Urge una solución al conflicto interprovincial del río Atuel en Argentina

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    Río Atuel (Wikipedia/CC)

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Dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron al Gobierno de Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete las garantías fundamentales de las miles de personas afectadas desde hace seis décadas.

El conflicto entre las provincias de la Pampa y Mendoza data de 1947, cuando el último brazo del río Atuel se secó tras la construcción del embalse El Nihuil, financiada por el Gobierno Nacional. La represa se construyó en Mendoza sin tomar medidas preventivas para evitar el impacto que tuvo en la población de La Pampa, donde una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados perdió la fuente de agua potable y afectó la agricultura, la ganadería y la pesca. 

Además del Gobierno Nacional, los expertos Léo Heller e Hilal Elver exhortaron a los de las provincias de la Pampa y Mendoza a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la interprovincialidad del río y las insta a regular la utilización del agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del río. 

Heller, relator especial sobre agua y saneamiento consideró que ni los Gobiernos provinciales ni el nacional se han comprometido lo suficiente en la búsqueda de una solución adecuada.

“Incluso, se puede constatar que, desde la construcción del embalse, se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la provincia de Mendoza, sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas”, resaltó. 

Por su parte, Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación, expresó grave preocupación por el éxodo de la población en la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel

La falta de agua ha contribuido a la salinización del agua restante, lo que ha provocado escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales así como la degradación del suelo, que tiene efectos negativos en la agricultura 

“Hay que evitar la perpetuación del conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua y a la alimentación a muchos argentinos y hay que recordar que, independientemente de la delegación de esos servicios, la principal obligación de garantizar los derechos humanos para todos es del Estado”, puntualizaron los expertos.

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