El Justicia de Aragón pide a Híjar que atienda una solicitud del Sindicato de Riegos

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  • Fernando García Vicente, Justicia de Aragón.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Ayuntamiento de Híjar (Teruel) que, actuando conforme a Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, atienda una solicitud del Sindicato de Riegos.

Así se lo ha señalado tras recibir una queja el pasado 17 de septiembre del citado Sindicato de la Comunidad de Regantes de Híjar, que había presentado cinco meses antes, el 5 de abril, una solicitud al ayuntamiento de la localidad para recabar su apoyo e impulsar una concentración parcelaria.

Sin embargo, "a pesar del tiempo transcurrido y de haberlo reiterado verbalmente en otras ocasiones", "no ha recibido respuesta, ni tiene noticia que se haya realizado alguna gestión en este sentido".

El Justicia ha recordado, asimismo, al citado consistorio, su deber legal de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones, después de que le se pidiera información el 27 de septiembre y el 8 de noviembre de 2013 y el 20 de enero de 2014, sin ser atendida.

Esto ha supuesto que el Justicia no haya podido instruir el expediente que resulta habitual tras la recepción de las quejas, "habiéndose visto imposibilitado de cumplir correctamente el cometido que le asigna el Estatuto de Autonomía de Aragón" y la ley que lo regula.

Peticiones de los vecinos

La Institución del Justiciazgo ha explicado, sobre las obligaciones de atender las peticiones de los vecinos, que la Constitución obliga a los poderes públicos a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y, entre los derechos fundamentales, figura el derecho de petición individual y colectiva.

Asimismo, menciona la Ley Orgánica del Derecho de Petición, que cumple el Sindicato de Riegos al solicitar un pronunciamiento municipal de apoyo a su proyecto de concentración parcelaria y que se ha formalizado por escrito.

La falta de contestación del Ayuntamiento de Híjar "incumple" esta ley, "al no dar respuesta a una petición ciudadana que ni siquiera solicitaba una actuación municipal que pudiese generarle mayor gasto o ulteriores problemas, puesto que simplemente se limitaba a pedir su apoyo a un proceso tan importante para el sector agrario como es la concentración parcelaria".

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