El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar han suscrito un Convenio para ampliar el conocimiento de los jueces en materia medioambiental y para crear un foro estable sobre Derecho de Aguas. El fin último es contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica en un tema que afecta a todos los ámbitos de la vida personal y social.
Es la primera iniciativa de este tipo en Europa y busca avanzar en la unificación de criterios sobre una realidad normativa diversa que va desde el ámbito local hasta el comunitario, para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho al agua.
Los consejeros Ramón Camp y Félix Azón, en nombre del CGPJ, y Ángel Simón y Ciril Rozman, en representación de la Fundación Agbar, rubricaron el convenio la mañana del 20 de diciembre en la sede del Consejo. Un convenio por el que acuerdan "la realización de actividades conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos en materias medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas".
El CGPJ posee la competencia exclusiva en materia de formación continua de los integrantes de la carrera judicial; por su parte, la Fundación Agbar tiene como objetivo, entre otros aspectos, la promoción de acciones sobre sostenibilidad, protección del medio ambiente, igualdad social y crecimiento económico para la mejora de la calidad de vida de las personas. Con este acuerdo, el primero ampliará su función formativa para una mejor interpretación y administración de los derechos y deberes, tanto de ciudadanos como de empresas. Para contribuir este objetivo, la Fundación Agbar pone su conocimiento y experiencia a disposición del Consejo.
El acuerdo adoptado no tiene precedentes en el entorno comunitario europeo y permitirá contribuir a una reflexión jurídica compartida sobre el ejercicio de un derecho como es el acceso al agua y servicios de saneamiento. Aunque este derecho ha sido declarado universal por las Naciones Unidas, dista de estar universalizado. Es por eso que ambas partes coinciden en que la universalización del servicio y el desarrollo jurídico y normativo del derecho de aguas han de avanzar en paralelo.
