(MAGRAMA) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha criticado hoy que la Junta de Andalucía ocultó, durante la etapa en que la que asumió las competencias de gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la deuda contraída con el contratista de las obras de las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado (Huelva), fundamentales para el entorno del Parque de Doñana, uno de los más emblemáticos de la red española.
El Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, trabaja con intensidad para que puedan concluir las obras proyectadas, mediante la subrogación del contrato correspondiente. En este sentido, el Departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha recordado que el retraso en la puesta en marcha de estas depuradoras es un ejemplo de la nefasta gestión de la Junta durante los tres años en los que asumió las competencias sobre la gestión del río Guadalquivir.
Una vez devueltas al Estado las citadas competencias, el Ministerio se vio sorprendido por el elevado número de obras y proyectos sin concluir y en los que ahora trabaja para recuperar este tiempo perdido. En concreto, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han contabilizado 159 expedientes con información sesgada y de los que se ocultan deudas contraídas con los contratistas.
Así, en las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado, el Ministerio ha tenido que recabar datos sobre las obras directamente al contratista, ya que la información facilitada por la Junta estaba incompleta. Como resultado de este trabajo, ha confirmado que el Ministerio rechaza asumir el pago de 2 millones de euros que se deben al contratista, correspondientes a un modificado que la empresa sí ha ejecutado. La citada deuda es la que ha paralizado completamente la conclusión de estas obras.
En la actualidad, el Ministerio sigue de manera pormenorizada la evolución de las afecciones provocadas por el retraso de la puesta en funcionamiento de estas depuradoras en el entorno de Doñana, en donde se ha detectado la presencia de aguas residuales urbanas, pero que en ningún caso incluyen sustancias tóxicas o nocivas.
El Departamento que dirige Arias Cañete considera que este caso demuestra una vez más que, al recibir las competencias de gestión del Guadalquivir, la Junta solo quiso asumir fondos, pero en ningún caso ha culminado los proyectos previstos. La transferencia de estas competencias de nuevo al Estado tuvo lugar en octubre de 2011 en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, después de que la Administración andaluza las asumiera en 2008.
