vida y de todos los Derechos Humanos”. En estas Resolución se exhorta a los Estados a “intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”. Por eso, lo primero que debería hacer el nuevo gobierno es trasponer a la legislación española esta Resolución.

Por otro lado, para Aeopas resulta incomprensible que un servicio público, esencial, vital, como es el agua, esté sumido en un desorden y una falta de regulación como el que padecemos en España. Por eso, la medida principal es la creación de un organismo regulador y el establecimiento de los indicadores de calidad de gestión que ya he comentado con anterioridad. Al igual que las empresas están obligadas a auditar sus cuentas, creemos que es necesario que se obligue a todos los operadores, tanto públicos como privados a pasar por una auditoría de calidad, que nos permita comparar la gestión de unos operadores con otros y ver las tendencias en cada uno de los operadores. Es absolutamente insostenible que no se puedan comparar las facturas de los distintos operadores, porque ni siquiera coinciden los conceptos que incluyen. Y este es sólo el ejemplo más extremo. Debemos poder comparar las políticas de transparencia, de rendición de cuentas o participación pública, no es lo mismo una empresa que incluye a organizaciones de consumidores en su Consejo de Administración y que publica los sueldos de toda la plantilla en su página web, por ejemplo, que una empresa que se gestione con opacidad.

Además, creemos que es necesario regular el canon concesional y convertirlo en un canon finalista, es decir, que aquellas cantidades que los Ayuntamientos perciban por la concesión de un servicio de abastecimiento o saneamiento vayan dirigidas exclusivamente a mejoras de dicho servicio y no a pagar las nóminas de los funcionarios municipales o a la construcción de polideportivos, ambas cosas muy legítimas, pero que deben financiarse con fondos procedentes de otras fuentes, no con el dinero del agua.

Por último, para poder cumplir con lo regulado por la Directiva Marco del Agua, es imprescindible que España haga un enorme esfuerzo en la construcción y puesta en funcionamiento de infraestructuras de depuración de aguas residuales. Por eso, Aeopas ha propuesto a la Junta de Andalucía un modelo de colaboración público-público que supone la inversión de 638 millones de euros y que es aplicable a otras comunidades autónomas.

P: Para terminar, señor Babiano. Hemos observado que en los últimos tiempos están desplegando una intensa actividad de comunicación en internet, especialmente a través de la Red Social Twitter. ¿Nos podría explicar qué uso le están dando a esta herramienta y qué beneficios obtienen de la misma?

R: Manuel Castells, en su famoso libro "El Estado del bienestar y la Sociedad de la Información", define la “sociedad informacional” como el modo específico de organización social en la que generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este nuevo período histórico. Red Social Twitter es eso, un instrumento de información que posibilita mayores cuotas de productividad y abre el terreno de juego donde circula el poder.

En este sentido @aeopas pretende ser, por un lado, un espacio de información y de defensa del modelo público del agua, y por otro, un lugar de aprendizaje e instrumento para facilitar el trabajo en red. En nuestro caso, la implementación de Twitter no sólo está dentro de la dentro de la estrategia de comunicación sino que la situamos también en la de productividad de AEOPAS (http://www.aeopas.org) ya que utilizamos el nanoblogging como un medio para comunicarnos con nuestros socios, potenciales o la comunidad y los temas son variados: novedades sobre la legislación del agua, formas de financiación de infraestructuras, difusión de nuevas tecnologías, seguimiento de los procesos de privatización, eventos, desarrollo de los proyectos de cooperación internacional, encuestas de opinión etc.
 

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